El reciente anuncio sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, se ha presentado como un golpe histórico a la criminalidad organizada.
La Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad destacan la detención de militares de alto rango, funcionarios aduanales y empresarios, además de una incautación de más de 69 millones de litros de petrolíferos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Sin embargo, detrás de estas cifras, surge una pregunta crucial: ¿dónde están los miles de millones de pesos generados por este negocio ilícito?
El verdadero combate al crimen organizado no puede medirse sólo por la cantidad de tanques, litros de combustible y vehículos incautados. Para desmantelar estas redes de forma permanente, es imprescindible seguir la ruta del dinero y asestar un golpe financiero que las haga inviables.
Para comprender la urgencia de rastrear el dinero, es necesario dimensionar la magnitud del problema. El huachicol fiscal no es un delito menor; es una vasta economía paralela que drena al país de recursos públicos a una escala asombrosa. Fuentes como PETROIntelligence estiman que las pérdidas para las finanzas públicas por este delito superaron los 177 mil millones de pesos en 2024, equivalentes a casi 485 millones de pesos al día.
Este crimen impacta la capacidad del Estado para financiar servicios básicos. A diferencia del huachicol tradicional (perforación de ductos, con pérdidas para Pemex estimadas en 20 mil millones de pesos en 2024), el huachicol fiscal se ha convertido en un monstruo de proporciones mucho mayores. La infiltración del combustible ilegal es tan profunda que se estima que entre 16% y 27% del consumo anual en México proviene de fuentes ilícitas, según una investigación del diario Financial Times. Otras estimaciones lo elevan a 30 o 40 por ciento.
La investigación de la FGR ha revelado un sistema de corrupción profundamente arraigado. Un testigo clave, el excapitán de corbeta y exdirector de la Aduana de Tampico Alejandro Torres Joaquín, cooperó con la Fiscalía. Torres Joaquín confesó haber recibido sobornos por aproximadamente 24.5 millones de pesos y entregó dos maletas con dinero en efectivo. Sin embargo, el dinero recuperado es sólo una fracción de las ganancias totales.
Las celebraciones por la incautación de millones de litros de combustible y las detenciones no abordan la raíz del problema. La cantidad de dinero en efectivo recuperada es mínima en comparación con los ingresos delictivos. La Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN), del gobierno estadunidense, confirma que el contrabando de petróleo es la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles. Estos grupos utilizan empresas fachada en México y Estados Unidos para lavar el dinero. Mientras la autoridad se centra en los decomisos físicos, las organizaciones ya han movido los fondos a través de intrincadas operaciones bancarias.
La verdadera batalla contra el huachicol fiscal no se libra en los puertos y patios de ferrocarril, sino en los sistemas financieros y las estructuras corporativas que permiten a estas redes prosperar. La capacidad de la autoridad para recuperar el dinero es el indicador real del éxito de su estrategia. El camino hacia la justicia debe estar centrado en la inteligencia financiera. Es necesario ir más allá de los cateos mediáticos y centrarse en congelar cuentas bancarias, incautar propiedades y desmantelar las empresas fachada que actúan como vehículos para el lavado de dinero. ¿Acaso no tienen un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o a qué se dedica éste?
El objetivo no es sólo castigar a los culpables, sino también despojarlos de su riqueza ilícita y restituirla al Estado. Recuperar los miles de millones de pesos robados y reinvertirlos en el bienestar de la sociedad sería la forma más contundente de demostrar que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad genuina. Sólo cuando el gobierno pueda mostrar con claridad dónde está el dinero, podremos afirmar que la justicia ha sido plenamente servida y que el Estado de derecho se está restaurando.
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