La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) han solicitado más de 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, militares, empresarios y exfuncionarios por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que habría operado durante varios años para permitir el contrabando de combustible hacia México.
Entre los señalados se encuentra el exgobernador de Baja California y militante del PAN, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., ligada al decomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, el pasado 7 de julio.
Las órdenes de captura comenzaron a tramitarse desde el 1 de agosto de 2025 ante jueces federales y locales, y algunas ya fueron emitidas. Por motivos de confidencialidad, no todas las detenciones serán anunciadas públicamente. Los casos involucran a personal operativo, subadministradores y administradores de aduanas de todo el país.
Como parte del operativo, se han suspendido agentes aduanales y funcionarios de las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada. En paralelo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, informó este domingo sobre la detención de 14 personas ligadas al contrabando, incluyendo tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios aduanales.
La FGR planea girar nuevas órdenes contra personas morales involucradas en esta red, mientras que agencias de inteligencia nacionales e internacionales han identificado el uso sistemático de documentación falsa para reportar el ingreso de aditivos, cuando en realidad se trataba de combustible ilegal.
Según documentos oficiales, Ingemar, S.A. de C.V. fue fundada en 2018 para actividades inmobiliarias, pero en 2019 modificó su objeto social para ingresar al mercado de hidrocarburos. En 2023, obtuvo un permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. La empresa ha negado su responsabilidad en el contrabando y atribuyó la operación a su comercializadora, Crismón Hidrocarburos y Derivados.
En marzo pasado, se detectó un buque tanque con bandera de Liberia intentando ingresar 50 millones de litros de huachicol en el puerto de Tampico. Días después, dos embarcaciones adicionales fueron descubiertas intentando contrabandear un total de 30 millones de litros más.
Por vía terrestre, el 23 de junio fueron decomisadas 80 pipas y 100 carrotanques en Nuevo Laredo, con aproximadamente 20 millones de litros de combustible.
El aseguramiento de estos cargamentos activó una investigación que llevó a la captura del vicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Farías Laguna, y a la identificación de una red que operaba desde las aduanas y puertos hasta las refinerías.
Desde septiembre de 2020, las 49 aduanas del país están bajo custodia militar. Sin embargo, el huachicol fiscal aumentó, lo que llevó a reforzar los operativos desde abril de 2025, con el apoyo de la Guardia Nacional en seis aduanas del norte del país.
La FGR también investiga a comercializadoras e importadoras, responsables de la distribución del combustible desde los puertos hasta los puntos de venta. Entre 2015 y 2024, la Comisión Reguladora de Energía tramitó 983 solicitudes de permisos para comercialización de hidrocarburos, de los cuales solo 586 siguen vigentes.
Finalmente, el esquema de contrabando ha dejado ganancias multimillonarias para empresas y organizaciones criminales, a través de importaciones simuladas con desechos industriales que en realidad eran cargamentos de gasolina y diésel.
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