Era 1903. Francisco Bulnes, un jurista muy reconocido entonces, escribió que Porfirio Díaz debía reelegirse, por sexta vez, para que “complete su obra”. Más de un siglo después, la semana pasada, la vocera de la Universidad Veracruzana (UV) me dijo que el rector, Martín Aguilar, había solicitado una prórroga de cuatro años para “terminar sus proyectos pendientes”. La referencia porfirista en este proceso de quedarse de manera irregular frente a la UV no es casual. Habla del clima que vive esa comunidad.
La semana pasada, para mi primera columna del caso, entrevisté a la vocera de la UV. Me dijo que el rector “cumplió 65 años en julio”. Días después, Walter Ramírez, reportero de Xalapa, me dijo que ella me mintió. Y él tenía razón. Obtuve el acta de nacimiento y CURP de Aguilar. Nació el 23 de julio de 1958 en Minatitlán, Veracruz. Este dato, también incluido en su currículo, no es menor. Que el rector tenga 67 años confirma que no cumple un requisito básico para liderar la UV: tener 65 años o menos al comenzar su segundo encargo.
Desde 2019, la UV propuso eliminar el requisito de la edad, me dijo Marisol Luna, quien fue más de tres años la abogada general universitaria. El Congreso estatal nunca aprobó la propuesta. En noviembre, Luna renunció. Lo hizo, me dijo, porque Aguilar le ordenó silenciar a otros abogados que lo habían contradicho en temas de presupuesto. Desde entonces, Luna vio cómo Aguilar, especialista en el estudio de movimientos sociales, podía silenciar la crítica. Ahora, otros lo están viviendo.
Pero cada día se suman más voces contra el nuevo periodo de Aguilar. Esta semana, el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, donde el rector es investigador titular, condenó cómo obtuvo la prórroga. Víctor Andrade, académico allí, me dijo que ésta es “ilegal” y que “nos sorprende que se incurra en una decisión antidemocrática que va contra la ley y elude la rendición de cuentas”.
Confirmé que el próximo lunes el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias publicará un comunicado similar, avalado por su comunidad. “Hay un esfuerzo institucional para hacer creer que hay un apoyo generalizado al rector. Eso es falso”, me dijo una investigadora. Ella asegura que ha visto cómo las autoridades condicionan a trabajadores sin contrato de base para no participar en manifestaciones ni firmar desplegados y han amenazado a estudiantes.
“Es una situación fea, precaria”, me dijo otra investigadora. “Muchos académicos nos sentimos agraviados y temerosos de decir lo que está pasando”, me dijo otra. “Los académicos y estudiantes están viviendo amenazas veladas y directas”, me dijo una más.
Después de renunciar como abogada general, Luna aspiraba a la rectoría. “Sé que estoy vigilada. Hay una maquinaria aceitada de intimidación y represión”.
Este viernes, en chats del sindicato de la UV, a los profesores de asignatura les invitaron a “manifestarse voluntariamente” apoyando al rector en una concentración el próximo jueves. Obtuve copias de los chats. Dice que “habrá permisos y toda la universidad se va a movilizar”. Profesores de asignatura me dijeron que su situación laboral es precaria y que asistirán, aunque la prórroga les parece ilegal.
Ahora, los estudiantes están organizándose. Buscan apoyo de otras universidades públicas y han considerado tomar instalaciones e irse a paro, me dijo una de las principales organizadoras. “La respuesta de la Universidad ha sido muy violenta”, me dijo. “Nos están hostigando y reprimiendo”.
Mientras la situación continúa escalando, hay muy poca atención a este caso fuera de la prensa local. Pero el caso importa, más allá de Veracruz, como un antecedente grave para otras universidades y todo el sistema público de educación en México.
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