El martes se cumplirá el primer aniversario del estallido de la violencia en Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones rivales del Cártel de Sinaloa.
El conflicto ha dejado, de acuerdo con datos oficiales, cerca de mil 800 homicidios y un número semejante de desapariciones.
Asimismo, han sido robados alrededor de 3 mil 700 vehículos; entre cinco mil y seis mil empleadores se han dado de baja, y se han perdido unos 20 mil 500 puestos de trabajo.
Como sucede con prácticamente cualquier noticia negativa que enfrenta, el oficialismo ha optado por hablar lo menos posible sobre el tema, como si con su silencio se resolvieran las cosas. Un ejemplo de ello es que la guerra en Sinaloa no fue mencionada en el mensaje del Primer Informe de Gobierno. En el último mes, el conflicto, que a ratos parecía amainar, ha vuelto a cobrar fuerza, afectando directamente a la población civil.
De acuerdo con información del diario El Noroeste, la noche del viernes 29 de agosto un grupo armado atacó el exterior del área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán y mató a personas que esperaban noticias de sus pacientes internados. El hecho ocurrió a las 19:30 horas y dejó como saldo tres personas muertas y cuatro heridas. Para el 31 de agosto, había muerto la cuarta víctima del ataque.
El sábado 30 de agosto se cometieron dos agresiones más, en las que sujetos armados ingresaron en hospitales de la capital estatal para matar pacientes. Poco después de las 14:00 horas fue atacada una clínica privada, en la colonia Centro, donde fue asesinado un joven internado por heridas de bala. De manera simultánea, en el Hospital General de Culiacán, un paciente de 21 años de edad murió al ser atacado por sicarios vestidos de médicos. El miércoles de esta semana, un elemento del Cuerpo de Bomberos de Culiacán fue asesinado en un restaurante de mariscos, justo frente a una caseta de la policía municipal. Se trató de uno más de los ataques que han sufrido los cuerpos de emergencia locales, que han acudido a levantar a personas heridas o han atendido incendios en negocios, provocado por el enfrentamiento de los bandos.
“El gobierno federal y el gobierno estatal ven que a veces hay una baja momentánea de la inseguridad y lo ponen como si fuera algo permanente, pero las cosas están muy mal”, me dijo ayer, en entrevista para Imagen Radio, Martha Reyes Zazueta, presidenta de la Coparmex Sinaloa.
El organismo empresarial está entre los convocantes de la manifestación “Ya basta, queremos paz”, que tendrá lugar el domingo en Culiacán. “Ahora ni en los hospitales podemos estar seguros”, lamenta Martha Reyes. “La delincuencia nos está ganando. Desde que comenzó esto, han pasado por Sinaloa unos 24 mil elementos federales de seguridad, pero algo está pasado que se está recrudeciendo otra vez el conflicto. Acaban de reiniciarse las clases y en muchas escuelas han tenido que suspenderse por las balaceras. Entonces, vivimos con la incertidumbre de qué va a pasar. Y por eso decidimos tomar las calles y exigir que haya paz, porque el gobierno sigue operando como si no pasara nada”.
En efecto, las autoridades están actuando como si no fuera parte del problema, y siguen atribuyendo este año de guerra en Sinaloa primordialmente al secuestro de Ismael El Mayo Zambada, sin asumir responsabilidad alguna.
No exagero. Ayer, en la conferencia matutina en Palacio Nacional se relató que durante la visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, se habló del tema y se le explicó que la violencia en ese estado “tiene que ver con la detención de esta persona” (sic).
Evidentemente, se trata de una simplificación del problema. La violencia en Sinaloa no es un fenómeno reciente y ya estaba bien arraigada. Si bien el secuestro de Zambada agravó la situación, no es el único factor que desencadenó el conflicto. Es como culpar al médico de que el paciente no puede caminar porque debió amputarle el pie gangrenado.
Hartos del conflicto, los sinaloenses van a salir a las calles, otra vez, para demandar que el gobierno haga su trabajo, que cumpla con lo más elemental que se espera de él: garantizar la tranquilidad en el espacio público. Sin excusas.
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