Trump, México, la pharma y el nuevo orden comercial

LOS 90 DÍAS que Palacio Nacional acordó con la Casa Blanca para evitar que México pague aranceles superiores a 25% allanan el camino para acelerar la renegociación del T-MEC, como hemos venido insistiendo.

En esta nueva relación con Estados Unidos, nuestro país deberá olvidarse de cuatro sectores que para Donald Trump son de seguridad nacional: acero, aluminio, cobre y, por supuesto, automóviles.

A los tres primeros, la Oficina de Representación Comercial (USTR), que dirige Jamieson Greer, los blindó con una tarifa de 50% a las exportaciones mexicanas, y el último lo protegió con una de 25 por ciento.

Como parte de las negociaciones que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sostenido con sus pares en Washington, queda claro que Trump no quiere que México crezca en materia automotriz.

De ahí que General Motors, que preside Mary Barra; Ford, que comanda Jim Farley, y Stellantis, que lleva Antonio Filosa, decidieran relocalizar parte de su producción de aquí en la Unión Americana.

Ante ese escenario, ¿qué salidas tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum para mantener una relación comercial estable con Trump, que al mismo tiempo sea benéfica para las inversiones y los empleos?

La respuesta está en sectores que no son sensibles en Estados Unidos y donde tenemos todo para crecer: equipos médicos, metalmecánica, electrónica, semiconductores y, sobre todo, farmacéutica.

Tan sólo en la industria pharma, donde las exportaciones mexicanas a Estados Unidos suman apenas mil millones de dólares al año, podemos saltar a los tres mil millones en los próximos dos años.

El Departamento de Comercio, que encabeza Howard Lutcnick, está urgido de acotar a China rápido, pues la nación que gobierna Xi Jinping les vende ocho mil millones de dólares al año de bienes farmacéuticos.

Estados Unidos importa unos 223 mil millones de dólares anuales del sector pharma, de los que 47 mil millones provienen de Islandia, que en pocos años se ha convertido en un gran proveedor de biosimilares.

Nuestro país, desde la perspectiva de Economía, debería replicar ese fenómeno para quitarle a nuestro socio la carga china en un sector estratégico y prioritario para ellos.

Y repetir esa dinámica en otras industrias que no impliquen competencia “desleal”, según Trump, como la automotriz, acero, aluminio y cobre, como dispositivos médicos y semiconductores.

¿Recursos para invertir? Los hay. El equipo de Ebrard y la Secretaría de Hacienda, que capitanea Édgar Amador, voltean a ver a las afores, donde 20% de los 7.2 billones de pesos que concentran están en fondos establecidos en Nueva York.

Tan sólo Black Rock, el poderoso gestor de fondos que encabeza Larry Fink, tiene cuando menos dos mil millones de dólares amasados.

Entonces, ¿seguiremos lamentándonos de lo que firmamos y de lo que nos beneficiamos hace 31 años y ya no vamos a tener, o damos la vuelta a la hoja y empezamos a construir una nueva relación?

¿QUIÉN ASESORA A la Presidenta en los temas de la relación bilateral con Estados Unidos? La pregunta viene al caso, porque más de uno se sorprendió cuando reveló que uno de los resultados de las conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue que México quiere que extraditen personas “de allá para acá” y que a “nosotros nos interesan casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá”.

De ese tamaño es el hueco que dejó la entrega de 56 narcotraficantes fuera de todo procedimiento legal y que a Palacio Nacional le urge llenar. Sin embargo, especialistas en la materia nos dicen que esa reciprocidad jamás se dará. Tanto las extradiciones y deportaciones de alto nivel en Estados Unidos son procedimientos complejos que son revisados por jueces, de manera que la petición que la jefa del Ejecutivo hizo pública, realmente, implicaría pedir al Departamento de Estado que influya en decisiones que competen en principio a jueces de EU.

Mala obra le hizo quien en aquella mañanera le quiso dar la entrada para que anunciara la detención del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, utilizando la estadía en Estados Unidos de Rafael Zaga, dueño de Telra, y que recibiera cinco mil millones de pesos del Infonavit. Treviño tiene pendiente una solicitud de asilo político, por lo que se antoja difícil que el país del norte sacrifique su reputación de respetar el debido proceso. Y en el caso de Zaga, cuenta con una visa “S”, que es la que se da a los soplones, de manera que no sólo es inextraditable, sino que seguro habrá contado cómo fue perseguido y acusado por el primer piso de la 4T. En diplomacia la forma es fondo, así que si no deportaron a Treviño ni extraditaron a Zaga con la visita de Rubio, lo mejor será que el gobierno mexicano se autoaplique la “Ley Silla” y espere sentado.