La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el decreto que permite la regularización de vehículos de procedencia extranjera será modificado debido a los abusos detectados en su implementación, particularmente en zonas fronterizas donde se concentra la mayor parte de estos trámites.
“Va a tener modificaciones, ya lo va a presentar también el Secretario de Hacienda”, indicó la mandataria, al señalar que los cambios estarán incluidos en el paquete económico que será entregado al Congreso. “Ha habido abusos en esta apertura que se hizo”, agregó.
El actual “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados” fue expedido al inicio del gobierno de Sheinbaum, aunque fue prorrogado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que obligó a mantener activa la política de regularización.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la proliferación de autos chocolate ha afectado la recaudación fiscal, ha dificultado la identificación de importadores y ha favorecido actividades ilícitas como el lavado de dinero, según declaró Guillermo Rosales, director general del organismo.
Estados como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California concentran más de la mitad de los autos regularizados, lo que ha impactado negativamente en las ventas de vehículos nuevos en esas entidades, en contraste con el resto del país.
Desde el 19 de marzo, el gobierno federal tuvo conocimiento de denuncias por contrabando vehicular relacionadas con el agente aduanal Roberto Ruiz Armas, quien posee la patente número 1656. Ruiz Armas ha sido señalado como presunto operador de una red de tráfico ilegal de vehículos en las aduanas de Tecate y Mexicali.
El agente está vinculado a Luis Torres, hermano de Carlos Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ambos fueron señalados por su presunta participación en esquemas ilícitos de importación de mercancías, incluida la introducción de hidrocarburos.
