Luego de su visita a México, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue a Ecuador, cuyo presidente, Daniel Noboa, es uno de los más cercanos mandatarios latinoamericanos a Donald Trump. El tema fue el mismo: Ecuador se ha convertido en uno de los principales refugios y centros de operación del narcotráfico mexicano, con fuertes raíces en Venezuela, no sólo criminales, sino también políticas. Con una diferencia, Noboa sí quiere, y necesita, una fuerte presencia estadunidense, además de apoyo, hasta financiero, para combatir un crimen organizado que penetró en el país de la mano y con todo el apoyo del expresidente Rafael Correa, tan cercano a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, a Morena y a López Obrador.
La historia ya le hemos contado en éste y otros espacios. El conflicto con Noboa comenzó con una acción difícil de justificar: el ingreso de fuerzas policiales a la Embajada de México para detener a Jorge Glas, uno de los hombres más cercanos a Correa, acusado de corrupción y relaciones con el narcotráfico. Fue tan inaceptable violar la inmunidad de la embajada para detenerlo como haberle dado asilo político a un personaje indefendible. Meses después, el gobierno de Ecuador alertó sobre la posibilidad de un atentado en contra de Noboa, realizado por sicarios del crimen organizado, algunos de los cuales serían mexicanos. El gobierno mexicano contestó sin sentido, diciendo que Noboa acusaba a México de organizar un atentado en su contra, lo que a todas luces no era así, pero eso sirvió para enfriar aún más la relación.
Nadie se debería sorprender de la posibilidad de atentados en Ecuador. En los comicios de hace dos años, los primeros que ganó Noboa, fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, un periodista que había sido un férreo opositor a Correa y había denunciado las relaciones del expresidente con las FARC y cómo, a través de éstas, le había abierto el Ecuador a los cárteles colombianos y mexicanos.
Vamos a volver a contar lo que escribimos en el libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico (Aguilar, 2009). Cuando asumió Correa la presidencia de Ecuador en 2007, el Plan Colombia (implementado desde 1999) había desfondado a las FARC, al ELN y a los grupos del narcotráfico. Con base en los documentos encontrados en el campamento del comandante de las FARC, Raúl Reyes, que se había asentado dentro de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia y que fue abatido en un ataque de grupos de élite del ejército colombiano, se comprobaron ampliamente las relaciones de ese grupo armado (íntimamente relacionado con el narcotráfico) con el gobierno de Correa.
Allí están documentadas las reuniones de funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro coordinador de la Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, con el propio Reyes, y los compromisos adquiridos, que incluían dejar que en toda la zona fronteriza ecuatoriana actuaran libremente, con autoridades afines, los integrantes de las FARC.
Éstas tenían, desde años atrás, relación con los grupos criminales en México a través de un importante comandante de las FARC, apodado el Mono Jojoy, con los Arellano Félix. Cuando fueron aniquilados los hermanos Arellano, pasaron a relacionarse con el Cártel de Sinaloa, que ya tenía como proveedor de cocaína a distintas organizaciones criminales colombianas.
Fue a través de ese acuerdo con Correa como entró el Cártel de Sinaloa en Ecuador en 2009. La idea original era tener en Ecuador, ante la presión que se vivía en Colombia, una base desde dónde enviar cocaína a México. El Cártel de Sinaloa comenzó a establecer relaciones con bandas locales y funcionarios ecuatorianos, al mismo tiempo que se apropiaban de espacios cada vez mayores.
El gobierno de Correa terminó en 2017 con la elección de uno de sus operadores, Lenin Moreno, que rompió con Correa, pero mantuvo la misma política de extrema laxitud con el crimen organizado. Fue cuando entró en escena en Ecuador el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya tenía presencia en Colombia desde los tiempos en que eran operadores de Ignacio Nacho Coronel, relacionados con el ELN colombiano.
La caída del gobierno de Lenin Moreno encontró a esas organizaciones y sus filiales locales enfrentadas radicalmente en todos los frentes. Los asesinatos aumentaron 200 por ciento luego de la llegada de Guillermo Lasso al poder. Las fuerzas de seguridad, sobre todo las policías, estaban profundamente corrompidas y penetradas por los criminales que, además, manejaban desde las cárceles, con toda libertad, sus negocios y su guerra.
La violencia y la virulenta oposición acabaron con el gobierno de Lasso, que antes sufrió el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a mano de los cárteles. En ese contexto ganó Noboa las elecciones de 2023, cuando compitió, como este año, contra la correísta Luisa González.
Noboa se equivocó cuando ordenó entrar en la Embajada de México. Pero el gobierno mexicano también al apoyar durante años a Correa y sus sucesores, cómplices de los cárteles en su país, mismos que son manejados por las organizaciones de Sinaloa y Jalisco.
Seguimos con el discurso de la no intervención, pero nos hemos peleado con Bolivia, con Perú, con Ecuador, hemos intervenido abiertamente en los procesos políticos de esos países y en los de Colombia, Argentina, Chile. Noboa es un presidente elegido libre y democráticamente, pero con él no tenemos relaciones, pero sí con los regímenes de Díaz-Canel en Cuba, de los Ortega en Nicaragua o de Nicolás Maduro en Venezuela. Y, además, sobre todo en el caso de Cuba, los financiamos.
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