Entre 2014 y 2018, Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y entonces consejero estatal de Morena en Chiapas, sólo presentó una declaración anual de impuestos, la cual reportó “en ceros”, es decir, sin ingresos que manifestar.
El dato fue documentado por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) dentro de un acuerdo de 247 cuartillas, en el que se concluyó que no existían elementos suficientes para sancionarlo. Según el organismo, esa declaración es la única localizada en la base de datos del SAT, lo que implica que el contribuyente no reportó ingresos superiores a 400 mil pesos en los ejercicios subsecuentes.
En 2015, año en que fue grabado recibiendo sobres con dinero de David León Romero, cercano al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Pío tenía cinco cuentas bancarias, de las cuales cuatro no registraron movimientos y una carecía de estados de cuenta, de acuerdo con información proporcionada por la CNBV al INE.
En 2020, el hermano del exmandatario negó ante el instituto haber recibido dinero de León para apoyar a Morena. Sin embargo, dos años después reconoció en entrevista que los recursos fueron destinados a “gastos menores” del movimiento, como gasolina, y que sí los entregó al partido.
Ante el requerimiento del INE para aclarar estas contradicciones, optó por guardar silencio e invocó su derecho a no autoincriminarse.
Tras la difusión de los videos por Latinus, la FGR abrió una investigación pero la cerró, al concluir que las grabaciones habían sido editadas y no era posible determinar su origen ni contexto.
El INE continuó con las pesquisas, aunque enfrentó obstáculos como la negativa de la FEPADE y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a entregar información vinculada al caso. Finalmente, el Consejo General del instituto resolvió declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador contra Morena, Pío López Obrador y David León.
En su resolución, la Unidad de Fiscalización advirtió que, por los elementos mostrados en los videos, “se podría tratar de un sistema paralelo de financiamiento”, aunque los consejeros reconocieron que no contaban con facultades suficientes para profundizar en las investigaciones.
