Morena y sus aliados consumaron este lunes el control total del Estado mexicano, al asumir el mando en los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este hecho marca el fin de más de tres décadas de alternancia democrática y contrapesos institucionales en el país.
Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, encabezó su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde afirmó que el proyecto de la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que se expande, con reformas constitucionales que incluyen una profunda reestructuración del Poder Judicial.
“La Cuarta Transformación no sólo continúa, sino que se profundiza”, declaró Sheinbaum ante empresarios y funcionarios invitados. Enfatizó que el nuevo régimen pone fin al “nepotismo, corrupción y privilegios”, e inaugura una “nueva era de legalidad y justicia”.
Horas después, el Senado de la República tomó protesta a las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a 869 jueces federales, electos por voto popular el pasado 1 de junio. Con esto se formalizó una de las reformas más polémicas de los últimos años: la elección directa de juzgadores.
La nueva Corte quedó encabezada por Hugo Aguilar, ex funcionario durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde el salón de plenos del máximo tribunal del país, Aguilar ofreció una nueva etapa de “colaboración institucional” con los otros poderes, tras años de confrontación entre la 4T y el Poder Judicial.
“Trabajaremos de la mano en los temas que fortalezcan los derechos y la vida democrática del país”, dijo Aguilar, quien rechazó el calificativo de “Corte del acordeón”, en alusión a las denuncias sobre irregularidades en el proceso de elección de jueces.
El control del Congreso también es total. En la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, de Morena, asumió la presidencia, mientras que Laura Itzel Castillo, también morenista, encabeza el Senado. Ambas cámaras cuentan con una mayoría calificada de la coalición oficialista “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PVEM y PT), lo que les permite modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.
Este dominio legislativo se logró gracias a una controvertida sobrerrepresentación de la coalición oficialista, que, pese a obtener aproximadamente el 54.7% de los votos en las elecciones del 2 de junio, recibió 364 curules en la Cámara de Diputados, es decir, el 73% del total, superando el límite constitucional del 8% de sobrerrepresentación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) validó esta asignación, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión a pesar de las impugnaciones presentadas por partidos opositores como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Las quejas se centraron en la falta de proporcionalidad y en los métodos utilizados para calcular la distribución de escaños.
La presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, fue señalada por críticos como cercana a Morena, al igual que otros magistrados que han emitido resoluciones clave en favor del oficialismo. Aunque el tribunal no tiene una filiación oficial, opositores y analistas han denunciado una “captura institucional” del órgano electoral, similar a la que señalan en el INE.
Durante la sesión solemne del Senado, el panista Ricardo Anaya acusó que la reforma judicial carece de legitimidad, citando la baja participación ciudadana (13% del padrón) en la elección de jueces y la presunta manipulación del proceso mediante “acordeones” y comités de evaluación a modo.
“No tiene legitimidad de origen la autoridad que emana de un proceso fraudulento, plagado de irregularidades”, declaró Anaya, aunque matizó que no se descalifica de forma generalizada a los nuevos jueces.
La reforma judicial ,uno de los pilares del nuevo periodo de gobierno, ha sido criticada por permitir la injerencia política en el Poder Judicial, a través de métodos de elección que favorecen a perfiles cercanos al oficialismo. Esto, advierten organizaciones civiles y analistas, podría comprometer la autonomía judicial.
El modelo adoptado por México comparte similitudes con procesos observados en países como Venezuela, Nicaragua, Hungría y Polonia, donde reformas similares permitieron a los gobiernos en turno concentrar poder, debilitar contrapesos y erosionar la independencia judicial.
En el caso mexicano, la elección de jueces federales mediante voto directo ha sido presentada por el gobierno como una medida de democratización, aunque la baja participación y las denuncias sobre manipulación del proceso han encendido alarmas sobre la calidad de la representación judicial.
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han documentado posibles vínculos entre candidatos electos al Poder Judicial y actores políticos afines a Morena. Por su parte, el gobierno sostiene que se trata de un cambio estructural para acabar con los privilegios del antiguo régimen.
Riesgo de autoritarismo y un futuro incierto
La captura del Poder Judicial y la sobrerrepresentación legislativa colocan a México en un terreno resbaladizo. Especialistas en ciencia política comparan el escenario con procesos vividos en países como Venezuela, Nicaragua, Hungría, Polonia o Turquía, donde el control del judicial fue clave para el debilitamiento de la democracia. En esos contextos, se mantuvo la fachada de elecciones y legalidad, pero se redujeron los contrapesos y se abrió paso a regímenes iliberales.
México no está aún en ese punto, pero la concentración inédita de poder en un solo partido genera preocupación. El discurso de “colaboración institucional” puede convertirse en una fórmula para legitimar un sistema sin frenos ni equilibrios efectivos, donde la oposición se reduce a un papel testimonial.
La consolidación de Morena en los tres poderes plantea interrogantes sobre la calidad de la democracia mexicana. Mientras Sheinbaum asegura que se vive una nueva era de justicia, transparencia y legalidad, opositores y analistas advierten sobre el riesgo de un retroceso democrático.
El país entra así en una etapa inédita: con un oficialismo que controla todo el aparato del Estado y una oposición debilitada que busca sobrevivir en un terreno político adverso. El desenlace dependerá de si los equilibrios institucionales resisten la presión del poder absoluto o si México sigue el camino de otros países que, bajo el argumento de la transformación, terminaron diluyendo su democracia.