Qué semana de ironías para la Cuarta Transformación. Justo cuando la atención pública sigue clavada en los vaivenes de la justicia y la política, un reportaje televisivo del 26 de septiembre ha puesto nuevamente al senador Adán Augusto López Hernández en el ojo del huracán.
La revelación: haber recibido aproximadamente 79 millones de pesos por concepto de “servicios profesionales”, por parte de empresas que fueron contratistas de su gobierno en Tabasco, y no haberlos incluido en su declaración patrimonial.
El senador, en una conferencia de prensa ese mismo día, admitió que la cantidad era, más o menos, precisa, pero negó haberla ocultado. Dijo que esos ingresos millonarios correspondieron a su labor como notario público; que modestamente se considera el “notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco”. Es decir, un trabajo de consultoría legal tan valioso que las empresas, tras concluir su gestión como gobernador, no dudaron en extenderle cheques por sumas que harían sonrojar a cualquier bufete internacional.
Las empresas que le dieron este voto de confianza profesional son GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo.
Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador —quien ha proclamado a Adán como su “hermano”— impulsó una reforma fundamental, precisamente para evitar que los servidores públicos, al terminar su encargo, se fueran a trabajar con empresas que fueron contratistas o reguladas por el gobierno al que sirvieron. La lógica era simple: evitar el conflicto de interés y la puerta giratoria de la corrupción.
Por eso es francamente irónico que el senador López Hernández, uno de los pilares de la 4T y en su momento mano derecha del Ejecutivo y aspirante a sucederlo, parezca no tener problema alguno en recibir 79 millones de pesos de compañías que fueron beneficiadas con recursos públicos durante su mandato en Tabasco. Su defensa es que no fue él quien directamente otorgó los contratos —”no era mi facultad”—, lo que es un juego de palabras notable en el contexto de un gobierno que pregona la austeridad republicana y la honestidad radical.
Pero la cosa no termina ahí. El reportaje también señala una disparidad notable en el pago de impuestos. Aunque el senador asegura que ha vivido en la “normalidad en términos fiscales”, el monto de ISR que habría pagado por esos ingresos está muy lejos de la tasa de 35% para personas físicas en México. Esto hacer levantar cejas y obliga a preguntar: ¿acaso al senador le aplicaron una tasa amistosa en el SAT?
El contraste con el caso de un empresario de televisión es asombroso. El gobierno federal, con la Procuraduría Fiscal a la cabeza, ha mantenido una presión constante sobre él para que salde presuntos adeudos fiscales por decenas de miles de millones de pesos, argumentando la necesidad de que los “grandes” paguen lo justo. Y en medio de esa batalla por la justicia fiscal, aparece el caso de Adán Augusto con una aparente generosidad fiscal por parte de la autoridad.
Y es inevitable que surja la pregunta sobre si habrá tenido algo que ver que su hermana, Rosalinda López Hernández, haya sido jefa de la Administración General de Auditoría Fiscal del SAT durante el sexenio pasado. Durante su gestión, de hecho, se reportó una notable disminución en la detección de empresas fantasma, uno de los mecanismos de evasión más usados.
El senador López Hernández, quien ya enfrentaba el escrutinio público por otros temas, con estas revelaciones no sólo se mantiene en la atención de la opinión pública y se consolida como una espina en el costado del oficialismo, sino que también ofrece un caso de estudio sobre la doble moral en la política mexicana. En la 4T, donde la consigna es “no robar, no mentir, no traicionar”, recibir 79 millones por “servicios profesionales” de empresas contratistas, pagar menos de 35% de ISR y justificarlo con tecnicismos legales, parece ser simplemente parte del servicio a la nación. Qué tiempos tan irónicos.
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