EN EL MUNDO de las grandes ligas legales, cuando una firma comienza a perder socios clave en silencio, el mensaje suele ser más fuerte que cualquier comunicado oficial.
Eso es justo lo que está ocurriendo en Greenberg Traurig México, la firma fundada por Mel Greenberg, Larry J. Hoffman y Robert H. Traurig, que enfrenta una desbandada alarmante de su talento más productivo.
La salida de varios socios líderes en áreas como fusiones y adquisiciones, energía, infraestructura y financiamiento de proyectos, no es casualidad para este bufete.
Lo peor es que se da en un contexto comercial adverso para las empresas por temas arancelarios que empuja la Secretaría de Economía o desafíos en materia de impuestos que impulsa la de Hacienda.
No es una coincidencia que algunos de esos ejecutivos ahora estén asesorando y liderando operaciones millonarias y emblemáticas desde otras firmas o fondos. ¿La razón del éxodo? Varios factores.
Pero, todos apuntan a una misma raíz: la pérdida de rumbo en la gestión local que encabezan desde hace años José Raz Guzmán y Juan Manuel González, acompañada de una preocupante permisividad del liderazgo global.
El caso más representativo y escandaloso es el de cierto abogado de la oficina de México que fue detenido tras un episodio violento en Polanco, con antecedentes de señalamientos por corrupción y tráfico de influencias.
Lejos de marcar distancia, la oficina optó por mantenerlo activo, despachando desde su lugar habitual. De Miami y Nueva York no dijeron nada. Y eso dijo todo. Pero, el deterioro no es sólo ético.
También es operativo: los que siguen ahí dentro, con cierta pena, admiten que la firma implementa estructuras internas de cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social muy cuestionables, mientras que ha desarrollado un entorno con incentivos torcidos, decisiones unilaterales y una cultura que privilegia lealtades personales por encima del rendimiento o la visión institucional.
Por ello, no sorprende que la firma que a nivel global preside Brian L. Duffy esté enfrentando demandas que han derivado hasta en el embargo de cuentas bancarias.
Desde afuera varios despachos, se sabe de al menos tres, están buscando pescar talento y algunos ya han tenido éxito, mientras que la administración emplea su tiempo al ciclismo o a jugar golf.
Y desde adentro, el capital humano que queda empieza a hacer sus cuentas.
La firma, que en algún momento pretendía ser sinónimo de solidez transaccional en energía, infraestructura y mercado de capitales, hoy enfrenta el inicio de su peor momento en el mercado mexicano.
El golpe más duro no es que se vayan socios: es que los que se han ido y los que están por salir, cerrarán asuntos muy relevantes desde otras oficinas. Y eso, en este negocio, es peor que una demanda.
AL INTERIOR DE Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, siguen los cambios. La semana pasada se oficializó la salida de Ana Margarita Pérez Miranda de la dirección general de PMI Comercio Internacional, quizás la unidad de negocios más lucrativa de la petrolera del Estado, dado que es la encargada de la comercialización, importación y exportación de petróleo crudo, gas, petroquímicos y otros derivados en los mercados internacionales. Llega a esa área hiperestratégica Adán Enrique García Ramos, quien viene de la jefatura de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda, que comanda Édgar Amador. El otro cambio en ciernes es el de Ángel Cid, quien estaría por dejar la de dirección de Pemex Exploración y Producción, la otra gran unidad de negocios y a la cual, en un movimiento influenciado por el ex director de esa cuasi paraestatal, Octavio Romero, regresó a retomar apenas en mayo como señal del gobierno de Claudia Sheinbaum de profundizar alianzas con privados para romper con la declinación de la producción a través de los nuevos contratos mixtos. Su salida, filtrada también la semana pasada, se inscribiría en movimientos estratégicos de la secretaria de Energía, Luz Elena González, que busca sacudirse la influencia del ingeniero agrónomo Romero Oropeza.
LA CRISIS DEL liderazgo en el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), encabezado por Alejandro Martínez Araiza, es provocada por los números rojos encontrados en la agrupación. El dirigente mantiene su negativa a informar al gobierno de la 4T sobre el patrimonio sindical, valuado en 500 millones de pesos, exigido por las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que dirige Alfredo Domínguez Marrufo, como lo mandata el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo. Ese monto es producto de cuotas sindicales acumuladas entre 2019 y 2025. Martínez Araiza puso de pretexto que no dará a conocer la administración de los dineros sindicales porque se enterarían los cárteles y pondría en peligro a sus delegados. ¿No será que oculta el mal manejo de las finanzas sindicales? Otras cifras que no convencen a los 17 mil trabajadores del SNAC son los daños patrimoniales al sindicato por 394.1 millones de pesos, producto de los siguientes conceptos: desvío de recursos por 13.6 millones de pesos a una fundación, venta del edificio sindical por 10 millones de pesos, pagos por 330 millones de pesos a proveedores sin evidencia de entregables o materialidad, cancelación de 50 facturas por 30 millones de pesos y 10 facturas por 10.5 millones sin que exista constancia del destino de esos fondos. Sobre estas cifras negativas, Martínez Araiza no quiere informar nada, lo cual confirma la opacidad durante su gestión y su comportamiento como líder corrupto, señalan sus detractores.
SALUD DIGNA, QUE dirige Juan Carlos Ordóñez, acaba de obtener la certificación de la afamada Joint Commission International (JCI) para sus 144 clínicas de atención ambulatoria. Se trata de un récord mundial e histórico dentro del sector salud. Salud Digna ofrece estudios de diagnóstico y lentes graduados a precios accesibles. Apunte servicios de laboratorio clínico, ultrasonido, electrocardiograma, mastografía, tomografía, resonancia magnética, densitometría ósea, rayos X, consulta nutricional, papanicolaou y servicios de optometría. Tan sólo en este 2025 la empresa propiedad de Jesús Vizcarra servirá a más de 18 millones de pacientes únicos y otorgará cerca de 30 millones de consultas. JCI, que encabeza Jonathan B. Perlin, es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que se dedica a acreditar y certificar hospitales, clínicas y otras instituciones de salud. Su acreditación es reconocida como la más exigente del ramo y considerada un sello de excelencia.
AL FINAL LA Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Andrea Marván, no impuso ninguna multa ni a Amazon ni a Mercado Libre. La instancia antimonopolios investigó supuestas prácticas desleales de los gigantes tecnológicos de Jeff Bezos y Marcos Galperin en el mercado de comercio electrónico minorista. La resolución del regulador sí identificó barreras conductuales que podrían limitar la movilidad de los vendedores y reducir la rivalidad competitiva en esta industria. En particular, la Cofece observó que Amazon y Mercado Libre no ofrecen suficiente información a los vendedores sobre la manera en que se determina la llamada “oferta destacada”, que es una herramienta fundamental para comercializar exitosamente sus productos. Además, las empresas que lleva aquí Pedro Huerta y David Geisen otorgan mayor visibilidad a los productos de aquellos vendedores que contratan los servicios de logística con la propia plataforma.
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