UNO DE LOS grandes objetivos de la agenda estadounidense hacia México es el desmantelamiento de los facilitadores de actividades ilícitas que afectan directamente su seguridad nacional y sus negocios.
Y dentro de ese universo, la lupa del gobierno de Donald Trump se ha colocado sobre un terreno particularmente sensible: las fuerzas armadas mexicanas, en especial la Marina.
Desde hace meses, altos niveles han sido señalados como parte de la red que, por acción u omisión, permite que se mantengan abiertas brechas de seguridad en puertos, aduanas, aeropuertos y ferrocarriles.
Estas son piezas críticas del comercio binacional, y hoy representan un riesgo compartido que escapa al control civil encabezado por el director de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo.
Las aduanas terrestres y marítimas son administradas por mandos castrenses que reportan directamente al general Ricardo Trevilla o al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Los hallazgos recientes en torno al huachicol fiscal, con funcionarios y empresas implicados en el robo de combustible, no sólo confirman la existencia de esas estructuras delictivas paralelas.
También evidencian que todo ese andamiaje criminal ha llegado a interferir con intereses directos de empresas norteamericanas y, lo más grave, han servido de soporte logístico al crimen organizado.
La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por su implicación en el robo de combustible mostró que la corrupción ya no es un rumor, sino un caso abierto con repercusiones internacionales.
La reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, sirvió para dejar claro que la acción que vimos por parte del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se enmarca en los acuerdos de la visita.
La creación de un grupo de alto nivel para supervisar cinco compromisos: combate a cárteles, seguridad fronteriza, prevención del robo de combustibles, control de flujos financieros ilícitos y cooperación judicial.
Pero la agenda de Washington va más allá, y a esos temas se suman otros dos que hasta ahora no se tocaron de manera abierta: China, Venezuela y Cuba, por un lado, y las remesas, por otro.
La Casa Blanca tiene la necesidad de neutralizar los vínculos del crimen organizado con regímenes que considera adversarios, como los de Xi Jinping, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel.
La otra urgencia es controlar los envíos de dinero de Estados Unidos a México, porque están convencidos que un buen porcentaje de las remesas se utilizan como vehículo de lavado de dinero.
En otras palabras, el foco está en desmantelar toda la estructura que sostiene al crimen organizado, desde los laboratorios de fentanilo hasta las redes políticas, familiares y empresariales que lo blindan.
De ahí que las investigaciones más recientes apunten a familiares en primer grado del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Unos y otros son señalados por las agencias de seguridad estadounidenses como beneficiarios de empresas fachada que se hicieron de contratos estratégicos en puertos, trenes y ahora aeropuertos.
EN UNA DE sus primeras pruebas, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Hugo Aguilar Ortiz, resolverá el próximo miércoles un tema sumamente delicado y del que le hemos venido dando cuenta desde hace tres años. Se trata del litigio de las hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, hijas y sucesoras del fundador de Grupo Alfa, Roberto Garza Sada. Las señoras fueron despojadas a través de siete cartas de instrucción falsas por la friolera de 500 millones de dólares en acciones de ese poderoso grupo industrial, ícono de Monterrey y del país, a finales de los años 90 por la entonces Banca Serfin, hoy Santander, que con truculencias ha intentado evadir una sentencia definitiva que lo condena a restituir ese patrimonio que permitió sustraer y, desde luego, a indemnizar a estas mujeres de la tercera edad.
Pues bien, resulta que después de haber presentado un proyecto contra texto expreso de la Constitución y suspendiendo jurisprudencia firme de 12 precedentes en el mismo sentido de la ya desaparecida Primera Sala, lo cual logró gracias al apoyo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ahora la ministra Loretta Ortiz, en lo que claramente se ve como un albazo o madruguete para sus nuevos pares en la Corte, enlistó para pasado mañana un proyecto para atraer el asunto que se resolvió… ¡hace cuatro años en un Tribunal Colegiado de la Sultana del Norte y que es completamente ilegal que siga vivo y más cuando la SCJN ya resolvió, cuando la presidía Arturo Zaldívar, que no la podía atraer! ¿Logrará Loretta sorprender al resto de sus compañeros tratando de aprovecharse de su inexperiencia con esta bola baja? Hay que recordar que se ha dicho que tan grotesco empuje de la ministra por ayudar al banco de Ana Botín a salirse con la suya y evadir el pago ya juzgado a las hermanas Garza, obedece a que su yerno, Abel Chávez Salinas, fue contratado por Santander por cabildearle y operarle el caso. Veremos si la nueva Corte se presta.
A PROPÓSITO DE la Corte, finalmente se fijó una postura en relación a los diversos impedimentos que formuló Banco Actinver, de Héctor Madero, en contra de tres ministros de la extinta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es Jorge Mario Pardo, Juan Luis González Alcántara Carrancá y la actual, Loreta Ortiz, para evitar la resolución del asunto que Rafael Zaga promovió en contra del banco. La postura fue fulminante: no se va tolerar en esta nueva Corte que sigan las prácticas dilatorias ni argucias legales para detener las decisiones. El proyecto público elaborado por la ministra Lenia Batres, que será discutido en la próxima sesión del 1 de octubre, no solamente impone una multa a Banco Actinver por su conducta tramposa, sino que deja en claro que actuó de mala fe, al promover impedimentos carentes del más mínimo mérito, inventados artificiosamente para evitar que se resolviera el asunto que los condena al pago de más de mil millones de pesos. Lo curioso del caso es que dicha condena obedece precisamente a la mala fe y abuso de Actinver alegada por Zaga como violatoria del deber de buen padre de familia. Con esta postura hay motivos de seria preocupación dentro del banco que dirige Francisco Lira.
LA SECRETARÍA DE Gobernación ha sido clara sobre el combate a la corrupción en el área de Juegos y Sorteos con cero tolerancia, pero con las puertas abiertas para agilizar los trámites en una industria que hoy está en la mira no sólo de las autoridades hacendarias por la alta evasión fiscal que existe, sino también de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense, que comanda Scott Bessent, por su utilización como medio para el blanqueo de capitales proveniente del crimen organizado. La dependencia al mando de Rosa Icela Rodríguez trabaja coordinadamente tanto con el SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino, como con la Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Omar Reyes, para combatir esos ilícitos en el rubro de casinos y juegos de azar. De ahí que haga un llamado a todos los permisionarios a regularizar su situación y fortalecer sus controles para prevenir el lavado de dinero.
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