EN CUMPLIMIENTO A una orden de aprehensión derivada de la Carpeta de Investigación CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/01010/09-2023, fue detenido el empresario Manuel Adonay Vargas Cuevas, señalado por el delito de administración fraudulenta.
De acuerdo con las indagatorias, el imputado, en su calidad de administrador de una sociedad dedicada al giro de gasolineras, habría dispuesto de diversos recursos económicos utilizando conceptos falsos como supuestas “inversiones”.
Sin embargo, las autoridades detectaron que dichos montos fueron desviados a distintas empresas en las que el propio Vargas Cuevas era socio o mantenía intereses directos.
Las investigaciones revelan que el detenido no actuó en solitario, sino en conjunto con sus hijos, quienes habrían fungido como coautores en esquemas similares implementados en múltiples sociedades mercantiles, donde también se le otorgaron facultades de administración. Incluso, la Fiscalía General de la República se encuentra investigando a unos de sus hijos de nombre Adonay Vargas Ramirez. La FGR considera que este patrón constituye un modus operandi: aprovechar la confianza de sus socios para obtener control de las finanzas, distraer fondos bajo justificaciones aparentes y redirigirlos hacia las empresas que están vinculadas a su interés personal.
El empresario fue puesto a disposición del juez de control y, una vez llevada a cabo la audiencia inicial, el señor Manuel Adonay Vargas Cuevas fue vinculado a proceso, además de que en dicha audiencia le fue determinada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, una vez que el juez de control escuchó y tomó en consideración los argumentos y datos de prueba planteados por la Fiscalía.
Empero, actualmente y posterior a un cambio de medida cautelar, el juez de control ordenó que le fuera impuesta la medida cautelar consistente en prisión domiciliaria.
Es importante mencionar que en paralelo, continúan integrándose nuevas denuncias y pruebas que podrían ampliar el número de sociedades afectadas.
Este caso pone de relieve los riesgos que enfrentan las sociedades en México cuando se otorgan amplias facultades de administración sin controles suficientes, dejando en evidencia la importancia de reforzar los mecanismos de vigilancia empresarial.
Por otro lado, ese mismo modus operandi de los señores Manuel Adonay Vargas Cuevas y Radamés Vargas Ramírez fue replicado en Puebla, donde defraudo a Grupo Leo (6 estaciones de servicio), sustrayendo dinero durante el periodo 2020-2024, al utilizar conceptos falsos como supuestas “inversiones”, mediante transferencias a empresas plenamente controladas y propiedad de la Familia Vargas Ramirez.
Pero en el estado de Puebla una vez que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Vargas Ramírez, derivada de la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIR/FIR-II/005706/2024, de manera irregular y por demás suspicaz, después de múltiples retrasos para el inicio de la audiencia, se apersonó el Juez José Guillermo Valdes Luna, juzgador que se incorporó a dicho procedimiento dictando auto de no vinculación a proceso en favor del acusado, cancelando la orden de aprehensión en contra de Vargas Cuevas y acordando que su audiencia pudiera ser vía remota.
Se espera que el próximo 3 de septiembre, fecha en la que se tiene programada la audiencia inicial (1844/2025/Puebla) de Vargas Cuevas, tengan a bien vincularlo a proceso.
AL PRIMER INFORME de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asistieron 57 empresarios. Apunte a Carlos Slim Helú, Blanca Treviño, Gina Diez Barroso, Germán Larrea, Olegario Vázquez Aldir, Angel Mieres, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, Oliver Fernández, Guadalupe Philips, Alejandro Baillères , Maité Ramos, Daniel Servitje, Rogelio Zambrano, Francisco González, Armando Garza Sada, Concepción Miranda, Adrián Sada, Alejandro Soberón, Antonio del Valle Perochena, José Miguel Bejos, Manuel Arroyo, María Elena Gallego, Héctor y Mauricio Sulaimán, Hugo y Raúl Camou, Alejandro Vargas, Tamara Caballero, Ana María Macías, Rodrigo Herrera, Eugenio Madero, Marcos Fastlicht, Manuel Muñozcano, Carlos Slim Domit y Francisco Cervantes, entre otros más. La inquilina de Palacio Nacional afirmó: “México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios, que sean profundamente comprometidos con el futuro de nuestra nación”.
PUES CON LA novedad de que el empresario Eduardo Albor, a quien todo mundo reconoce como el fundador y creador de Dolphin Discovery, acaba de recuperar hostilmente la administración de esa empresa, la compañía operadora de acuarios y delfinarios más grande del mundo. Albor está trenzado desde principios de año en un pleito legal con sus socios estadounidenses, quienes lo acusan de endeudar la compañía con más de 200 millones de dólares. Prudential, que dirige aquí Sofía Belmar, es el principal acreedor. Con el apoyo de Baker McKenzie le quitaron en abril la administración tras efectuar una asamblea en la que le retiraron los poderes y nombraron a Steven Strom. Pero el yucateco hace unos días volvió a apersonarse a las oficinas corporativas acompañado de policías que le facilitó el gobierno de Quintana Roo, que lleva Mara Lezama, para autoinstalarse nuevamente.
OTRO PLEITO QUE aquí le hemos venido contando es el de la Secretaría de Marina, la cual es encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales, y Operadora de Aviación General (OAG), de Estrella Baz y Juan José Simón. Es un contrato de arrendamiento que se firmó con el gobierno del Estado de México, entonces gobernado por Arturo Montiel, y que se ha venido renovando. La última prórroga se suscribió en el sexenio de Felipe Calderón y vencía en abril de 2027, pero los dueños de Servicios Aéreos Estrella (SAE), controladora de OAG, recién lograron de un Tribunal Colegiado Civil de la CDMX una sentencia para extenderlo más. Se trató de una derrota para el almirante Juan José Padilla, director del Aeropuerto Internacional de la CDMX, quien ahora, para presionar a OAG y desalojar a SAE, promovió varias denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero.
MANUEL MARCUÉ DÍAZ concluyó su gestión como titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos de Gobernación desde el 30 de junio de 2023. A partir de ese momento, distintos empresarios del sector relataron la extorsión que ejerció a través de terceros para mantener en operación los más de 400 casinos que existen en el país. Se habla de que este personaje y sus secuaces se despacharon con cantidades superiores a los dos mil 500 millones de pesos durante los meses que estuvieron en la dependencia. Pero espere: su jefe, Adán Augusto López, tiene un problema nuevo, pues todo el esquema bajo el cual operaban, con nombres, lugares y personajes, fueron entregados a Presidencia. Nadie sabe qué sucederá, pero no dude que sólo quede en señalamientos contra Sergio Gil, Amílcar Olán, Marcué Díaz y otros que próximamente saldrán a relucir.
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