EL PAQUETE ECONÓMICO 2026 del gobierno del segundo piso de la 4T incluye aumentos importantes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros, refrescos y botanas.
Aunque el argumento oficial es desincentivar el consumo de productos dañinos, el impacto económico será directo en millones de hogares, especialmente en los sectores de bajos ingresos.
Por ejemplo, el refresco, según la propuesta de la Secretaría de Hacienda, que dirige Édgar Amador, subirá de 1.64 a 3.08 por litro, incluso en sus versiones con edulcorantes no calóricos.
Además, se extiende el gravamen a los edulcorantes bajos o sin calorías, lo que ha generado controversia entre expertos en salud pública que cuestionan a la Secretaría de Salud, de David Kershenobich.
Aunque se presentan como medidas para combatir la obesidad y el tabaquismo, los llamados “impuestos saludables” han mostrado resultados limitados en años anteriores.
El consumo de estos productos se mantiene alto, y no hay certeza de que los recursos recaudados se destinen realmente a programas de salud.
En muchos casos, y el pasado reciente así lo demuestra, han sido desviados a otros rubros, lo que pone en duda la verdadera intención detrás de la medida.
Uno de los puntos más polémicos es el intento de gravar bebidas con edulcorantes bajos o sin calorías, lo que alertó a la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), que encabeza Andrés Massieu Fernández.
Estos ingredientes han sido avalados por organismos como la Organización Mundial de la Salud, que dirige Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Federal Drugs Administration, que dirige Martin Makary, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que preside Armida Zúñiga.
La evidencia científica demuestra que son seguros, no elevan la glucosa ni afectan la microbiota intestinal, y ayudan a reducir el consumo de azúcar y calorías.
En personas con sobrepeso o diabetes, su uso ha mostrado beneficios en el control de peso y metabolismo; además, los edulcorantes no están presentes únicamente en refrescos light.
Forman parte de una amplia gama de productos de consumo cotidiano como yogures, leches saborizadas, postres, dulces, gelatinas, suplementos alimenticios y medicamentos.
Gravar estos productos contradice la lógica de promover alternativas más saludables.
En un país donde millones de personas enfrentan dificultades para acceder a alimentos frescos y nutritivos, las botanas y bebidas azucaradas no son un lujo, sino una opción accesible.
Penalizar su consumo sin ofrecer alternativas reales profundiza la desigualdad alimentaria y castiga a quienes menos tienen.
México necesita una política de salud pública integral, que combine educación nutricional, acceso a alimentos saludables y fortalecimiento del sistema médico.
Medidas aisladas como el aumento al IEPS pueden generar ingresos, pero no garantizan mejoras en la salud de la población.
Si el objetivo es cuidar la salud de los mexicanos, la Secretaría de Salud que comanda el doctor David Kershenobich debe demostrarlo con acciones concretas.
De lo contrario, estaremos frente a una estrategia recaudatoria disfrazada de política sanitaria, que no mejora la salud, pero sí agrava la pobreza.
AEROMÉXICO Y DELTA, que dirigen Andrés Conesa y Ed Bastian, respectivamente, enfrentan un nuevo reto tras la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de retirar la inmunidad antimonopolio a su alianza. El DOT argumenta que acciones del gobierno en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la reasignación de slots en el Aeropuerto Internacional de la CDMX y restricciones a vuelos de carga que han distorsionado la competencia, llevaron a tomar esa determinación. Aunque los acuerdos de código compartido y programas de lealtad seguirán vigentes, la coordinación operativa se verá limitada, afectando hasta 31 rutas y reduciendo capacidad en otras 10. Esta alianza, que ha transportado más de 45 millones de pasajeros desde 2017, podría perder eficiencia y conectividad. Aeroméxico lamentó esa decisión porque dijo que pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores mexicanos. Pero enfatizó que la medida no afectará a los clientes. “Los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta seguirán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros continuarán disfrutando de la red de conectividad de ambas aerolíneas”.
¿RECUERDA QUE EN mayo del año pasado BanFeliz, de los regios Fernando García Sada y Sergio Elizondo Muñoz, anunció con bombo y platillo la compra de Banco Forjadores? Pues resulta que la operación no salió como presumían. A la fecha, BanFeliz se disputa la compra del banco frente al holding peruano Grupo ACP, los anteriores dueños, y el pago de la segunda mitad del precio que pactaron. El caso ya escaló a un arbitraje internacional. Los andinos reclaman que apenas recibieron la primera mitad del precio. No descartan pedir la rescisión del contrato y la devolución de las acciones a ACP. Y es que a BanFeliz le llueve sobre mojado. Se trata del mismo grupo al que pertenece la financiera Préstamo Feliz, actualmente en concurso mercantil, la cual ha fallado en sus obligaciones con inversionistas y acreedores internacionales por más de 300 millones de dólares. Así, pues, lo que hace un año vendían como una estrategia maestra en la banca de microfinanzas parece ser una llamarada de petate.
ESTE MES DEBÍAN estar concluidos los trabajos de demolición de edificios abandonados y en mal estado pertenecientes a Banobras, según licitación pública que contempló recursos por 146 millones de pesos. El banco entregó en noviembre el contrato a Tordec para demoler los inmuebles ubicados en los números 134, 140, 154 y 156 de Avenida Juárez y el número 13 de Paseo de la Reforma. El asunto es que, si se transita por esta última ubicación, el edificio se encuentra todavía en pie, a pesar de que la demolición estaba programada para terminarse a inicios de agosto y el límite para el cierre administrativo establecido en el contrato fue el 2 de septiembre. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer un acuerdo para que el banco que dirige Jorge Mendoza adquiriera los inmuebles del ISSSTE para apoyarlo con liquidez y deshacerse de bienes, algunos de ellos abandonados desde el sismo del 85. Al respecto, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se buscaría regenerar dichos espacios. Pero la compañía encargada de los trabajos rebasó ya los 254 días que tenía para terminar con la demolición.
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Interesante texto, repleto de talking points del lobby refresquero. Nomás faltó decir que los refrescos curan todo y los hacen con agua de la fuente de la eterna juventud.
“En un país donde millones de personas enfrentan dificultades para acceder a alimentos frescos y nutritivos, las botanas y bebidas azucaradas no son un lujo, sino una opción accesible.” ¿Así o más obvio?