Las “herencias” de los políticos mexicanos

Cuando un político mexicano se ve descubierto y exhibido por su fortuna o por ingresos millonarios que no puede justificar, el inventarse una abuela, un padre o un antepasado rico y generoso que le dejó una “herencia”, siempre fue una de las explicaciones más cínicas y socorridas para intentar explicar una riqueza a todas luces inexplicable. Lo mismo los priistas, que en su momento los panistas y ahora los morenistas, justifican la abundancia y los lujos con los que viven, aduciendo que por ahí les salió un pariente bondadoso que decidió heredarlos con bienes, empresas y hasta cuentas bancarias que explican cómo es que ellos pasaron de una vida sencilla o de medianía, a convertirse en personas financieramente solventes y económicamente pudientes.

Desde la maestra Elba Esther Gordillo, exlideresa del SNTE, quien en 2013 decía haber heredado de su madre, la maestra rural, Zoila Estela Morales, una fortuna que incluía cuatro empresas inmobiliarias con un valor de 185.6 millones de pesos (con una de las cuales, TTS México, la dirigente sindical se compró dos residencias en San Diego California) además de obras de arte como pinturas, esculturas y grabados valuados en 800 mil dólares, hasta casos más recientes como las herencias que su padre, el notario tabasqueño Payambé López, le dejó a su hijo, el senador morenista Adán Augusto López en negocios ganaderos, empresas y su misma notaría, los políticos de México siempre han utilizado las “herencias familiares” para justificar su riqueza.

A diferencia de los empresarios mexicanos más ricos, que en muchos casos sí provienen de familias empresariales ricas y pueden comprobar el origen de sus fortunas, en la política nacional la constante suele ser más bien personajes que no necesariamente tuvieron antepasados acaudalados e incluso llegan a presumir en entrevistas y declaraciones su origen humilde; pero cuando, ya sea a través de investigaciones de la prensa o de filtraciones sobre su riqueza y propiedades salen a la luz, es entonces cuando de pronto les salen parientes ricos que los beneficiaron en sus testamentos y con eso justifican haber pasado de la medianía a la buena vida que da el dinero.

Este último parece ser el caso de la morenista Olga Sosa Ruiz, senadora por Tamaulipas y una de las que fueron operadoras cercanas del empresario huachicolero asesinado, Sergio Carmona Angulo. A la legisladora federal, que llegó a su actual cargo impulsada por el grupo político que financió y auspició con su dinero ilícito Carmona, le han documentado operaciones millonarias en dólares, a través de la casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de Oficina del expresidente López Obrador, las cuales fueron realizadas por su madre y su tía, respectivamente, quienes adquirieron hasta 4 millones de dólares, en el año 2022, justo coincidentes con las fechas de las elecciones para gobernador, alcaldes y Congreso que hubo en ese año en Tamaulipas.

La primera operación la realizó la madre de la senadora Olga Sosa, de nombre, Olga Patricia Ruiz Garza, quien compró 1.5 millones de dólares en la casa de bolsa Vector, el 12 de mayo de 2022,  tres semanas antes de las elecciones tamaulipecas en junio de aquel año. De esa compra hay registro en la Secretaría de Hacienda federal que documentó la adquisición de dólares y el pago con dinero proveniente de una cuenta bancaria a nombre de la madre de la legisladora federal.

La respuesta de la senadora Olga Sosa, cuando salió la primera operación de su madre para adquirir dólares, fue la misma que la de muchos políticos antes que ella: la herencia de su abuelo rico dejada a su madre y a su tía. En un comunicado que emitió con el logotipo del Senado de la República la senadora aseguró que el dinero invertido por sus familiares en la Casa de Bolsa Vector provenía de la venta de acciones heredadas de su abuelo, adquiridas en 1997 y cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Incluso, la senadora en sus primeras respuestas, se mostraba desafiante: “Que le den hasta donde tope”, decía como quien se siente protegida.

Pero ayer la periodista de Tamaulipas, Sofía Pacheco, del portal digital Justicia Gráfica, que publica en Facebook, reveló la existencia de otra operación similar a la de su madre, esta vez por parte de su tía María Lorena Ruiz, quien igual que su hermana, acudió a la Casa Vector, para adquirir 1.5 millones de dólares que pagó también con un cheque nominativo a su nombre por 30 millones 727 mil 500 pesos, el 2 de mayo de 2022, justo un mes antes de la elección tamaulipeca de aquel año. Y no fue la única, la misma tía de la senadora compró minutos después, ese mismo día de mayo del 22, otros 150 mil dólares pagando por ellos 3 millones 72 mil 750 pesos. Es decir, que sumando las tres operaciones de la tía y la madre de Olga Sosa, adquirieron 3.2 millones de dólares en Vector por los que pagaron en total 65 millones de pesos.

Es decir, que al parecer la  “herencia” que según la senadora Sosa está detrás de esas operaciones con las que las dos mujeres ancianas decidieron invertir en dólares, justo en la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, y señalada por el Departamento del Tesoro estadounidense como parte de un esquema de lavado de dinero ilícito para cárteles mexicanos, fue muy generosa o de plano las dos mujeres fueron utilizadas para simular operaciones que tenían que ver con un sistema de blanqueo de recursos provenientes del huachicol que manejaba el que fuera jefe de Olga Sosa, el asesinado Sergio Carmona y sus sucesores Roberto Brown y Roberto Blanco.

Según la periodista tamaulipeca Sofía Pacheco, la compra de dólares por parte de los familiares de la actual senadora podría tratarse de una inversión en el despacho bursátil de Alfonso Romo, señalado por el blanqueo de pasivos, y en el que no se investigaba la procedencia del dinero. “¿Para qué un par de ancianas sin acceso a Estados Unidos querrían cambiar en tres ocasiones la suma de 65 millones de pesos por su equivalente en dólares?”, se pregunta la periodista, y ella misma se responde: “Olga y Lorena Ruiz Garza de forma directa pueden estar inmiscuidas como socias capitalistas de Vector, con inversiones a mediano y largo plazo que pudieron servir para financiar precursores de fentanilo”.

Y es que al final la relación tan cercana que tuvo la senadora Sosa Ruiz con Sergio Carmona genera toda clase de sospechas sobre el origen de los recursos invertidos por sus familiares justo en Vector, que hoy aparece como parte de la estructura que ayudó a blanquear dinero no sólo de cárteles y del huachicol, sino de la élite morenista. Porque hasta ahora no hay una explicación convincente  de la legisladora, que ha dicho que los 65 millones de pesos utilizados por su madre y su tía eran acciones de la corporación Arka Continental, de las familias Fleishman y Grossman, que fueron los primeros dueños de Coca Cola en Tamaulipas y en todo México, cuando es más que conocido en los medios empresariales tamaulipecos que esa familia no aceptaba socios y que siempre se manejó de manera endógena y nunca aceptó inversionistas para mantener el negocio en manos familiares.

Habría que ver los testamentos de la mamá y de la tía, de la senadora, si es que existen, y corroborar quiénes son los beneficiarios. Un tío político de la senadora, Fernando Barrera, es notario en Tamaulipas y es justo el esposo de su tía María Lorena,  la que cambió los grandes montos de pesos a dólares en la Casa Vector y curiosamente si se revisan los testamentos de ambas mujeres, su madre y su tía, la que aparece como beneficiaria es Olga Sosa Ruiz.

Sería tan sencillo como investigar si la madre y la tía de la senadora reportaron en sus declaraciones fiscales ante el SAT los ingresos millonarios que recibieron en pesos y si pagaron por ellos el ISR (aunque fuera del 2% como el que le cobran a los morenistas) antes de que se les ocurriera la idea de cambiarlos a dólares. Porque al final va a resultar que el abuelo de la senadora, ese que heredó acciones a sus hijas, era todo un “lobo financiero” que no solo invertía en empresas exitosas, sino que hacía crecer el patrimonio familiar. A ver si los señores del SAT o de la UIF se dignan echarle un vistazo a la senadora Sosa y a su familia de inversionistas que resultaron todos unos expertos para invertir en dólares. ¿O será que andan muy ocupados auditando sólo a los opositores y críticos del régimen?

NOTAS INDISCRETAS… Tras los episodios del “desvisadero” de políticos morenistas a los que Estados Unidos les está cancelando sus visas y les prohíbe el ingreso a su país, ayer en Zamora, Michoacán, corría fuerte el rumor de que a los hermanos Bibriesca, Manuel y Jorge, ya los alcanzó la ira de Trump y que ambos les habrían sido canceladas sus visas estadounidenses. Los hijos de Martha Sahagún en su momento fueron señalados por hacer negocios relacionados con las aduanas federales y la importación de mercancías de contrabando, además de tener también jugosas concesiones con Pemex durante el sexenio de Vicente Fox. ¿Será que ahora el Departamento de Estado ya no sólo va por morenistas involucrados o vinculados a actividades delictivas y que el espectro ahora también se abre a los panistas?… En el nuevo Poder Judicial se ha emprendido una “limpia” de trabajadores que llevaban años en la estructura judicial y a los que, sin mediar aviso ni explicación, se les está pidiendo su renuncia, sin el menor cuidado de sus derechos humanos y laborales. Además de muchos colaboradores de las ponencias de los ministros a los que se les despidió, ahora también a los directores de las Casas de la Cultura Jurídica del país, en total 35, se les avisó mediante un oficio que por instrucciones del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortíz, su trabajo se terminaba justo este 30 de septiembre. De acuerdo con un memorándum fechado el pasado 22 de septiembre y firmado por José Hernández Hernández, secretario General de la Presidencia de la Corte, los 35 titulares de las mencionadas Casas de la Cultura Jurídica en toda la República perderán sus nombramientos como Directores de Área a partir de hoy 30 de septiembre, y el argumento que les da el funcionario que dice actuar por instrucciones del ministro Aguilar Ortiz, es que “derivado de las necesidades del servicio y por así convenir a los intereses de la institución y sin ninguna responsabilidad para esta”, sus nombramientos quedarán sin efecto a partir de la fecha señalada. Eso sí, después de despedirlos sin ningún tipo de compensación o responsabilidad para la Corte, el secretario de la Presidencia les dice: “Aprovecho para hacerles un reconocimiento por los servicios prestados a esta Suprema Corte de Justicia”. No, pues parece que más que una reforma o una mejoría, lo que querían hacer los morenistas y la presidenta Sheinbaum era una limpia de trabajadores, a los que decían que no iba a afectar, para meter ahora a sus cuates a los que no les piden experiencia en temas judiciales, pero eso sí, un 90% de lealtad… Los dados repiten Escalera. Bien comienza la semana.