La visita a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, ocurre en un momento de gran presión para el gobierno de Claudia Sheinbaum. No es casual que su primer viaje internacional lo realice a la Ciudad de México. El gobierno de Donald Trump busca presionar, y a la vez vestirlo como “colaboración”, para que nuestro país siga con mayor rigor la ruta del dinero (el “follow the money”, como dicen en EU) de los criminales tradicionales y los de cuello blanco: políticos.
El contexto no podría ser más explosivo. El mediático retorno a México del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, señalado por sus nexos con grupos delictivos; el escándalo del huachicol fiscal que salpica a mandos de la Marina; y el más reciente golpe de FinCEN, que puso bajo la lupa a tres instituciones financieras mexicanas —CI Banco, Intercam y Vector— por presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En este contexto, el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de realizar bloqueos administrativos a 22 objetivos identificados por la OFAC —siete personas físicas y quince morales— es apenas el primer golpe de una agenda más amplia. La coordinación entre Hacienda y el Departamento del Tesoro manda un mensaje inequívoco de que la cooperación antilavado ya no será retórica, sino un requisito para sostener la relación bilateral. Aunque el comunicado oficial de la UIF subraya que se trata de medidas preventivas y no judiciales, basta con que los nombres estén en listas internacionales para que las puertas del sistema financiero mexicano se cierren de inmediato.
Hurley, que tiene funciones equivalentes a las de la UIF mexicana pero con un poder mucho mayor, llega con una encomienda directa de la Casa Blanca, que es la de cortar de raíz los accesos de los cárteles al sistema financiero estadounidense y exhibir las fallas de México en esa materia. Su agenda incluye reuniones con funcionarios de alto nivel y con representantes de la banca, fintechs y aseguradoras. Los temas de mayor tensión incluyen estrategias contra el financiamiento ilícito, combate al tráfico de drogas, operaciones de los cárteles y los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos. En palabras del propio Hurley, “el Cártel de Sinaloa sigue traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, lo que lo convierte en una “organización terrorista extranjera” que Estados Unidos no piensa tolerar.
El comunicado del Tesoro detalla, además, un encuentro clave con la Asociación de Bancos de México, tal cual lo hicieron en el pasado los altos funcionarios del Tesoro y el FinCEN previo a tomar medidas contra las instituciones mexicanas. Allí, Hurley pidió reforzar el cumplimiento normativo y utilizar mejor las alertas públicas que Estados Unidos emite de forma periódica para identificar riesgos de lavado. No se trata solo de sanciones y designaciones, el mensaje fue directo a los banqueros mexicanos, quienes deben cerrar los huecos regulatorios que todavía permiten que los cárteles y sus prestanombres se filtren en el sistema financiero. Hurley reconoció la cooperación de México, pero dejó claro que el sector privado es corresponsable y puede enfrentar consecuencias si no se alinea a los estándares internacionales.
En México, la UIF acaba de cambiar de titular, al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medio de dudas sobre la capacidad técnica de sus nuevos jefes. La salida de Pablo Gómez, un político sin formación en finanzas ni en inteligencia, marcó el fin de una etapa en la que se desperdiciaron años valiosos para fortalecer la unidad. Su gestión se centró más en confrontaciones públicas y denuncias mediáticas que en expedientes sólidos. Fue, en buena medida, una salida forzada por la presión estadounidense.
La visita de Hurley es un parteaguas en la supervisión internacional de México. Con el FinCEN exhibiendo a bancos nacionales, con la OFAC designando a decenas de individuos y empresas, y con el Tesoro hablando directamente con los banqueros de la ABM, la administración Sheinbaum enfrenta su primera gran prueba en materia de seguridad financiera. El reto es blindar al sistema bancario, dar confianza a los inversionistas y, al mismo tiempo, mantener un mínimo margen de soberanía frente a la embestida de Estados Unidos.
El gobierno de Sheinbaum recibe este vendaval en un momento en que busca mostrar estabilidad macroeconómica y confianza a los mercados. Sin embargo, la presión por limpiar el sistema financiero puede destapar cloacas políticas y corporativas. ¿Hasta dónde llegará el “follow the money”? Esa es la verdadera pregunta.
Posdata 1
La reunión de ayer de Claudia Sheinbaum con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, abrió una nueva etapa en la diplomacia económica regional. Una que le da a México la posibilidad de hacer músculo para contrarrestar los embates de Estados Unidos.
Ambos acordaron un Plan de Acción bilateral que busca blindar el TMEC frente a la revisión que se avecina. El acuerdo incluye cooperación en seguridad fronteriza, combate al crimen organizado y a la trata de personas, así como compromisos para mantener las visas agrícolas para trabajadores mexicanos, impulsar la innovación, atender el cambio climático y reforzar los lazos educativos y culturales. Canadá incluso comprometió 9.9 millones de dólares para programas de integración de migrantes y proyectos contra el fentanilo, una señal de que el debate comercial vendrá acompañado de exigencias en seguridad y salud pública.
El movimiento se da en paralelo al arranque de las consultas formales entre México, Estados Unidos y Canadá para evaluar el desempeño del TMEC de cara a su revisión en 2026. El gobierno mexicano abrió un periodo de 60 días para recibir comentarios de los sectores productivos, en un ejercicio que busca recoger propuestas pero que, en los hechos, servirá para anticipar las presiones que llegarán de Washington y Ottawa. Los puntos de fricción son las reglas de origen en la industria automotriz, subsidios energéticos, estándares laborales, compromisos ambientales y la creciente dependencia de insumos farmacéuticos importados.
Así que más que un gesto diplomático, la visita de Carney es un intento de México por construir un frente con su socio del norte ante la dureza que se espera de Donald Trump en la renegociación. Falta ver si esa alianza se traduce en resultados concretos y en una defensa coordinada, o si cada país terminará cuidando sus propios intereses cuando la presión arrecie.
Posdata 2
Ya está en México Hernán Bermúdez. Llegó ayer al aeropuerto de Toluca, tras un viaje de casi 30 horas desde Paraguay, pasando por Bogotá y con escala en Tapachula. Fue llevado al penal del Altiplano bajo un fuerte operativo de seguridad.
Mientras tanto, Adán Augusto López, el senador de Morena y exgobernador de Tabasco, volvió a la carga con el mismo discurso. “Estoy dispuesto a declarar si las autoridades lo piden”. Asegura que nunca tuvo conocimiento formal de los señalamientos que hoy pesan sobre Bermúdez Requena. También ha desconocido vínculos criminales, y que si alguien tiene pruebas, que las presente, se ufana.
En Morena, algunos le dan “el beneficio de la duda”. La presidenta Claudia Sheinbaum está entre que lo respalda y entre que amenaza con quitarle la red de protección. Pero lo dicho ayer aquí: su destino, más que la prisión o andar a salto de mata, está en Europa. Con todo y el enorme costo político que tendría esa decisión. Al tiempo.
Posdata 3
La regulación de la inteligencia artificial ya llegó al Congreso. Durante una sesión con la Concamin, el diputado Eruviel Ávila desempolvó una iniciativa de reforma constitucional que busca modificar nueve artículos de la Carta Magna para dar reconocimiento jurídico a la IA. El planteamiento es establecer un marco “ético y humanista” que abarque educación, salud, justicia, seguridad y desarrollo económico.
La propuesta abre un debate urgente, pues mientras Europa avanza con la Ley de IA y Estados Unidos explora controles sectoriales, México corre el riesgo de quedar rezagado en la discusión sobre los dilemas éticos y sociales de esta tecnología. Ávila pidió al sector privado sumarse al análisis, aunque por ahora la iniciativa luce más como un primer borrador que como una ruta legislativa clara.
Lo cierto es que la conversación ya está sobre la mesa. La pregunta es si el Congreso tiene la capacidad técnica —y la voluntad política— para diseñar una regulación estratégica, o si la inteligencia artificial terminará imponiéndose en México antes de que exista un marco para encauzarla.
en la esquina superior derecha del navegador.
Excelente columna don Mario !!!
Ojalá la presión política de EU continúe, para eliminar a los carteles del tráfico de drogas !!!