La realidad es tan contundente respecto a la trama de contrabando de combustibles que se puso de manifiesto con la detención de 14 personas, entre ellas, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acompañado por varios de los elementos que estaban bajo sus órdenes, y de su hermano Fernando, el contraalmirante que está actualmente prófugo, que los intentos de contener en la forma y el tiempo las acusaciones que puedan tener repercusiones en funcionarios del sexenio pasado pierden sentido. La palabra traición es muy fuerte, pero lo que hicieron estos altos cargos de la Marina es, ésa sí, una traición a la patria y a su institución.
Lo que sucede es que resulta imposible ocultar tamaño desastre, político, económico, social, donde se lastima a una de las instituciones más prestigiadas del país, como es la Marina Armada de México, sin comprender cómo se fue gestando esta historia.
Comenzó con el sexenio pasado, cuando en enero de 2019, repentinamente el país se quedó sin gasolina, en un desabasto del que se responsabilizó al huachicol, a la extracción ilegal de combustible. En realidad, fue tan notable el desabasto que resulta difícil explicarlo sólo a partir de ese fenómeno. Lo cierto es que se comenzó a importar gasolinas de Estados Unidos, incluso se compró, para trasladarla, toda una flotilla de camiones tanque de los que se hizo responsable el Ejército.
Pero al mismo tiempo se dieron otros fenómenos: las primeras direcciones de aduanas, tanto en el periodo de Ricardo Peralta como en el de Horacio Duarte, fueron carcomidas por la corrupción y buena parte se gestionó a partir del contrabando de combustible, que comenzaron a realizar personajes ligados a su vez a Morena. El caso de Sergio Carmona es prácticamente paradigmático en todo ese proceso, y se apoyó durante un buen tiempo en la complicidad con su hermano Julio, que manejaba la aduana de Reynosa, y de políticos y funcionarios que se beneficiaron de esos negocios en varias partes del país, desde el financiamiento de campañas hasta el enriquecimiento personal. Cuando Sergio fue asesinado en 2021, su hermano huyó a Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido.
Al mismo tiempo comenzaban los rumores, y luego los reportes periodísticos, de que dos sobrinos del almirante Rafael Ojeda, entonces secretario de la Marina, estaban haciendo todo tipo de negocios desde sus cargos en la dependencia y cuando las aduanas quedaron bajo control de la Marina se comenzó a especular sobre su participación en el tráfico de combustible, generado ya desde entonces por un evidente diferencial de precios y costos fiscales, como bien señaló ayer en su columna Sergio Sarmiento: mientras la diferencia de precio de la gasolina en Texas sea de diez pesos respecto a México por las cargas fiscales que la encarecen en nuestro país, siempre habrá un mercado ávido de gasolinas más baratas, y si a eso le sumamos el diferencial adicional que se le puede ganar cambiando la categoría fiscal, poniendo en las órdenes fiscales, por ejemplo, que es aceite (que no paga impuestos) en lugar de gasolina, las ganancias son enormes. A eso se dedicó esta red que ha sido denunciada desde 2022, en donde participaban los dos sobrinos del almirante Ojeda. No sé si hace dos años el almirante se apersonó con el fiscal Gertz Manero para decirle que había “problemas” con algunos elementos. Lo que sí sabemos es que durante un largo periodo de tiempo no se hizo nada al respecto, y que incluso otros elementos de la Marina, que hicieron esas denuncias ante el nuevo secretario Raymundo Morales, terminaron asesinados. El presidente López Obrador no sólo negó que hubiera esa trama de corrupción, sino además de que existiera el delito de huachicol que, según su discurso, ya estaba erradicado, cuando, en los hechos, esas redes criminales importaban ilegalmente entre un tercio y una cuarta parte de las gasolinas que se consumen en el país, generando un negocio que, en la estimación más conservadora, implica unos 180 mil millones de pesos de utilidades.
Que el negocio es añejo, lo demuestra que, antes del decomiso de Tampico y Altamira, se recibieron por lo menos 31 buques con carga de gasolina ilegal y ahí deben contabilizarse también aquellos 290 vagones-tanque de ferrocarril encontrados en Coahuila. Según el actual director de aduanas, Rafael Marín Mollinedo, son más de 50 millones de litros los decomisados en los últimos meses. La demanda diaria de gasolina en el país es de unos 120 millones de litros diarios. Los simples datos demuestran todo lo que aún falta por hacer en ese terreno.
La que sale lastimada es la Marina como institución. Hay quién ha dicho que habría que preservarla, quitándola del foco de atención. Estoy convencido desde hace muchos años que la Marina Armada de México es una de las instituciones más importantes y sólidas del país. También creo que, en el sexenio pasado, el almirante Ojeda, más allá (o más acá) del tema de sus sobrinos, cometió errores delicados: alejarse radicalmente de la Defensa y el Ejército; lastimar sus relaciones de inteligencia con instituciones estadunidenses; perseguir a mandos del sexenio anterior, rompiendo la estructura de mando de ese instituto armado. Las Fuerzas Armadas en nuestro país no son sexenales, no juegan a la política y menos a la sucesión. Hizo bien la presidenta Sheinbaum en designar al almirante Raymundo Morales, de otra generación, para que reconstruyera todo ese andamiaje perdido, una reconstrucción que inevitablemente tenía que pasar, en algún momento, por esta red que comienza, porque apenas se empieza, a ser destruida.
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