Durante la gestión del almirante Rafael Ojeda Durán como secretario se fraguó el ascenso meteórico de dos oficiales que terminaron convertidos en el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción en las fuerzas armadas. Los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna no solo llegaron a posiciones clave en puertos y aduanas; según fuentes internas de la dependencia, lo hicieron con el impulso directo de la familia del propio titular, en particular de su esposa, Sandra Luz Laguna Rivera, cuya influencia protocolaria en el Grupo de Promotoras de Marina habría servido de plataforma para abrirles camino.
Los documentos que circularon entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y el Senado en 2022 y 2023 confirman el procedimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un Acuerdo Presidencial para los ascensos, el almirante Ojeda lo turnó con los extractos de antecedentes de los oficiales a la Secretaría de Gobernación, y ésta lo remitió a la Cámara alta para su ratificación. En noviembre de 2022, el entonces secretario Adán Augusto López envió 87 expedientes al Senado; un año después, Luisa María Alcalde remitió otros 182. En ambos paquetes, de acuerdo con fuentes navales consultadas, se encontraban los nombres de los hermanos Farías Laguna. Es decir, fueron promovidos, ratificados y ascendidos bajo el mando de Ojeda, con el sello de aprobación de la Presidencia y la venia de Gobernación.
El caso se torna más delicado porque la relación de parentesco entre Sandra Luz Laguna Rivera y los Farías no es un secreto: son sus sobrinos directos y, se asegura, el trato era como de hijos. Esa condición, que debió haber sido motivo de excusa o al menos de escrutinio adicional, se convirtió en un trampolín. Fuentes de alto nivel en la propia Marina aseguran que fue ella quien promovió de manera insistente a los hermanos, gestionando reuniones y respaldos, y que éstos “se sirvieron con la cuchara grande” una vez instalados en posiciones estratégicas. La red de huachicol fiscal que encabezaban, según la Fiscalía, movilizó cientos de millones de litros de combustible disfrazados de aditivos lubricantes, con complicidad de aduanas y empresas intermediarias.
La magnitud del desfalco ayuda a explicar la gravedad de este caso. Estimaciones del SAT, de especialistas y de consultoras privadas como PETROIntelligence calculan que el huachicol fiscal cuesta más de 100 mil millones de pesos al año, y que en 2024 el boquete ascendió incluso a 177 mil millones, equivalentes a 485 millones de pesos diarios que no entraron a las arcas públicas. La operación consistía en declarar combustible como si fueran aditivos o aceites lubricantes, en las que los Farías colocaron a sus piezas de confianza en las aduanas para permitir el flujo irregular. El fraude no solo drenó ingresos del IEPS y del IVA, también generó un mercado negro de gasolina y diésel que distorsionó la competencia y alimentó redes criminales.
El escándalo ya alcanzó proporciones internacionales. Buques como el Challenge Procyan o el Torm Agnes fueron parte de la maquinaria que permitió importar combustible bajo falsas declaraciones. Las empresas Ikon Midstream, B-Match, Intanza y Azteca Cone aparecen en los manifiestos de aduanas. Lo más grave es que, según las investigaciones, los Farías colocaron a personas de confianza en puntos clave de inspección y vigilancia, lo que sugiere que usaron sus ascensos no solo para ganar galones, sino para construir un entramado de protección institucional a su negocio.
Ojeda ha intentado deslindarse con declaraciones en las que asegura haber denunciado irregularidades en aduanas. Sin embargo, el peso de la evidencia apunta a que en su círculo más cercano se incubó el nepotismo que permitió la operación de la red. El asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció los movimientos sospechosos en las aduanas, es un recordatorio siniestro de los riesgos que enfrentó cualquiera que osara desafiar esa estructura.
El desenlace político aún está por escribirse. Para el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, que heredó de López Obrador la militarización de áreas sensibles como las aduanas y los puertos, el caso Farías es una prueba de fuego y, así como pasó con gobiernos incipientes como el de Enrique Peña Nieto, la crisis, si no se trata adecuadamente, puede comenzar a cobrar facturas cada vez más altas.
Desde el gobierno se asegura que los responsables serán castigados “caiga quien caiga”. Pero la línea de investigación que apunta a Sandra Luz Laguna Rivera como la verdadera promotora de los Farías todavía no ha salido a la “luz” pública. De confirmarse, sería un golpe devastador para la imagen de la Marina, para el exsecretario Ojeda y para toda la 4T.
Posdata 1
Cómo estarán las cosas en Sinaloa, que hasta la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya sufrió un ataque armado contra la camioneta en que viajaba. El episodio se da justo cuando se cumple un año de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, una disputa que ha dejado más de mil 850 asesinados y casi dos mil desaparecidos, además de decenas de policías caídos y comunidades enteras desplazadas por la violencia.
Rocha insiste en que “pueden seguir presentándose eventos de violencia”, como si los ataques fueran meras eventualidades y no un estado de sitio prolongado. Antes había minimizado que se etiquetara a los cárteles como grupos terroristas, advirtiendo que “cada quien haga los nombramientos que quiera”, y hace poco se limitó a felicitar a quienes marcharon por la paz, un gesto que sonó más a resignación que a liderazgo.
En paralelo, las llamadas narcopapeletas que circularon en Culiacán lo señalan por corrupción y nepotismo, algo que el propio gobernador niega, pero que crece en el imaginario colectivo. Entre bloqueos, ejecuciones y ataques en centros de rehabilitación, la realidad es que la violencia se ha normalizado al grado de alcanzarlo en lo más íntimo: su propia familia.
La guerra interna del narco ha exhibido la fragilidad institucional y el vacío de autoridad, mientras los sinaloenses cuentan muertos y desaparecidos. Rubén Rocha Moya es insostenible.
Posdata 2
En pleno proceso judicial contra Hernán Bermúdez, surgen nuevas revelaciones que salpican a empresarios locales. Según un testigo colaborador, el hotelero Miguel Sánchez Ficachi habría guardado 40 millones de pesos en efectivo para el exsecretario de Seguridad, a quien conocía bien. En 2019, Adán Augusto López inauguró su hotel en Villahermosa y desde ahí presumió la “alianza” entre empresarios tabasqueños y sinaloenses.
El dato es relevante no solo por el monto, sino por la conexión política. Sánchez Ficachi no era un empresario cualquiera, sino parte de ese círculo que se volvió el soporte financiero de Adán y de Bermúdez. Y no es el único. Otro personaje, Jorge Medina, tabasqueño, operador cercano a ambos, ha sido señalado como uno de los que también les “guardan” dinero. Su nombre empieza a sonar en la trama judicial que podría extenderse más allá de Bermúdez.
Todo esto ocurre a propósito de la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta Bermúdez. El expediente se expande como una madeja que podría comprometer no solo a funcionarios, sino también a la red de empresarios que fungieron como prestanombres y resguardadores de recursos. La Fiscalía tiene la oportunidad de probar hasta dónde llega la complicidad entre negocios, política y crimen organizado en Tabasco.
Posdata 3
Lo dicho por el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, este martes desnuda el tamaño del boquete en el sistema de abasto. BioXIntegral Servicios no ha entregado una sola pieza de las que se comprometió; Serral, Ucin, Abastecedora Higiénica de Sonora y Puerta del Sol Capital arrastran rezagos de hasta 88%. En los medicamentos oncológicos, donde cada caja cuenta, los incumplimientos son mayúsculos. Laboratorios Pisa acumula más de 12 millones de piezas pendientes, junto con atrasos de Novaga Infancia, Zurich Pharma y Marox Pharma.
El problema de fondo es que las propias instituciones que requieren los medicamentos han fallado en lo más elemental. Presentar las solicitudes en tiempo y forma, tal cual lo expuse hace unas semanas en este espacio. Y cuando sí lo hacen, los proveedores adjudicados incumplen o retrasan las entregas. El modelo de subasta inversa —diseñado para premiar el precio más bajo— ha terminado por favorecer a empresas sin capacidad real de producción ni de distribución.
Las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias de salud se han convertido en parte del problema. Sus retrasos y omisiones han convertido la consolidación en un círculo vicioso.
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