Me sigue sorprendiendo -o más bien, espantando- la ignorancia de quienes permanecerán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchar que “el problema de la Corte es que es la última instancia de todo” es un retrato fiel de esa falta de comprensión. Pues sí, la Corte es la última instancia en materia judicial. Pero, además, como su nombre lo indica, debiera ser el máximo garante de JUSTICIA.
En otras palabras, mal hacen los ministros en pretender legislar desde ahí. En la SCJN ni se proponen leyes ni se modifican leyes, y mucho menos se debe abrir la puerta a “sancionar de manera inmediata” a medios de comunicación o periodistas. Resulta increíble que, a estas alturas -cuando menos dos años de estar sentadas en el pleno-, las ministras afines al oficialismo aún no tengan claro su papel, atribuciones y responsabilidades.
Aclaremos: el rol de los ministros no es convertirse en vengadores de agravios políticos contra la 4T. Su función es impartir justicia, no defender al presidente ni a los gobernadores ni a ningún funcionario que se sienta incómodo frente a la crítica.
Por eso resulta improcedente y alarmante que desde la Corte se impulse un proyecto para modificar la Ley de Derecho de Réplica con el fin de establecer procesos de sanción inmediatos contra medios. Lo que se busca, en realidad, es una nueva ley mordaza, con consecuencias predecibles y trágicas para la libertad de expresión.
El contexto es ineludible: durante el sexenio pasado fueron asesinados 49 periodistas; en lo que va de éste, ya son siete, según datos de Artículo 19. A esto se suman atentados, amenazas, cierres de medios y el emblemático ataque contra Ciro Gómez Leyva. Frente a lo anterior, ¿qué sanción discute la Corte para quienes cercenan la vida de un periodista o silencian un medio? Ninguna. Su esfuerzo no se dirige a proteger a comunicadores, sino a vigilar y castigar a quienes incomodan al poder.
¿O es que acaso no fue suficiente humillación el caso de la ciudadana obligada a disculparse públicamente todos los días durante un mes ante una diputada de Morena? Ese episodio, grotesco en sí mismo, deja claro hacia dónde se orienta la tentación autoritaria: callar al ciudadano, blindar al funcionario.
Lo que se necesita es que las leyes sean más amplias para proteger a periodistas y medios frente a los abusos de la autoridad, no mecanismos para silenciarlos. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario: un intento por institucionalizar la censura, replicando en lo jurídico la represión política que ya se ejerce en estados como Campeche, donde periodistas han sido acosados y perseguidos por cuestionar actos de corrupción.
El error de los ministros afines al régimen es doble: proponer cambios legislativos que no les corresponden y olvidar un principio elemental: existe una enorme asimetría entre el poder de un funcionario público y el de un ciudadano, sea periodista o no. Y cuando esa balanza se inclina aún más en favor de la autoridad, no solo se pierde la libertad de prensa sino la libertad misma.
De ahí que resulte tan desconcertante escuchar a la ministra Lenia Batres en el programa Largo Aliento de Sabina Berman. Aseguró, con firmeza y seriedad, que si un medio no publica la réplica ante una supuesta mentira, debe existir una “consecuencia muy grande” para forzarlo a hacerlo en el mismo espacio. ¿Se da cuenta de lo que propone?
Un tribunal especializado que obligue a periodistas y medios a revelar sus fuentes, a rectificar bajo amenaza y a callar si no obedecen. Pero la libertad de expresión se sostiene justo en lo contrario: en la protección de las fuentes y en la seguridad de los comunicadores. Lo que la ministra planteó es abrir la puerta a un tribunal de censura con ropaje judicial.
Los planteamientos que empiezan a esbozarse en la nueva Corte son preocupantes en sí mismos. Más preocupante todavía es el silencio cómplice que los rodea. La censura se institucionaliza no solo por decreto, sino también por omisión. Y si desde la SCJN se consuma esta tentación, estaremos frente a la paradoja más perversa: el máximo tribunal de justicia convertido en el verdugo de la libertad.
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