Carlos Loret de Mola reveló esta noche una investigación que vincula al hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con la red de huachicol fiscal más grande detectada en la historia reciente del país. La información fue difundida en su noticiero transmitido por Latinus, en el que presentó documentos y fotografías que apuntan a la relación empresarial entre Alfonso Durazo Chávez y Fernando Farías Laguna, contralmirante prófugo acusado de participar en dicha red de contrabando de combustibles.
Farías Laguna, quien también es sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, figura en registros como socio del empresario sonorense Ramón Ángel Castillo Vázquez, un ganadero identificado como cercano al gobernador Alfonso Durazo Montaño. Según el reportaje, Castillo Vázquez mantiene sociedades tanto con Durazo Chávez como con el contralmirante prófugo a través de varias empresas inmobiliarias y de construcción de astilleros registradas en Sonora.
La investigación de Latinus detalla que la sociedad entre Durazo Chávez y Castillo Vázquez se consolidó desde 2018, justo después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Además, dos funcionarios del actual gabinete sonorense —Fernando Rojo de la Vega y David Soto Alday— también son socios de Durazo Chávez en las empresas señaladas.
La revelación se da en medio del escándalo nacional por el desmantelamiento de una red de huachicol fiscal que, según el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha provocado 2937 casos de contrabando detectados entre octubre de 2024 y junio de 2025. Esta red fue expuesta tras la incautación de un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal en Tamaulipas, y ha derivado en órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, empresarios y militares, incluyendo al vicealmirante Roberto Farías Laguna, hermano del contralmirante prófugo.
La empresa vinculada con Farías Laguna y Castillo Vázquez, fue creada en septiembre de 2024 en Guaymas, Sonora, en el último mes del gobierno de López Obrador. Está dedicada a bienes raíces y construcción de astilleros, y se suma a una compleja red de compañías que han operado durante años en los estados del norte bajo distintos esquemas de supuesta evasión fiscal mediante la importación irregular de hidrocarburos.
La crisis por el huachicol fiscal ha escalado a niveles federales, y este mismo lunes se confirmó el suicidio del capitán Abraham Pérez Ramírez en Altamira, Tamaulipas, también presuntamente vinculado con esta red de contrabando de combustible y que fue encontrado muerto, quien presuntamente se suicidó.
La investigación de Latinus fue presentada apenas unas horas después de que la Agencia Nacional de Aduanas y la FGR solicitaran más de 200 órdenes de aprehensión contra funcionarios y empresarios involucrados en el contrabando de combustible en puertos clave como Matamoros, Reynosa, Ensenada y Tampico.
