Las acciones contra la red de funcionarios públicos que controlaban desde dentro de las oficinas de la Marina y Aduanas el tráfico de combustible, significan sin duda el golpe más importante de seguridad que ha asestado el gobierno federal.
Las revelaciones de Grupo Reforma (6 y 7/09/24) sobre cómo operaba la red, quienes estaban implicados, la manera en que fueron asesinados los funcionarios que denunciaron y/o actuaron contra los ilícitos, define a una auténtica mafia que actuaba con plena impunidad y cuya condensación no se logró de un día para otro ni pudo haber pasado desapercibida para distintas autoridades empezando por los principales responsables de la Secretaría de Marina y Aduanas.
La red y los ilícitos comenzaron en el sexenio pasado. Sin embargo, los casos por los que son castigados según las indagatorias de la FGR, ocurrieron ya en esta administración. Hubo omisión, por decir lo menos, en el sexenio anterior, y ahora hay una decisión quizá catalizada por las presiones estadounidenses aunque de manera fundamental tiene que ver con la forma en que estaba alterado el mercado de combustibles, se agudizaban la violencia y ejecuciones sobre todo por el control del mercado y los territorios de comercio de huachicol, y la manera en que se lubricó la política electoral con el dinero ilícito.
Es inequívoco que altos mandos de la Marina orquestaron el tráfico ilícito de combustible. No era un acto aislado sino el uso del aparato institucional para consumar los delitos. Junto con ello, la jefatura en Aduanas en el sexenio anterior pasó por varias manos pero en el momento de la agudización del huachicol fiscal la responsabilidad fundamental recayó en la Marina y el Ejército. Entonces se dijo que tomaban esas responsabilidades porque eran instituciones y funcionarios incorruptibles, “de primera”.
El discurso oficial habla de que “unos cuantos” mal portados no representan a la institución. Es cierto. El problema es por qué “unos cuantos” pudieron mover a muchos o silenciar a otros más en las mismas instituciones armadas para lograr la impunidad. Si los altos mandos no sabían, mal. Si lo conocían y no actuaron, peor. Le dejaron el encargo a la Presidenta que sí decidió hacerlo.
Estas acciones también pueden recrudecer la violencia al ser desplazados algunos jefes delictivos. Traiciones y ambiciones llevarán a los grupos delincuenciales aliados a los funcionarios de gobierno a intentar no perder terreno y mercado. Eso lo logran con violencia.
El combate al huachicol, el castigo a verdaderos jefes, es un paso crítico para la pacificación de muchas regiones del país.
Un derivado fundamental es la huachipolítica, esa vertiente de promoción de candidatos y sostenimiento de funcionarios a partir del dinero ilícito del tráfico de combustible. En una gran cantidad de entidades y municipios del país, los cargos públicos han sido definidos por huachicoleros con plata y/o plomo.
La huachipolítica modificó el mapa de violencia, de reparto político, de desapariciones y de subordinación de comunidades. Teuchitlán es un botón de muestra de esa trágica realidad.
El combate al huachicoleo y castigo a sus promotores puede significar para la política mucho más que una reforma electoral de revancha y control de poder. Desarticular el huachicoleo, territorial, de ductos y fiscal, liberaría a la política del sometimiento delincuencial. Permitiría en muchos casos elecciones libres, no sujetas al veto, la amenaza o la muerte.
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