Ayer se cumplieron 52 años del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, muerto en un intento de secuestro en Monterrey. Hay dos tipos de impunidades: las que simplemente dejan los crímenes sin castigo alguno, y las que aparentan hacer justicia castigando a algunos responsables, pero jamás tocan a quienes instigaron y permitieron los crímenes, a los famosos autores intelectuales.
Hemos tenido muchos crímenes de este tipo en nuestro país. Queda claro que Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio, pero nunca hemos sabido a ciencia cierta quién o qué lo llevó a cometer ese crimen. Sabemos que Daniel Aguilar Treviño mató a José Francisco Ruiz Massieu y sabemos quién lo contrató (Manuel Muñoz Rocha, desaparecido desde entonces), pero nunca hemos conocido los móviles y los verdaderos responsables de esas muertes.
Uno de esos casos en que la responsabilidad política ha quedado impune es el asesinato de hace 52 años de don Eugenio Garza Sada. Sin embargo, sí sabemos quiénes fueron los responsables de esa muerte: los autores materiales fueron miembros de la Liga 23 de Septiembre, pero el que permitió ese crimen fue el propio Estado mexicano. Lo contamos aquí en otras ocasionesy lo publicamos en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada (Grijalbo, 2006), del que sacamos una edición muy ampliada y actualizada en 2020.
Años atrás, revisando la documentación de la Dirección Federal de Seguridad que había sido trasladada al Archivo General de la Nación, en el antiguo Palacio de Lecumberri, a mediados del gobierno de Vicente Fox, había encontrado los documentos que permitían confirmar que la muerte del presidente de la Cervecería Cuauhtémoc y líder empresarial del llamado grupo Monterrey, ocurrido el 17 de septiembre de 1973 tras un frustrado intento de secuestro por una célula guerrillera, había sido una acción consentida, conocida previamente y realizada con el visto bueno del gobierno en turno, que encabezaba Luis Echeverría.
En el documento de la DFS desclasificado y marcado con el expediente 11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 y 47, se puede leer un detallado informe enviado por el representante de la DFS en Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez, titulado “Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera”. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos.
Allí dice que Manuel Saldaña Quiñonez (alias Leonel), “que fue reclutado, sostiene el documento, como profesional de la guerrilla por Héctor Escamilla Lira (alias Víctor) en septiembre de 1971”, era informante de la DFS. En el documento se describe con pelos y señales lo que ocurría en la “casa número 18, apartamento 5 de Casas Grandes, colonia Narvarte”, donde vivían y se reunían los dirigentes de la organización que con el paso del tiempo se transformó en la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En el documento se relata el contenido de las reuniones y se dice que “aproximadamente el 4 de diciembre (de 1971) efectuaron una junta donde (…) propusieron efectuar el secuestro de una persona que pagara inmediatamente un rescate de varios millones de pesos para comprar más armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios…”.
Se designó a Héctor Escamilla Lira como responsable de la operación. También a un grupo de entre 10 y 12 personas para efectuar el operativo. Todos están identificados en documentos posteriores. En uno de ellos, de febrero del 72, se dice que “el 8 de diciembre del 71, Leonel regresó a Monterrey y supo por boca de Víctor (Escamilla Lira) que los señores Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera, serían las personas que el grupo trataría de secuestrar”.
Escamilla Lira fue detenido mucho más tarde en Culiacán. En su declaración ratificó y amplió el informe confidencial que había recibido la DFS. Dice que se volvió a encontrar con Leonel antes del secuestro y que éste había admitido que había sido detenido y “se había visto obligado denunciar al exponente (o sea a Escamilla) como uno de los participantes” en el comando y que “obtuvo su libertad mediante el compromiso de continuar proporcionando información a la policía”. Escamilla era vigilado, dicen los documentos, por la DFS, pero no fue detenido para que continuara con su plan. En Monterrey, según su testimonio, Escamilla se alojó en la casa de Jesús Piedra Ibarra, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, quien posteriormente sería desaparecido. Escamilla confesó que tenía la responsabilidad de vigilar los movimientos de Garza Sada y de organizar el secuestro. Que él mismo decidió el lugar y la fecha del operativo, pero que unos días antes del mismo fue enviado a Tampico porque la célula en la que participaba consideraba “que ya había sido descubierto por la policía”.
Aunque la célula encargada del secuestro siguió viviendo en sus mismas casas y no se modificó ni la fecha ni la hora ni el lugar del operativo, no fueron detenidos. Siguieron adelante con su plan. Garza Sada y su chofer fueron asesinados cuando se enfrentaron a los secuestradores.
La historia es mucho más amplia, pero confirma que en el intento de secuestro y asesinato hubo participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría, incluso que conocía previamente al detalle lo que ocurriría. No hizo nada. Han pasado 52 años y el caso sigue, en ese sentido, impune. La enorme mayoría de sus protagonistas y responsables ya no están entre nosotros. Es un ejemplo de cómo la mezquindad y la violencia son el huevo de la serpiente que sigue incubándose entre nosotros. Una tentación que está cada día más presente.
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