Un apagón masivo dejó sin electricidad a más de 2 millones de personas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo el pasado 26 de septiembre. De acuerdo con la versión oficial, la causa fue una falla en una línea de transmisión durante trabajos de mantenimiento, lo que provocó la salida de operación de nueve centrales eléctricas en la región.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la interrupción inició a las 14:19 horas, y que el servicio se fue restableciendo gradualmente en ciudades como Mérida, Valladolid, Chetumal, Bacalar y Holbox. Por la noche, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en redes sociales que gran parte del suministro había sido recuperado, y que las plantas de generación se encontraban funcionando con normalidad.
Luz Elena González, secretaria de Energía, detalló que la afectación impactó 2 mil 174 megawatts de generación eléctrica y reiteró que la línea ya había sido restablecida en su totalidad.
Pero mientras la narrativa oficial apostó por una explicación técnica, en redes sociales surgió otra lectura del apagón. Usuarios cuestionaron la versión gubernamental y atribuyeron el evento a causas más estructurales y políticas.
Mario Di Costanzo, exdiputado federal y expresidente de la Condusef, fue uno de los primeros en señalar un posible origen financiero del colapso. Afirmó que la CFE arrastra una deuda de más de 82 mil millones de pesos con sus proveedores, lo que podría haber comprometido el mantenimiento adecuado de la red eléctrica.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la deuda de la empresa pública con contratistas era de 78 mil 500 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2024, con un crecimiento anual del 14.5%. Aunque no hay evidencia directa que vincule este pasivo con la falla específica del 26 de septiembre, la teoría ha cobrado fuerza entre los usuarios.
Otras versiones en redes sociales apuntaron a una supuesta mala priorización del gasto público, señalando que los recursos destinados a obras como el Tren Maya habrían dejado en segundo plano la infraestructura eléctrica. “Apagaron Yucatán para encender el Tren”, ironizó un usuario, acompañado de una caricatura alusiva.
También circularon teorías geopolíticas, que relacionan el apagón con supuestos intereses de Rusia en el sistema energético mexicano. Algunos mencionaron un artículo de la revista Proceso sobre la colaboración energética entre México, Cuba y Rusia. Sin embargo, estas hipótesis carecen de sustento y han sido catalogadas como especulaciones sin evidencia comprobable.
Otros más aludieron a problemas de calidad en el gas utilizado en la región o incluso al robo y desvío de combustible hacia Cuba, como elementos que podrían estar debilitando la capacidad energética nacional. Este argumento se relaciona con incidentes previos en 2025, cuando el uso de gas de mala calidad provocó fallas en plantas generadoras.
Finalmente, las críticas políticas no se hicieron esperar. Algunos usuarios ridiculizaron la narrativa oficial, haciendo referencia a personajes del gobierno como “Madame Zassu” o “el chueco” y acusando al régimen de no cumplir su promesa de evitar apagones.
Aunque la causa oficial sigue siendo una falla técnica durante mantenimiento, la conversación pública ha dejado claro que hay una creciente desconfianza hacia la gestión energética del gobierno.
La teoría de Di Costanzo, respaldada por cifras, ha puesto sobre la mesa el impacto de la deuda en el sistema eléctrico nacional, mientras otras versiones expresan un malestar generalizado por la falta de inversión, transparencia y prevención.
Por ahora, la CFE y la Presidencia insisten en que el servicio ha sido completamente restablecido, pero los cuestionamientos sobre el estado real de la infraestructura eléctrica siguen encendidos.