El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un gran jurado federal en la Corte del Distrito Sur de Illinois emitió acusaciones formales contra 26 presuntos miembros de alto perfil del Cártel de Sinaloa, señalados por tráfico de drogas y lavado de dinero hacia México.
La fiscal general Pamela Bondi calificó el hecho como “un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista”, vinculando al grupo criminal con actos de “narcoterrorismo” contra la nación estadounidense.
Por su parte, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal del distrito, describió al Cártel de Sinaloa como “una organización criminal internacional despiadada” y advirtió que el gobierno federal empleará todas sus herramientas legales para “aplastar sus operaciones y proteger a nuestra comunidad”.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, detalló que la investigación permitió incautar más de 360 kilogramos de fentanilo, 80 de metanfetaminas y 50 de cocaína, y precisó: “No es una operación callejera, sino una red de tráfico que ha inundado el Medio Oeste”.
La investigación forma parte de la operación nacional “Recuperemos América”, implementada durante la administración del expresidente Donald Trump, bajo cuyo mandato el Cártel de Sinaloa fue designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE), lo que endurece las penas relacionadas con narcotráfico y financiamiento al terrorismo.
Durante la última semana, 15 de los acusados fueron detenidos en distintas ciudades de Estados Unidos. Entre los señalados se encuentran Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”), José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”), Ángel Alemán Alatorre-Monge, Leobardo Alcaraz-Ibarra, Miguel Ángel Aramburo Jr., Manuel Buenrostro, Óscar Bryan Castro, Carlos Díaz Jr., Alejandro Flores, Armando Gallardo, Karen L. Gandarillas-Carreño, Roberto J. González Jr., Sabrina Danielle Herrera, Mauro Armando Luna-Rentería y Lucía Viridiana Montano, entre otros.
El resto de los imputados son David Alonso Pereda, Memo Pérez (“Demecia Pérez”), Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras, Miguel Ríos, Richard Ruiz Jr., Evan Sánchez, Julio Villa Morales, José Espino Zavala, Martín Ismael Zúniga-López, Conde Frank y Michael Pennel.
La investigación estuvo a cargo de la oficina de la DEA en St. Louis, con apoyo del IRS, HSI y el Servicio Postal, y es conducida por los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans.
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