No entiendo por qué la presidenta Claudia Sheinbaum, en los casos de denuncias muy graves que tenemos sobre la relación de personajes políticos con el crimen organizado, actúa como una suerte de ministerio público informal, exonerando en la mañanera a quienes tienen esas acusaciones y diciendo, en todos los casos, que no hay pruebas o que se trata de una campaña. Para colmo, en los hechos, aunque en las carpetas de investigación aparecen todos esos nombres y más, la FGR tampoco avanza en las indagatorias.
El caso del senador, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López es casi paradigmático: se puede argumentar que no está formalmente acusado de nada, pero por lo menos tendría que ser investigado formalmente y rendir una declaración que vaya más allá de la típica “nunca supe nada”. Los datos ahí están: desde la acusación del actual gobernador Javier May, hasta los documentos de la Defensa Nacional que muestran una serie de vínculos, actividades ilícitas y operaciones de vigilancia desde 2019, así como investigaciones ordenadas por altos mandos del gobierno federal.
Entre ellos hay informes internos de inteligencia militar y documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que señalan directamente a Bermúdez Requena y otras figuras de la seguridad estatal de Tabasco como operadores de La Barredora. En un reporte de marzo de 2021, se indica de una investigación contra Bermúdez derivando en una carpeta en la SEIDO (Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada). Entre los personajes señalados en los informes figuran además Carlos Tomás Díaz Rodríguez (Lic o Tomasín), identificado como asesor de Bermúdez, y José del Carmen Castillo, comisionado de la Policía Estatal, ambos ligados a las actividades de La Barredora. Los documentos detallan rutas criminales, sobornos y la red de tráfico de hidrocarburos en Tabasco, así como la desaparición de denuncias a través de contactos con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Usted cree que no hay elementos suficientes como para investigar a quien era entonces el gobernador que designó a Bermúdez Requena y que luego siendo secretario de Gobernación accedió a esa información sin que se hiciera nada? ¿Puede creer que Adán no supiera nada?
La Presidenta también exoneró a la expresidenta municipal de Rosarito, Baja California y ahora diputada federal de Morena, Hilda Brown, acusada formalmente por la OFAC y las autoridades estadunidenses de trabajar con El Mayo Zambada, argumentando, una vez más, que aquí no hay pruebas contra ella. La información divulgada por el Departamento del Tesoro obligaría a abrir una investigación urgente. Lo mismo sucedió con la gobernadora Marina del Pilar, a la que le fue retirada la vista, así como a su esposo.
Tampoco ha pasado nada con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el día en que fue capturado El Mayo Zambada. Ha pasado más de un año, y sabemos que Cuén, lo dice la propia FGR, fue asesinado en el lugar donde fue capturado El Mayo. Sabemos que la Fiscalía del estado fraguó un montaje para tratar de demostrar que el exrector de la UAS, y al momento de su asesinato diputado federal, había sido muerto en una gasolinera. No hay nadie encausado ni por el asesinato ni por el montaje, ni siquiera la entonces fiscal del estado fue llamada a declarar.
El exalmirante secretario Rafael Ojeda protegió a sus sobrinos, los promovió, les dio las posiciones desde donde pudieron operar el contrabando de combustibles. Los cables de la Defensa también desde 2021 advierten sobre la corrupción en las aduanas y sobre los personajes que intervienen en ella. Su sucesor el almirante Raymundo Morales el 16 de septiembre, en el desfile militar, insistió en que las investigaciones del caso llegarán a los responsables, “se trate de quien se trate”. ¿No hay que llamar a declarar al almirante Ojeda?
La fiscalía se apresuró a exonerarlo diciendo que hacía dos años había presentado una denuncia verbal sobre “problemas” que había en la Marina, pero no hubo ninguna denuncia formal, muchos menos una investigación ni interna ni de la propia fiscalía. Según la presidenta Sheinbaum la investigación se inició en su gobierno, apenas en marzo pasado. ¿Quién mintió? Los hijos de López Obrador aparecen mencionados en el expediente del caso del contrabando de combustible, pero también son defendidos, lo mismo que el exmandatario, diciendo que todo se trata de una campaña mediática. Pero lo cierto es que ahí aparecen, lo mismo que los empresarios que han impulsado y con los que se presume que han hecho negocio. ¿No deben ser por lo menos llamados a declarar? ¿realmente no saben quién presentó los amparos que los favorecen?
- INSEGURIDAD
Los números son de la última encuesta del Inegi sobre la inseguridad en 2024, el último año de López Obrador: 20% de hogares han tenido, al menos, una víctima de delito. 23 millones de personas sufrieron de por lo menos un delito. 92.3% de los 33 millones de delitos cometidos no se denunciaron ni fueron investigados. Los principales delitos son fraude, extorsión, robo o asalto en la calle o en medio de transporte, y los delitos sexuales. La inseguridad nos cuesta a la sociedad 269 mil millones de pesos al año, un poco más de 6 mil pesos por cada habitante, equivalente a 1.07% del PIB. Súmele un mínimo de 180 mmdp por contrabando de combustible.
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