El gobierno federal ha puesto a competir en la opinión pública el manejo financiero de Pemex en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con el que se dio en el de Andrés Manuel López Obrador.
No me queda claro el propósito de hablar de una “maldita deuda corrupta”, más allá de mantener la narrativa de que todos los males del país tienen su origen en el pasado neoliberal y no asumir responsabilidad alguna sobre lo sucedido en siete años de gobiernos cuatroteístas. Pero ¿qué dicen los datos? Para simplificar, comparemos dos sexenios: el de EPN y el de AMLO.
La pregunta sobre cuál de las dos administraciones dejó a Pemex en mejor posición financiera no tiene respuesta simple. Es un dilema económico que, al ser analizado con números, revela que la empresa no salió bien librada en ninguno de los dos sexenios. Más bien, cada gobierno gestionó una crisis estructural con estrategias distintas: una basada en la reforma de mercado y la otra en el rescate fiscal. Y ambas tuvieron costos significativos.
El sexenio de Peña Nieto se inauguró con la ambiciosa reforma energética de 2013, que buscaba modernizar Pemex a través de la apertura al capital privado. Sin embargo, esta promesa de revitalización se encontró con un entorno global adverso, marcado por la caída de los precios del petróleo a partir de 2014. A pesar de que la empresa logró reducir sus pérdidas respecto de años previos, cerró el sexenio con una pérdida neta consolidada de 148.6 mil millones de pesos en 2018.
En este periodo, la deuda financiera total de Pemex ascendió a 101 mil millones de dólares, y la deuda con proveedores se triplicó, superando los 20 mil millones de dólares al momento de la transición. Los auditores de la época ya advertían de una incertidumbre material de la empresa.
La llegada de López Obrador al poder en 2018 significó un giro de 180 grados. Su gobierno optó por una política de “soberanía y seguridad energética”, enfocada en el rescate de Pemex a través de la inversión pública. A diferencia de la administración anterior, ésta se benefició de un repunte en el precio de la mezcla mexicana, que pasó de 54.09 a 63.80 dólares por barril. El “rescate” se materializó en una inyección de recursos sin precedentes, que ascendió a 2.2 billones de pesos.
A primera vista, el balance podría parecer favorable para la última administración, ya que la deuda financiera en los libros se redujo ligeramente, pasando de 101 mil millones de dólares a 97.3 mil millones de dólares. Sin embargo, éste es un espejismo. El apoyo gubernamental no se ha traducido en un saneamiento de las operaciones de Pemex, que sigue registrando pérdidas y un declive persistente en su producción de hidrocarburos líquidos. El costo de la estrategia de rescate ha sido trasladado a la hacienda pública y, de manera más perniciosa, a los proveedores de la empresa.
El impago a proveedores se ha convertido en una bomba de tiempo. Si bien la deuda ya era un problema en 2018, bajo la gestión de AMLO se disparó a niveles críticos, superando los 430 mil millones de pesos para mediados de 2025. Este pasivo comercial, que actúa como un financiamiento forzado y gratuito, ha asfixiado a miles de pequeñas y medianas empresas.
El contraste fiscal entre ambos periodos es la evidencia más contundente del cambio de rol de Pemex. Mientras que de 2015 a 2018, por cada peso que la empresa recibió del gobierno, aportó 5.7 pesos a las arcas federales, entre 2019 y 2023, por cada peso recibido, sólo aportó 1.4 pesos. La empresa, que solía ser el principal motor fiscal del país, se ha convertido en una de sus mayores cargas financieras.
En conclusión, Pemex no salió bien librado en ninguna de las dos gestiones. Mientras Peña Nieto dejó una empresa vulnerable en un entorno económico difícil, López Obrador la convirtió en un pasivo fiscal masivo. El sexenio de la “soberanía” evitó un colapso de la deuda financiera a corto plazo, pero a costa de crear una crisis de liquidez interna y de trasladar el problema del balance de la empresa al balance del Estado y de la cadena de valor nacional.
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