Birmex va por un nuevo intento para comprar medicamentos para el periodo 2025-2026. El organismo que encabeza Carlos Ulloa busca colocar 2 mil 953 claves, en medio del caos que ha significado la mala coordinación con las principales instituciones de salud del país, como la SSA, el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE.
Este nuevo intento –el tercero desde que en enero pasado la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, canceló el proceso por irregularidades–, es crucial porque ocurre en el contexto de una crisis en el sistema de salud, con licitaciones fallidas, un desabasto crónico y un Presupuesto 2026 que mantiene al sector en estado de precariedad.
En junio pasado se licitaron 575 claves de medicamentos y se asignaron solo 399 (69%). En septiembre se concursaron 280 y se otorgaron 269 (96%), y ahora, en lo que se considera como “la tercera y la vencida”, se planean asignar cerca de 3 mil claves, prácticamente toda la compra consolidada.
El problema de fondo es que las propias instituciones que requieren los medicamentos han fallado en lo más elemental: hacer las solicitudes en tiempo y forma. Y cuando sí se presentan, las empresas adjudicadas suelen incumplir con la entrega o retrasarla. El modelo de subasta inversa, diseñado para privilegiar el precio más bajo, ha terminado por premiar a algunos proveedores sin capacidad real de producción ni distribución. El resultado de este desastre son adjudicaciones que no garantizan el abasto.
Las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias de salud son parte del problema. Sus retrasos y omisiones han convertido la consolidación en un círculo vicioso.
El problema es estructural. Los 130 mil millones de pesos para medicamentos e insumos proyectados para 2025-2026 no solo son responsabilidad de Birmex. La Secretaría de Salud coordina, Birmex ejecuta, y 26 instituciones del sector salud —entre ellas IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Marina, Defensa y los institutos nacionales— solicitan y reciben las medicinas, en una operación colectiva que difumina la responsabilidad. ¿Quién es responsable del desabasto?
El riesgo ahora es que en la nueva licitación se repita la misma historia: que los contratos se asignen al postor más barato, sin capacidad de entrega, y que las dependencias no tengan abasto. O peor aún: que la corrupción en las Unidades de Administración y Finanzas bloqueen a algunos de los ganadores como también ha sucedido.
El telón de fondo es el Paquete Económico 2026. El presupuesto para el sector salud se incrementará 5.9% en términos nominales a 965 mil millones de pesos, un crecimiento marginal que apenas compensa inflación y el aumento poblacional.
En paralelo, el gobierno federal compactará la estructura del sector. La Secretaría de Salud pasará de 27 a 16 programas, el ISSSTE de 29 a 17 y el IMSS de 20 a 16, fusionando o desapareciendo proyectos clave como prevención de obesidad, VIH, diabetes o vigilancia epidemiológica. El discurso oficial es que se creará un superprograma de “Prevención y Control de Enfermedades”, pero en realidad parece un problema de recursos.
El contraste con otras partidas es escandaloso. La pensión para adultos mayores absorberá más de 500 mil millones de pesos en 2026, es decir, la mitad de todo el presupuesto en salud. El costo financiero de la deuda superará los 1.2 billones, una cifra mayor que todo el gasto de salud federal. México gasta más en pagar intereses y en sus programas sociales que en dar una verdadera cobertura de salud.
La OMS recomienda destinar 6% del PIB a salud pública. Con los 965 mil millones, México se queda en torno al 2.5% del PIB, menos de la mitad del estándar. En la OCDE, el promedio es de 8.9% del PIB.
Por todo esto, la próxima compra consolidada será una nueva prueba de fuego de la política de salud. Lo que se juega el 19 de septiembre es la credibilidad de todo un modelo o la confirmación del estrepitoso fracaso en las compras de medicamentos y la cobertura de salud.
Posdata 1
Otro de los temas que más polémica generaron sobre el Paquete Económico 2026 fue el nuevo “impuesto saludable”. La Secretaría de Hacienda calcula que el ajuste al IEPS sobre refrescos, tabaco, videojuegos y apuestas dejará 41 mil millones de pesos adicionales a las arcas públicas. Según Bertha Gómez, subsecretaria de Egresos, esos recursos están etiquetados para salud. La narrativa es que quienes consumen productos “dañinos” financien programas de salud. El riesgo es que el dinero se pierda en la maraña burocrática o en las reasignaciones presupuestarias.
Y justo sobre el tema del desabasto circula un borrador de un programa para garantizar el abasto de 100 medicamentos esenciales, suficientes para cubrir 87% de todas las recetas en el país. Antihipertensivos, hipoglucemiantes, antibióticos y analgésicos básicos que podrían representar la diferencia entre un tratamiento oportuno o una complicación catastrófica como la diálisis.
Así, mientras el gobierno festeja un ingreso adicional que apenas equivale al 4% del presupuesto en salud 2026, el sistema sigue sin asegurar lo elemental; por ejemplo, que el paracetamol, la metformina o la amoxicilina estén disponibles en las farmacias de los hospitales y clínicas públicas.
Posdata 2
El proyecto de presupuesto 2026 también contempla una revisión del Impuesto General de Importación (IGI), lo que significa la aplicación de aranceles estratégicos a países sin tratados comerciales con México.
La propuesta incluye nuevos impuestos a más de mil 400 productos, mayormente importados de países asiáticos sin acuerdos vigentes. Se trata de una estrategia diseñada para reforzar la recaudación —estimada en 70 mil millones de pesos— y al mismo tiempo relanzar la narrativa del “Hecho en México” en sectores clave como el automotriz, el electrónico y el manufacturero.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo resumió así: “los aranceles son un instrumento racional” para corregir déficits crecientes y dar oxígeno a la producción nacional. Pero el trasfondo parece ser más político. La presión de Estados Unidos para contener la ola de importaciones chinas al parecer ha activado a México a responder con una reforma que busca mejores condiciones para la renegociación del TMEC. No es casual que este anuncio llegue apenas días después de la visita de Marco Rubio al país, y a semanas de que el gobierno mexicano lograra una prórroga de 90 días frente a los nuevos aranceles de Trump.
Posdata 3
El sector energético volverá a tocar la puerta del mercado bursátil mexicano. La empresa Esentia Energy Solutions, especializada en infraestructura midstream de petróleo y gas natural –almacenamiento, transporte y soluciones integrales– prepara para octubre una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores.
Se trata de la primera empresa del sector de hidrocarburos en debutar en el mercado de valores mexicano, con una operación mixta que incluirá una oferta primaria en México y colocaciones privadas en Estados Unidos y otros mercados. Detrás están BBVA, Goldman Sachs y Scotiabank como coordinadores globales, con un esquema que contempla hasta un 15% de sobreasignación y que busca captar cientos de millones de dólares para expansión, reducción de pasivos y nuevos proyectos.
El antecedente inmediato es Cox Energy, que en julio de 2020 se convirtió en la primera compañía de energías renovables en listar en la Bolsa Institucional de Valores (Biva). Aquella colocación —por unos 700 millones de pesos— se presentó como el parteaguas del sector eléctrico en el mercado de capitales mexicano. Cinco años después, Cox vuelve a ser noticia al cerrar la compra de los activos de Iberdrola en México por 4 mil 200 millones de dólares, con un portafolio de 15 plantas y más de 12 GW en desarrollo, lo que significó la salida definitiva de la multinacional española del país.
en la esquina superior derecha del navegador.