Las investigaciones encabezadas por Omar García Harfuch en el Gabinete de Seguridad han tenido el enorme acierto de desenmascarar dos operaciones que, al serlo, han puesto al descubierto no sólo el fraude más grande de la historia reciente del país con el robo y el contrabando de gasolinas, sino también el grado de corrupción que se vivió en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que llegó hasta las puertas mismas de la Presidencia de la República.
Si el caso Segalmex trató de ser minimizado todo lo posible, en las tramas de robo y contrabando de combustible eso ha terminado siendo imposible y cada día que pasa se devela un nuevo capítulo, que termina entrelazando, además, esas tramas criminales con las obras paradigmáticas del sexenio pasado, sobre todo con la refinería de Dos Bocas.
Ayer hacía una muy buena pregunta nuestro amigo Pascal Beltrán del Río en su columna diaria: se preguntaba dónde estaba el dinero de estos fraudes multimillonarios. Y es verdad, como decía Dashiell Hammett, para encontrar al verdadero responsable de un crimen hay que seguirle la pista al dinero. Cada día aparecen nuevas complicidades, diferentes tramas criminales, personajes turbios, pero el dinero sigue sin aparecer.
Y las cantidades son monumentales: según fuentes oficiales, por ejemplo, en el negocio del contrabando de combustibles, sólo el año pasado las utilidades deben haber sido cercanas a los 180 mil millones de pesos, unos nueve mil millones de dólares. Para que nos demos una idea de lo que ocupan nueve mil millones de dólares y lo enormemente complejo que es lavarlos, meterlos en el sistema financiero, imaginemos el espacio físico que ocuparían mil millones de dólares en billetes nuevos, recién salidos de imprenta, de 50 dólares. Según ChatGPT, ocupan 22 mil 824 metros cúbicos, multiplicado por nueve estaríamos hablando de 205 mil 416 metros cúbicos, eso significaría cerca de un tercio del estadio Azteca, repleto de dinero, de billetes de 50 dólares nuevos, del piso a su altura máxima.
No se puede lavar tanto dinero en efectivo, pero tampoco se puede hacerlo por sistemas financieros legales sin dejar huellas. Tiene que haber detrás de la trama de contrabando de combustible otra trama, pero de factureros y lavadores de dinero, que necesariamente tiene que haber tenido tolerancia oficial: son cantidades demasiado grandes como para pasar desapercibidas. La falta de control que se puso de manifiesto en los casos de Vector, CIBanco e Intercam, que exhibió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y sobre todo a la Unidad de Inteligencia Financiera, es evidente en este negocio ilegal, a lo que se suma la inoperancia al respecto del SAT.
Insisto, estamos hablando de nueve mil millones de dólares anuales. Muy pocas empresas en el mundo manejan ese nivel de utilidades. En Estados Unidos creen que en esas operaciones de lavado también puede estar relacionada la que llaman la banca clandestina china que tiene un papel relevante en el lavado de dinero del narcotráfico y el tráfico de fentanilo. Ahí se cruzarían, además, intereses de los cárteles con los de la trama de contrabando de combustibles.
La pregunta es legítima: sabemos cada vez más cómo se contrabandeó el combustible, pero nadie sabe dónde quedó la enorme cantidad de dinero que produjo.
En la otra vertiente del huachicol está el caso de La Barredora y su presunto líder (¿de verdad nadie estaba por encima de él?) Hernán Bermúdez Requena. Para alimentar aún más las sospechas sobre todo lo relacionado con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, las autoridades estatales reservaron durante cinco años toda la información respecto a los bienes, las propiedades privadas de Bermúdez Requena, supuestamente para “no entorpecer las investigaciones”.
Son demasiadas cosas: su salida del gobierno del estado, donde no fue de ninguna forma destituido; su fuga antes de que le libraran orden de aprehensión; un insólito viaje de casi dos días desde Paraguay, con largas escalas en Bogotá y sin registro de vuelo durante horas; detenido en el penal del Altiplano varios días antes de rendir declaración y ahora la decisión de que los datos sobre sus propiedades sean secreto de Estado. Nada pinta bien.
También es por lo menos extraño el ataque, según las autoridades un intento de robo, de la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha, en el que resultaron heridos dos de sus custodios. Es difícil creer que un grupo de sicarios intente robar una camioneta oficial, protegida por custodios, casualmente al mismo tiempo en que el Gabinete de Seguridad estaba reunido en Culiacán. Algo similar ocurrió el fin de semana cuando la presidenta Sheinbaum visitó Tabasco: durante la visita hubo enfrentamientos, bloqueos, calles cerradas con ponchallantas. En la política y mucho más cuando se cruza con la seguridad, las casualidades son difíciles de aceptar.
OTRA CASUALIDAD
El 18 de septiembre pasado fue cateado por elementos militares el rancho Los Quintero, en Vega de la Torre, Veracruz, con el objetivo de localizar a Neptali González López, un empresario maderero desaparecido desde julio pasado. El rancho es propiedad de José Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero y jefe del crimen organizado en la región. En el rancho habría sido detenida Gabriela Ortega Molina, presidenta municipal de Colipa por Morena. Estuvo retenida ocho horas. Ninguna autoridad federal ha hecho declaraciones al respecto.
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