Cuando perder casos enseñó demasiado

EN ESTOS TIEMPOS de transformación, la regla es que no hay reglas, y cuando las hay, si no favorecen al dueño del tablero, se cambian. Parece que no bastó con dominar al Poder Judicial de arriba abajo y defenestrar a Norma Piña y su Pleno.

Ahora, el siguiente paso consiste en acotar los límites de defensa frente a violaciones de derechos fundamentales y actos de autoridad.

Y eso es, precisamente, lo que se busca con la más reciente iniciativa de Reforma a la Ley de Amparo, en una propuesta presentada por el Ejecutivo al Senado, y aparentemente diseñada por la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, y el ministro expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar. 

Se busca modificar el juicio de amparo para volverlo, en teoría, más ágil, claro y eficiente. Pero debajo del lenguaje técnico se esconde un recorte quirúrgico a su capacidad de defensa.

Resulta entonces irónico que la exposición de motivos invoque el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que preside Albert R. Ramdin, que obliga a los estados a garantizar un recurso efectivo, sencillo y expedito.

La iniciativa se puede organizar en 11 rubros: regulación del amparo electrónico; limitaciones a la ampliación de la demanda; introducción de una definición del “interés legítimo”; y ajustes al funcionamiento de la suspensión a petición de parte.

Se introducen nuevos supuestos para negar la suspensión, si se considera que contraviene el “interés social” o las “disposiciones de orden público”; léase, por ejemplo, la oposición que hubo a la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya de Andrés Manuel López Obrador.

Se fijan nuevos plazos y términos: 60 días naturales para dictar sentencia después de la audiencia constitucional. Se establece que la falta de voto particular en 10 días no impedirá publicar la sentencia, y se amplían los supuestos para desechar recusaciones de plano.

Finalmente, en materia de cumplimiento de sentencias se abre la puerta a que las autoridades aleguen “imposibilidad jurídica o material” para no obedecer el fallo.

También se ratifica que la suspensión no podrá concederse con efectos generales en amparos contra leyes, y se impone un nuevo candado para evitar suspensiones en casos de prisión preventiva, lo que permitirá, por ejemplo, un mejor accionar de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero.

La iniciativa, en efecto, se divide entre lo que pretende agilizar trámites y lo que recorta libertades. En el primer grupo, sí, se agradece el calendario: un plazo de 60 días para dictar sentencia suena bien.

Pero donde realmente hay novedades es en el recorte de los dientes del juicio de amparo. Basta leer la limitación de suspensiones cuando “contravengan el interés social”, la insistencia en negar efectos generales a las suspensiones contra leyes y la creación de excusas para que las autoridades incumplan sentencias, bajo el pretexto de una “imposibilidad material o jurídica”.

Esta última es la joya de la corona: incluso, después de perder un juicio, las autoridades podrán alegar que no pueden cumplir… porque no pueden. Sin consecuencias reales. Este rediseño legal parece escrito por quienes aprendieron demasiado bien de las veces que perdieron.

¿Que un juez suspendió efectos de la prisión preventiva oficiosa con base en estándares internacionales? Cerramos esa puerta. ¿Que los tribunales ampliaron el alcance de la suspensión para proteger derechos fundamentales? La anulamos. ¿Que algunos lograron defenderse del congelamiento arbitrario de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora a cargo de Omar Reyes? Pues que ya no puedan.

Porque aquí la única regla es que no hay reglas… a menos que convengan al dueño del tablero. Y así, el amparo deja de ser el último refugio frente al poder arbitrario, para convertirse en un trámite decorativo.

LA CANCELACIÓN DE la Inmunidad antimonopolios (ATI) de que gozaba la alianza Delta- Aeroméxico tendrá efectos adversos, tanto para estas dos aerolíneas comandadas por Ed Bastian y Andrés Conesa, como para el mercado bilateral de aviación México- Estados Unidos, donde circulan cada año 40 millones de personas. El impacto, de acuerdo a lo que ha calculado esta alianza, será de un encarecimiento de los precios de boletos en 800 millones de dólares anuales como consecuencia de la interrupción de la cadena de suministro que obligará a utilizar dos sistemas en lugar de uno solo. Específicamente, se verán afectadas 21 frecuencias en 23 rutas sin escalas y mil 62 frecuencias en 831 rutas con una sola escala que son las que la sociedad ha logrado desarrollar entre 2016 y 2025.

Pese a la evidente molestia del Departamento de Transporte de Estados Unidos(DOT), que encabeza Sean Duffy, con la forma como se han tomado las decisiones en materia de aviación en nuestro país, particularmente en cuanto al uso de los aeropuertos del Valle de México, la instancia norteamericana dejó entrever que Delta y Aeroméxico podrían volver a solicitar la inmunidad siempre y cuando se restablezcan las condiciones de competitividad y se llegue a un acuerdo que garantice los cielos abiertos para la aviación estadounidense.

DURANTE LOS GOBIERNOS neoliberales, México tejió una red de más de 50 acuerdos comerciales con el mundo y ahora, influenciados u obligados por la ola de Donald Trump, nos convertimos en promotores del proteccionismo. En la Organización Mundial de Comercio, que preside Ngozi Okonjo-Iweala, nuestro país puso un tope de 50% a sus aranceles, pero en la práctica se aplicaron tasas de entre 10% y 20% en general, aunque los países que cumplan reglas de origen estarán libres de impuestos.

Analistas del comercio internacional comentan respecto a los aranceles de 50% a China varias cosas. Que el déficit comercial con China en 2024 fue de 119 mil 858 millones de dólares y en lo que va del año son 57 mil 500 millones. ¿A poco hasta ahora se dio cuenta el gobierno?

Que voces en el sector privado mexicano denunciaban que desde hace décadas la apertura comercial había sido indiscriminada, con efectos antiinflacionarios en aras de convertirnos en una potencia exportadora. Que el gobierno de la 4T está cantando al tono que marca Trump. Y que poner aranceles en ese nivel tendrá un efecto inflacionario, y el consumidor será el pagano de la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum.