PENDIENTES AL PRÓXIMO jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si no hay un cambio de última hora, resolvería una cuestión crucial que tiene que ver con la relación de las aseguradoras y las familias que pierden al sostén de la casa cuando muere víctima de un accidente vial.
En el centro de la discusión subyace el cálculo de las indemnizaciones que deben pagarse a las víctimas de un siniestro de tránsito, en caso de incapacidad, o a sus familias, por el fallecimiento.
La pregunta es que si para fijar el monto, las aseguradoras deben utilizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el salario mínimo. La lógica detrás de estas indemnizaciones es clara.
La UMA fue creada el 27 de enero de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y tiene el objetivo de desindexar el salario mínimo de otros pagos. La determina el Inegi, que hoy lleva Graciela Márquez.
Cuando una persona queda incapacitada, el objetivo es compensarle los ingresos que habría obtenido, en caso de que el accidente no le hubiera arrebatado su capacidad de trabajar.
Y cuando el siniestro provoca la muerte, el propósito es brindar a su familia un monto que compense, al menos en parte, el soporte económico que el fallecido habría aportado a lo largo de su vida.
En pocas palabras, se trata de evitar que, además del dolor de la pérdida, la víctima o sus familiares también caigan en el desamparo económico
El proyecto que fue presentado por la ministra Lenia Batres, y que está listado para discutirse pasado mañana, propone que para el cálculo de las indemnizaciones deje de usarse el salario mínimo y se utilice la UMA.
Si esa propuesta se aprueba, las consecuencias serían gravísimas: las indemnizaciones a las que hoy tienen derecho las víctimas y sus familias se reducirían en más de 50 por ciento.
Y es lógico, porque el salario mínimo es mucho mayor que la UMA, unidad que sirva sobre todo para calcular pago de impuestos, multas, obligaciones y otros valores básicamente administrativos.
Esta propuesta beneficia directamente a las aseguradoras y a los responsables de causar los accidentes, al reducir de manera significativa el costo económico de su negligencia.
GNP, de Alejandro Baillerès; AXA, que preside Daniel Bandle; Quálitas, al mando de José Antonio Correa; Mapfre, que comanda Alberto Berges; BBVA, que dirige Eduardo Osuna, y HDI, de Juan Ignacio González son las más importantes en el rubro de daños.
Perjudica gravemente a las víctimas y sus familias, al profundizar su vulnerabilidad en el momento más difícil de sus vidas, porque recibirían compensaciones muy abajo de lo necesario para reconstruir sus vidas.
Si se aprueba, el mensaje será tan indignante como peligroso: en México, causar la incapacidad o la muerte de una persona se equipararía, en términos económicos, a cometer una simple infracción de tránsito.
GRUPO CARSO, A través de sus subsidiarias, GSM Bronco y MX DLTA NRG 1, informó ayer que suscribió con Pemex un contrato de Servicios Desarrollados y Financiados para la Perforación de Pozos en el Campo Ixachi. El monto asciende a la friolera de mil 991 millones de dólares. Se trata del primero de los 11 contratos mixtos que el gobierno de Claudia Sheinbaum logra sacar, como parte del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, que en agosto presentó la secretaria de Energía, Luz Elena González. El consorcio de Carlos Slim Helú financiará a la empresa petrolera, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, la perforación y terminación de los pozos, ya que el primer pago que recibirá será en enero de 2027. Para entonces se estima tener en producción 12 de los hasta 32 pozos contemplados en el contrato. La perforación y terminación de la totalidad de pozos se dará en un plazo de tres años. Las subsidiarias de Grupo Carso fueron los únicos postores por el contrato.
AL FINAL DE cuentas parece que ni Juan Cortina ni José Medina Mora llegarán a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, un relevo que debió darse hace seis meses, pero que se aplazó por un tema político para extender la permanencia de Francisco Cervantes, en un movimiento en el que tuvo mucho que ver Carlos Slim. Aquí le hemos venido diciendo que la intención de Cervantes era ungir a la expresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Sofía Belmar, según esto, para mandarle un guiño a la presidenta Claudia Sheimbaum que vería con mucha simpatía que una mujer por primera vez liderara la cúpula de cúpulas empresariales. A estas alturas, dado que el cambio en el CCE está previsto para diciembre, no se sabe si le alcance el tiempo a la también vicepresidenta de Prudential. En ese contexto, el que dicen que ya tiene el consenso y apoyo de las principales cabezas del Consejo Mexicano de Negocios para sustituir a Cervantes es Julio Carranza, quien acaba de dejar la presidencia de la Asociación de Bancos de México.
Y YA QUE hablamos de la representación del sector privado, si a alguien le retumbaron las declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que para la renegociación del T-MEC “no habrá un cuartito de junto como en las negociaciones pasadas”, fue a Altagracia Gómez. Y es que es precisamente la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización la que se ha metido fuerte con un puñado de empresas, las que históricamente lideraron ese órgano de consulta para los funcionarios federales en las gestiones comerciales internacionales. El Cuarto de Junto lo coordina la directiva de Ternium, Judith Garza Rangel, y pues sí, como dice el excanciller, es “una representación de seis, siete, ocho personas”. Dice Ebrard que sí lo van a tomar en cuenta, pero que hay 30 sectores a consultar. En los gobiernos neoliberales funcionó muy bien. Bueno hasta, Andrés Manuel López Obrador lo utilizó, pero ahora dicen que Marcelo quiere jugarle al populista y hacer una consulta más amplia entre los sectores políticos y productivos del país. Esto último puede ser un arma de dos filos: levantar una expectativa en la consulta que luego no logren cumplir, no porque el gobierno mexicano no quiera, sino porque Donald Trump no parte de una integración comercial regional, sino de lo que conviene a sus intereses en empleo, inversión y mercado interno.
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