La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pague 63.9 millones de pesos a una familia de Coahuila, por la expropiación de 423 hectáreas asignadas a un ejido desde 2011.
Por mayoría de cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Corte rechazó el proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, quien proponía ordenar el pago en un plazo máximo de un mes, mientras un juez determina si debe realizarse un nuevo avalúo del predio.
El terreno fue valorado en 2021 por el Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) en 385 millones de pesos, pero ese avalúo perdió vigencia en 2022. La propuesta de Esquivel consistía en usar temporalmente un avalúo realizado en 2024 por la propia Sedatu, mientras se actualiza formalmente.
Desde 2011, el Tribunal Superior Agrario ordenó indemnizar a los herederos de Otilio Ayala Sepúlveda, tras cederse el terreno a un ejido. Sin embargo, la Sedatu tardó cinco años en aceptar la obligación, y hasta la fecha no ha concretado el avalúo necesario. En 2019, la familia promovió un amparo que fue resuelto en definitiva en 2021, instruyendo a la dependencia a concluir el procedimiento.
El proyecto aprobado por la mayoría, elaborado por la Ministra Lenia Batres, establece que la Sedatu no se ha negado a cumplir el amparo, pero que corresponde a un juez federal determinar si el avalúo de 2021 sigue vigente o debe hacerse uno nuevo.
Durante la discusión, la Ministra Esquivel calificó como “inaudito” que una sentencia no se haya cumplido en más de una década y sostuvo que el monto de 63.9 millones es el mínimo posible, por lo que no debería demorarse más el pago.
La Sedatu ha argumentado que no cuenta con recursos para pagar al Indaabin por un nuevo avalúo. La decisión de la Corte podría alargar el caso varios meses o incluso años, ya que la resolución del juez podrá ser impugnada ante un tribunal colegiado.
Al respaldar el proyecto de Batres, la Ministra María Estela Ríos señaló que se debe actuar con precaución debido a que los avalúos pueden prestarse a “cochupos”, aunque en este caso han sido realizados por instancias oficiales.
El abogado Giovanni Figueroa, representante de la familia, criticó las “evasivas de cumplimiento” por parte de la Sedatu y propuso valorar la destitución y sanción penal de los funcionarios involucrados, pero ningún ministro respaldó su propuesta, y él mismo terminó votando a favor del proyecto de Batres.
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Desespera la SCJN con estas determinaciones que ni resuelven de fondo y nomas perpetran dilaciones enormes en la administración de “justicia”, aparte de que aquí parecen escuderos de la administración pública imposibilitando que se pague una justa indemnización ordenada por Let y Constitución
MI COMENTARIO ES DE PORQUE SE PONE LA SEDATU QUE PIENSO QUE ES INSTITUCION DEL GOBIERNO A EXPROPIAR TIERRAS Y NO PAGAR, Y NO SON 10 METROS SON 400 Y TANTAS Hectáreas QUE SI EN EL 2011 LAS VALUARON EN 463 MILLONES QUE NO ENTIENDO PORQUE NO PAGARON SI GANARON EL JUICIO EN LA CORTE Y AHORA EN EL 2025 SERIA COMO MINIMO ES EL DOBLE COMO MINIMO UNOS 950 MILLONES DE PESOS PORQUE YA PASARON 14 AÑOS, Y PUES PAQUE SE PONE EL GOBIERNO A EXPROPIAR PROPIEDADES SI NO LAS VA A PAGAR . PORQUE CUANDO UN GOBIERNO EXPROPIA UNA PROPIEDAD TIENE QUE SRE MUY BIEN PAGADA
Esto es desde el 2011, porque tantos años que no pudieron resolver dicho caso acaso los anteriores del Poder Judicial, todo ésto demuestra que trabajaban para la mafia del poder para beneficiar a alguien en particular.
Si lees bien la nota, es hasta este momento en que llegó el asunto a la Corte y no fue por vía de Amparo Directo o Amparo Indirecto en Revisión, sino por cumplimiento Sustituto, lo que implica un tramite muy especial, por eso hasta ahora se podía decidir. Pero no me desgato en explicarle a quien de razones no quiere entender. Solo el día que a tí te quiten tu casa y tus propiedades no andes llorando
Es una aberración de ineptitud, capacidad, conocimientos e interpretación de la Constitución general de la República, y sus Leyes reglamentarias en la materia agraria,, ADEMÁS ES VULNERABLES A LOS DERECHOS HUMANOS, AGRARIOS Y CONSTITUCIONALES,,,, PERO ESTOS BURROS, SON LOS QUE TIENEN BAJO SU RESPONSABILIDAD,, LA REVELDIA DE UN PUEBLO QUE SE ENCUENTRA CADA DÍA MÁS AMENAZADO EN NUESTROS DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCIONALES Y PATRIMONIO DE LA FAMILIA,,,,,,,,, ¿. SOLO LA UNIDAD NACIONAL, Y LA CONCIENCIA CIUDADANA, PUEDEN. LOGRAR, LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA
Éso deberías de haberle dicho a la Norma Piña y sus secuaces…
ahí está la scjn del pueblo, evitando que el gobierno le pagué al pueblo, pero querían a un indígena y a la ministra del pueblo ahi
¿Le molesta que una persona indígena esté al frente de la Corte, Lord Héctor, Conde del Baño de Su Casa y Marqués del Bote de Basura?
No Imbécil, lo que molesta es la ineptitud qué nos cuesta 6 millones de pesos el mes para pagarles a sus 120 asesores… Idiota
Empezando con las tracalas cuatroteras y rateras
los mafiosos son los que controlan las sentencias, si deberían ser destituidos todos esos falsos ministros que fueron impuestos por una minoria que acudió a la votación, si de 90 millones de habitantes, solo votaron 10, quiere decir que la mayoria no aprobó el cambio, esto fue un golpe a la ley electoral; que se elige por mayoría.esos ministros están fuera de la ley, como todos los de la 4t que han convertido todo el gobierno de México en un CONCILIABULO.
este hombre es un genio…de la basofia
pedro sanchez
LA DESIGNACIO DE 99 ASESORES AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION ES UNA MUESTRA DE INCAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR ESOS CARGOS TAN IMPORTANTES
que regrese la corrupta norma piña nefasta
Justo para ello es la reforma a la ley de amparo. para que el gobierno no pague a los ciudadanos el daño causado por sus determinaciones. Lenia Batres representa perfecto los intereses del actual gobierno. A Esquivel le doy un voto de coherencia
eso es lo que querían , una suprema corte a modo para que protegiera al gobierno federal y sus marranadas