DESDE EL 9 de septiembre, pacientes de hospitales del IMSS en la zona sur de la CDMX se quedaron sin los servicios de cirugías por una disputa legal y administrativa que involucra a dos proveedores de anestesia.
Se trata del nuevo capítulo del conflicto entre CBH+ Especialistas en Innovación Médica y Casa Plarre, donde la segunda trata de arrebatarle a la primera jugosos contratos que ganó el 8 de agosto de 2023.
¿Lo recuerda? Aquí lo narramos. La polémica, que tiene como actor central al IMSS, involucra a Samantha Bárcenas, dueña de CBH+, y a su ex esposo, Adrián Cervantes, el propietario de Plarre.
Ambos fueron socios años atrás y terminaron muy mal, tan mal, que el exmarido vuelve con nuevos bríos para intentar recuperar un contrato que hace dos años sumó la friolera de tres mil 435 millones de pesos.
El contrato venció en mayo pasado, pero la Coordinación Técnica del Servicio Médico Integral del IMSS instruyó a las Oficinas de Representación y a las Unidades Médicas de Alta Especialidad.
Esa área, a cargo de Carlos Ramírez Ramos, pidió solicitar al proveedor, o sea a CBH+, su anuencia para celebrar convenios modificatorios que ampliaran la prestación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta ampliación fue aceptada por CBH+, y formalizada en la mayoría de las unidades, con lo que se prestó el servicio ininterrumpidamente y a petición del personal médico.
Pero el 9 de septiembre pasado, personal médico del IMSS y de CBH+ en diversos hospitales de la zona sur de la Ciudad de México fueron obligados a desinstalar equipos de anestesia, sin ninguna notificación al respecto.
De hecho, se argumentó que el servicio se reasignó a otro proveedor. Ya se imaginará a quién: en un proceso exprés, el nuevo contrato fue adjudicado directamente a Plarre, en menos de 24 horas, el 3 de septiembre.
Se generó una paralización inmediata de los servicios quirúrgicos en varios hospitales, porque el retiro de equipo se dio sin una transición ordenada y sin que Plarre estuviera preparado para asumir el servicio.
CBH+ no fue notificada, formalmente, de la conclusión de su contrato ni del retiro de sus equipos; además, mantiene una suspensión judicial vigente derivada de un juicio de nulidad interpuesto en 2024.
Dicha rescisión se sustentaba en supuestos incumplimientos que fueron atendidos ante la autoridad judicial, ya que, en varios casos, al momento de la instalación era imposible entrar a operar. Los quirófanos se encontraban en remodelación lo cual imposibilitaba el arranque del servicio; la autoridad determinó que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban.
Es decir, con el contrato operativo, razón por la cual, legalmente, debía formalizarse el convenio modificatorio hasta diciembre de 2025 como fue la instrucción original del propio IMSS. La contratación de Plarre fue a precios más elevados respecto de la CBH+, además de contemplar paquetes de atención más limitados, con un número menor de medicamentos, insumos, así como materiales quirúrgicos.
La decisión fue avalada por el titular de la Unidad de Abastecimiento de la zona Sur, Héctor Cruz Wintergerst, sobre el que pesan señalamientos y quejas en otras cuestionadas contrataciones. Fue el mismo que compró ventiladores a unos precios exorbitantes durante la crisis de la pandemia del Covid-19.
EN LA MAÑANERA de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que aquí publicamos en la víspera, según los dichos del subsecretario de Salud, Eduardo Clark: “Tienen hasta este mes para cumplir, eso es lo que dice el contrato, se dan plazos. Si no cumplen, se inhabilitan”, en referencia a los proveedores de medicamentos oncológicos. Clark expuso una larga lista de 32 compañías a las que les fincaron desde hace cuatro meses diversas claves y que ya están en incumplimiento.
Estamos hablando de más de 57 millones de piezas que no han suministrado. Las más atrasadas son Bioxintegral Servicios, Productos Farmacéuticos, Serral y Comercializadora UCIN y Distribuidora de Consumibles Médicos CR con 100, 88.6, 83.7, 83.6 y 79.4% de incumplimiento, respectivamente, razones sociales mundialmente desconocidas, lo que evidencia la rigurosidad con la que también se condujo Birmex, que dirige Carlos Ulloa.
Pero en la lista también figuraron proveedores de oncológicos, firmas de cierto prestigio y que le referimos también ayer como PISA, de Carlos Álvarez, y las indias Amarox, que representa Gurulinga Swamy Konanur, y Accord Pharma, que lleva Sandeep Bane.
FUE RETIRADA AYER la discusión sobre la atracción del caso Santander contra las hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado. La ministra Loretta Ortiz lo había listado para este miércoles, pero al final se desechó. No es la primera vez que este polémico caso, en el que hay en disputa unos mil millones de dólares, se patea. Sucedió lo mismo hace unos meses en la Suprema Corte de Justicia, presidida por Norma Piña.
Ahora, en la nueva era de Hugo Aguilar Ortiz se vuelve a aplazar este expediente que ya fue dictaminado por un Tribunal Colegiado de Nuevo León, que dio la razón a las herederas del fundador de Grupo Alfa, Roberto Garza Sada, y también desechada la solicitud de atracción en la misma Corte, cuando la presidía Arturo Zaldívar.
POR CIERTO QUE le ofrecemos una disculpa al director de Seguros Zurich, Marc Martínez. Lo mencionamos como director del laboratorio Zurich, proveedor de medicamentos oncológicos, firma señalada por el IMSS-Bienestar y su titular, Alejandro Svarch, de estar en incumplimiento de sus contratos. Esta es Zurich Pharma, empresa mexicana que fabrica medicamentos de alta especialidad como la doxorrubicina liposomal, ampliamente utilizado para las quimioterapias para combatir el cáncer. Su director es Orlando Silva.
EL NUEVO TRIBUNAL de Disciplina Judicial, que preside Celia Maya, ya tiene sobre la mesa un primer caso. Se trata de una denuncia, ni más ni menos que, contra la jueza Conchita, la famosa María Concepción Elisa Martín Argumosa, célebre en casos como los de TRESE, Altán Redes y Abengoa, entre otros expedientes, a la que se señala de mala praxis en el concurso mercantil de ALTA Grupo, una financiera popular que era de Luis López Panadero y Salvador Abascal, y que defraudó a sus clientes con más de siete mil 500 millones de pesos. A Conchita le endosan negligencia, violación de los derechos de acreedores y protección al conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles que llevó el asunto.
Y YA QUE hablamos del Ifecom, se acaba de dar un nuevo cambio en su dirección general. Se trata de Laura Figueroa Gutiérrez. Abogada por la UNAM con maestría en Derecho Fiscal y con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Trabajó en la Procuraduría Fiscal, Pemex, IMSS, Asamblea y el Instituto Electoral del extinto DF y el Senado. Sustituye a Juan Manuel Vega, quien tuvo una fugaz presencia en dicho instituto, a donde llegó a principios de mayo. El punto es que a este funcionario lo nombró el Consejo de la Judicatura que presidía Norma Piña, y a Figueroa la designó el nuevo Poder Judicial que lideran Hugo Aguilar en la Corte, Celia Maya en el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial que encabeza Néstor Vargas.
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