“Debo, no niego; pago, no tengo”. El clásico pretexto de quien se declara insolvente, pero aquí no hablamos de un deudor cualquiera: hablamos del gobierno mexicano. Porque, ojo, mientras a las farmacéuticas no se les paga ni un peso, se les cobra la luz, el agua, el predial, las cuotas del IMSS y, faltaba más, los impuestos. Eso sí: pretextos hay de sobra, culpas para repartir también, pero cumplir con lo básico de la administración pública, eso no.
¡Toma chocolate y paga lo que debes! Así como Sheinbaum le repite a Salinas Pliego cada vez que puede. Pero, ah, con las farmacéuticas la cosa es distinta. En la mañanera la presidenta salió con que “hay pláticas con todas las empresas para ir saldando las deudas, sobre todo de 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer”. Corrección, señora mandataria: a varias farmacéuticas se les debe ¡desde 2019. El monto acumulado ya supera los 40 mil millones de pesos. Solo lo de 2024 asciende a 19 mil millones. ¿Y quién dejó esa bonita herencia? Pues nada menos que el expresidente López Obrador, que juraba y perjuraba que la deuda no había crecido. Claro que creció. Hasta en lo que se le debe a quienes suministran medicinas para el sector salud.
Pero el atraso en pagos es apenas la punta del iceberg. Porque además, el propio gobierno reconoce que varias empresas contratadas no han cumplido ni de lejos con los contratos. Y eso ya no son deudas: son focos rojos. Una farmacéutica que incumple el 100% de la entrega nunca debió ser contratada. ¿Por qué se le eligió? Por barata, dicen algunos. Más bien por “recomendada”, digo yo. Y como es la 4T, ya sabemos de dónde venía la recomendación.
Lo mismo con otras 30 firmas que no han entregado ni la mitad de lo pactado. Y aquí la responsabilidad es directa: los encargados de las compras sabían —o debieron saber— que esas empresas no cumplían ni los requisitos básicos para ser proveedoras. Pero igual les dieron contratos. Porque en la 4T, lo de menos es la legalidad; lo importante son los cuates. Un ejemplo brutal: una sola empresa debe 12.8 millones de medicamentos oncológicos. Sí, leyó bien, oncológicos. ¿Hubo multa? ¿Apercibimiento? ¿Un funcionario despedido? Nada. Ni siquiera un coscorrón. El costo real de esa omisión son las vidas perdidas por no recibir sus tratamientos a tiempo.
Elegir mal a un proveedor en salud no es un simple error administrativo: cuesta vidas. Cuesta sobrecostos en logística, compras de emergencia que salen carísimas, adjudicaciones directas y, lo peor, arranca a los pacientes la posibilidad de vivir.
Eso se llama CORRUPCIÓN. Corrupción con todas sus letras. Corrupción que raya en crimen de lesa humanidad: porque impedir que las medicinas lleguen, ya sea por omisión o por cochupo, es jugar con la vida de la gente. Y sí, aquí no hay excusas. Ni para los funcionarios de ayer ni para los de hoy. Si se señala a las empresas, también se debe señalar —y sancionar— a quienes les dieron contratos a sabiendas de que no cumplían.
La CANIFARMA ya levantó la voz: muchas farmacéuticas siguen surtiendo a pesar de los adeudos. Y quizá serían ellos, no la Cofepris, quienes deberían elaborar la lista negra de empresas fallidas y de las que sí pueden cumplir. Alguien tiene que hacerlo, porque el gobierno evidentemente no quiere.
Mientras tanto, el desabasto sigue matando en silencio. Y no, no es un juego. Aunque viendo cómo actúa la 4T, pareciera que sí: que juegan a las escondidas con los medicamentos, a la ruleta rusa con los enfermos, al “veamos quién aguanta más” con los pacientes.
No estamos jugando. Pero a veces pareciera que el gobierno sí.
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