Ahogado el niño, tapan el hoyo… La pipa explotó en Iztapalapa y el gobierno de la CDMX volvió a exhibirse tal cual es: negligente, desordenado, cínico. Una radiografía de la incapacidad pintada en llamas.

Primero culparon al chofer: exceso de velocidad. Después, a la empresa, que ni permiso tenía. Del (los) bache(s), nada. Eso sí: en cada versión, Clara Brugada y su equipo se hunden más en el pantano de su propia incompetencia.

Porque lo central se repite: la empresa era ilegal, pero contratada con recursos públicos. Piperos sin permisos, abrazados y protegidos por el gobierno para sostener un sistema que presume “orden”, pero opera en el caos. Ilegal, pero útil. Incumplida, pero mimada. Empleada, aunque no cubriera ni lo básico.

¿Quién firmó? ¿Quién autorizó? ¿Quién cobró? Preguntas que rebotan en un muro de silencio. Todos demasiado ocupados buscando a quien culpar.

“¡Fue el chofer!”, repiten como loros. ¿Y los permisos? ¿Y la supervisión? ¿Y la responsabilidad del gobierno que contrata piratas? Nada. El triple silencio.

Y mientras, el gobierno federal hace de guarura servil, justificando lo injustificable. Sheinbaum aplica la receta de siempre: “la próxima semana habrá nuevas reglas”. La próxima semana. Siempre la próxima semana. Nunca hoy, nunca ya. Como si las vidas perdidas pudieran esperar al calendario de su excel.

Pero todo fuese eso. El problema no es la ausencia de reglas, sino que nadie las cumple. Y menos aún las autoridades que deberían hacerlas valer. ¿O lo saben y por eso el silencio cómplice desde Palacio?

Entre tanto, la tragedia: muertos, heridos, familias devastadas. La autoridad ni siquiera sabe contar. Ni la lista de víctimas respetan. Una burla a la dignidad.

Los testimonios son dagas: una abuela muere protegiendo a su nieta; vecinos corren entre llamas; reporteros reconstruyen lo ocurrido porque el gobierno calla o miente.

Y la cereza del desastre: el discurso oficial. Según ellos, la crisis hospitalaria no es por falta de camas ni médicos, no es por el abandono del sistema de salud: es culpa del “tamaño de la tragedia”. ¡Vaya explicación! El cinismo convertido en política pública.

La Concordia estalló. Y con ella la ficción de un gobierno eficiente. Lo que vimos fue la constante: parches, ocurrencias, excusas. Una jefa de gobierno más preocupada por propaganda que por tapar agujeros; más interesada en cuidar la sucesión que en proteger ciudadanos. “Así gobierna Morena la capital”, se le debe decir a Luisa Alcalde. Con los discursos de cambio y las prácticas podridas de siempre. Con la diferencia de que ahora ni los pretextos saben dar bien.

Clara cayó en un bache. Y arrastró consigo a toda la Ciudad de México.

La incompetencia ‘en vivo y a todo color’

Literal. El tremendo juez de la tremenda Corte… No en Televisión Cubana, ni como episodio delirante de ‘Tres Patines’, sino como la terrible realidad que se vislumbra día con día en los comentarios, procedimientos y decisiones de jueces, magistrados y ministros mexicanos electos mediante el sistema del “acordeón”. Y cuyas resoluciones ahora son vistas en vivo —a través de los juicios orales y las sesiones públicas del Poder Judicial.

Llevan menos de dos semanas en sus cargos, y ya hay pifias judiciales que se han vuelto virales por lo descomunales. Incluso para quienes no tienen formación jurídica, los errores saltan a la vista.

Nadie esperaba que en tan poco tiempo dominaran todo el oficio, pero sí que al menos algo aprovecharan los talleres intensivos. Ni formación jurisdiccional rigurosa, ni acompañamiento técnico. Los despidos masivos de quienes sabían hacer ponencias, redactar autos, atender a las partes, no fueron acompañados por una transición eficaz.

Varios de esos despedidos ya han sido recontratados sin respetarles la antigüedad ni los derechos laborales, mientras los nuevos equipos —que nos están costando una fortuna— parecen improvisados: no saben lo que hacen, y no cuentan con formación jurisdiccional básica.

La incompetencia no es un rumor. Es operativa. Algunos jueces no saben siquiera lo que han fallado o despachado; otros, directamente, no se presentan a trabajar.

En audiencias han soltado frases como: “no sé, tú dime”, o han dictado sentencias cuando ni el Ministerio Público ni la defensa han planteado todos sus alegatos. Es un espectáculo de horror, donde lo esencial (pruebas, procedimiento, motivaciones legales) parece secundario frente al espectáculo.

Lo que vivimos es una tragedia de institucionalidad. El Estado de Derecho se resiente. Las leyes corren el riesgo de convertirse en adornos mientras el juez estrella no aplica el derecho, sino que busca “verse bien”. Las sesiones públicas prometían transparencia; lo que nos dan muchas veces es teatro grotesco. No es necesario que la oposición critique o haga escándalos: basta con ver a los jueces en acción.

Un ejemplo reciente: el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, detenido el 26 de agosto bajo acusaciones de encabezar una red de huachicol fiscal. Él promovió el 29 de agosto un recurso de amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

Dicha instancia le otorgó una suspensión provisional para frenar la orden de aprehensión en su contra, condicionada a que pague una garantía (49 mil pesos) y comparezca físicamente cada 72 horas ante la autoridad correspondiente. Además, el amparo también faculta al contralmirante a exigir que se le otorgue acceso a la carpeta de investigación, pues denuncia que dicha carpeta le ha sido negada repetidamente.

¿Y qué nos muestra este caso? Que un juez puede —durante su poco tiempo en el cargo— frenar procesos de detención sobre acusaciones graves, con argumentos técnicos dudosos, pero que a la vez exponen las deficiencias de un sistema que aún no está preparado: en la selección, formación, supervisión, responsabilidad. Hace menos de cuatro meses los candidatos juzgadores prometían no hacer precisamente eso.

También conviene recordar: el sistema fraudulento (las boletas múltiples que votaban varios cargos judiciales al mismo tiempo) fue aprobado como parte de la reforma judicial y el nuevo procedimiento para elegir jueces, magistrados y ministros. El de junio fue un proceso inédito para México: alrededor de más de 800 cargos federales, muchos jueces distritales y estatales asumieron funciones apenas el 1 de septiembre. Pero la participación ciudadana en esas elecciones fue baja: alrededor de un 12-13 % de los electores, lo que ya de entonces generaba cuestionamientos sobre legitimidad y capacidad de supervisión ciudadana.

Todo esto pone en evidencia varios vacíos:

1. Formación técnica. No basta nominar; hacía falta capacitación especializada, tutores, estándares mínimos, procesos de evaluación.

2. Supervisión y rendición de cuentas. A estas alturas, ¿quién corregirá estos errores? ¿Qué sanción hay si se dictan resoluciones contrarias a la ley por desconocimiento?

3. Transparencia y participación ciudadana más allá de votar: acceso real a expedientes, publicaciones de criterios, motivaciones legales claras brillantes por su ausencia y no se ve que eso vaya a cambiar.

4. Estructura institucional que respalde al nuevo personal: juzgados, secretarías, soporte técnico, diseño de turnos, protocolo de audiencias. Nada. Cero.

Las muestras de incompetencia siguen y en todos los niveles. ¿La cereza en el pastel? El ministro presidente de la SCJN mostrando parcialidad en sus mensajes de redes sociales; cero objetividad e independencia. El aparato de justicia en México ya deja ver un completo desastre operativo.

Lo que está ocurriendo con y en el aparto judicial es sumamente grave.