Una red criminal integrada por militares, funcionarios de aduanas y empresarios introdujo al menos 564 millones de litros de combustible ilegal a México entre junio de 2023 y marzo de 2024, usando buques que simulaban transportar aditivos para lubricantes desde Houston hasta los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
El Nord Supreme, un buque con bandera de Dinamarca, realizó cuatro viajes entre el 20 de enero y el 3 de marzo de 2024, siguiendo una ruta marítima específica hacia Altamira. En cada viaje reportaba transportar aditivos, pero en realidad llevaba combustible sujeto al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que no era declarado.
La operación fue encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares con rango de vicealmirante y contralmirante, respectivamente. De acuerdo con registros portuarios, bases de datos aduanales y testimonios de personal del sector, los Farías Laguna habrían coordinado al menos 69 operaciones de contrabando, todas con un mismo patrón logístico y empresarial.
Las exportaciones salían principalmente del puerto Greens Port en Houston, operado por la empresa Watco, y eran gestionadas por Ikon Midstream LLC, una comercializadora de combustible. Del lado mexicano, las compañías importadoras eran B-Match SA de CV, Azteca Cone SA de CV e Intanza SA de CV, todas con sede en Monterrey, Nuevo León, y relacionadas entre sí por compartir socios comerciales y domicilio. La agencia naviera utilizada en cada envío era Altamaritima SA de CV.
La mercancía era declarada bajo la fracción arancelaria 38112107, correspondiente a “aditivos para aceites lubricantes cuando se presenten a granel”, lo que permitía evadir impuestos. El combustible real debía ser clasificado bajo las fracciones 27101209 (gasolina) o 27101910 (diésel), ambas sujetas al IEPS.
Para facilitar el contrabando, era necesario el involucramiento de personal de diversas áreas dentro de las aduanas, incluyendo los departamentos de Informática y Contabilidad, Operación Aduanera y cámaras de seguridad, según explicó un verificador con más de 10 años de experiencia en una aduana del norte del país. “Decimos que un barco ya viene ‘arreglado’ o ‘cantado’ cuando hay un acuerdo y, aunque sepas que viene mal, tienes que hacer ver que todo está bien”, señaló.
El 7 de septiembre de 2024, las autoridades mexicanas informaron la detención de 14 personas vinculadas a esta red, en lo que ha sido catalogado como el mayor golpe a la corrupción en el actual Gobierno de Claudia Sheinbaum.
La red operó principalmente en las aduanas de Altamira y Tampico. El caso del buque Challenge Procyon, decomisado en marzo pasado, fue clave para iniciar el desmantelamiento del grupo delictivo, según informaron las autoridades.
La consultora Petro Intelligence estima que en 2024 ingresaron 18,000 millones de litros de combustible ilegal al mercado mexicano, equivalente al 30% de las ventas totales en estaciones de servicio. Esto representa un daño estimado de 6,200 millones de dólares a la Hacienda pública.
El verificador consultado indicó que desde finales de 2023 se habían presentado oficios ante el Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública alertando sobre la llegada de cargamentos sospechosos, sin obtener respuesta.
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