DIVERSOS ANFITRIONES DE inmuebles que operan vía plataformas, como Airbnb y Booking, acudieron al juicio de amparo, tanto en contra de las reformas a la Ley de Turismo como de su Reglamento.
Una vez agotadas las distintas instancias de los juicios de amparo, la mayoría de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito determinaron sobreseer el asunto.
No se pronunciaron sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, argumentando que la Secretaría de Turismo de la CDMX, a cargo de Alejandra Fraustro, aún no habilita el portal por medio del cual se implementarían las reformas.
Los quejosos que operan con las plataformas que dirigen respectivamente Ángel Terral y Leopoldo Pérez podrán impugnar las normas una vez que se habilite el portal.
Sin embargo, el 21 Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa de la CDMX sí entró al estudio del fondo, al considerar que la afectación a los anfitriones se causa desde el momento en que entraron en vigor las normas, aunque el portal aún no esté habilitado.
Esto es, al resolver el amparo en revisión 446/2024, el referido Colegiado determinó que el artículo 61 Quinquies, fracción II de la Ley de Turismo de la CDMX es inconstitucional.
Argumenta que a su juicio “no constituye una medida legislativa idónea” y, por ello, ese artículo impediría que una persona pueda dar de alta diversos inmuebles en una plataforma.
Por ello, el bufete Cuevas Abogados, que encabeza Diego Cuevas, consiguió un amparo a la parte quejosa.
Esta sentencia es la primera en la que se ha emitido un pronunciamiento de fondo por la polémica reforma, y al haber amparado a la parte quejosa, respecto de algunos aspectos de la misma constituye la primera grieta al andamiaje legal construido por medio de dicha normatividad.
Faltará observar qué resuelven los demás Tribunales Colegiados, una vez que entre en vigor el portal que habilite la Secretaría de Turismo, con respecto a las decenas o cientos de demandas interpuestas en contra de la Ley de Turismo de la Ciudad de México y su Reglamento.
EL ABOGADO ULRICH Richter mandó una réplica respecto a lo publicado aquí el miércoles. “Es falso que el entonces ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hubiese elaborado un proyecto de resolución que favoreciera al gigante tecnológico Google, pues de así haberlo hecho hubiera sido listado para sesión por la entonces Primera Sala de la SCJN, lo cual no aconteció, pues desde el mes de mayo de 2023 dicho asunto fue turnado para resolución y, en más de dos años, no se elaboró proyecto alguno. Los proyectos legítimos y, por ello, auténticos, se enlistan para sesión, ¿será que Google obtuvo un proyecto fuera del marco de la Ley? Además, refiere la nota que la resolución que se dicte en el asunto Richter vs. Google forme un precedente que genere autocensura o nerviosismo a medios, casas editoriales, televisoras y buscadores de internet, por no bajar, borrar o retirar sus contenidos, so pena de ser castigadas con cantidades excesivas si no ceden ante peticiones de políticos, empresarios cuestionables o gobernantes. El tema del debate es muy sencillo, al motor de búsqueda se le pidió su retirada del blog ilegal y omitió retirarlo, por ello, es responsable, amén de violar sus propias políticas, por lo tanto, no es un tema que pone en riesgo la libertad de expresión. En efecto, Google perdió el beneficio de puerto seguro, porque habiendo sido sabedor del ilícito, hasta el día de hoy lo ha mantenido visible, por tanto, esa ceguera voluntaria como lo llama la legislación norteamericana, ha hecho que pierda la condición de puerto seguro como eximente de responsabilidad y, por ello, es civilmente responsable. En conclusión, lo que aparece en el citado blog no es información y, por ello, no está amparada en el artículo sexto y séptimo constitucional. Además, los precedentes de la Corte favorecen la dignidad de las personas y sustenta los fallos en contra del gigante tecnológico”.
AHORA QUE EL controvertido senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se da golpes de pecho y se esfuerza por convencer a propios y extraños que se ha conducido con honestidad, la realidad lo sigue mostrando tal cual ha sido siempre: un simulador y cínico. El exlíder senatorial, el que califica a sus adversarios como “centaveros”, tiene graves fallas de memoria. Ya no recuerda cuando lo veían tomando café en los restaurantes de la Plaza de la Constitución, previo a reunirse en el edificio de la jefatura de gobierno de la CDMX para encontrarse con los más cercanos colaboradores de Miguel Ángel Mancera para pedir que se le pagaran sus tenencias y verificaciones. No sabemos si ya tenía su camioneta Volvo XC90 de casi dos millones de pesos.
EL CASO DE la red de marinos involucrados en el delito de huachicol fiscal confirma que la información que se ha dado a conocer en los últimos días sobre los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna no forma parte de la carpeta de investigación que se judicializó para obtener sendas órdenes de aprehensión contra 14 personas. Los datos más bien forman parte de las indagatorias internas que la Secretaría de la Marina entregó a la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz. Es verdad que ya se habían recibido avisos desde el sexenio pasado de los movimientos de los Farías, pero el grueso de la investigación en los últimos meses corrió a cargo de la dependencia que lleva el almirante Raymundo Pedro Morales.
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