Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, fue presuntamente utilizada para lavar dinero proveniente de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero señaló en la causa penal 325/2025 que Grupo Potesta, S.A. de C.V. realizó operaciones por 220 millones de pesos a través de Vector sin registrar las fechas, lo que podría indicar una estrategia para ocultar el origen ilícito de los recursos financieros.
La FGR indicó que esos fondos pudieron haber sido enviados a otras entidades o países con el fin de disfrazar su procedencia, en el contexto de una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustibles.
Estos señalamientos forman parte de los elementos presentados ante un juez para solicitar órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar la entrada de al menos 14 buques con combustibles de contrabando.
Además de Grupo Potesta, la investigación también involucra a Grupo Base Energéticos, señalado por el SAT por tener vínculos comerciales con Vector.
La FGR incluye a Vector en una lista de 36 empresas financieras, importadoras y comercializadoras presuntamente relacionadas con el esquema de “huachicol fiscal”. En junio pasado, Vector y dos bancos mexicanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación.
A partir de este mes, esas instituciones tienen prohibido realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense.
La fiscalía federal identificó a Grupo Potesta como una de las cinco principales empresas vinculadas con delitos como lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y corrupción en aduanas. También se detectaron nexos con Impulsora de Productos Sustentables, cuyo apoderado legal fue accionista de Agrícola Boreal, empresa sancionada por la OFAC.
Los accionistas de dicha comercializadora —Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón— están vinculados con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Grupo Potesta, cuya razón social está ligada a José Pedro Sánchez Campos, Jorge Becahra Estefan López y Mario Behar Vantorla, tiene oficinas en Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas. La FGR detectó que reportó ingresos por 87 millones de pesos en 2023 con solo ocho empleados, pero emitió facturas electrónicas por más de mil 700 millones de pesos, relacionadas con proveedores implicados en la red de huachicol.
La red también involucra a otras compañías como Altos Energéticos Mexicanos, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Grupo Base Energéticos y Era Tech Combustibles, esta última señalada por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.