Empresarios y productores agropecuarios de la Comarca Lagunera, en Durango, denunciaron públicamente una presunta red de extorsión que involucra a integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y a grupos del crimen organizado.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, diversas cámaras industriales, uniones ganaderas y asociaciones de agricultores exigieron la intervención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Las organizaciones denunciaron que las extorsiones afectan directamente a sectores clave como la agricultura, la ganadería, el transporte y el pequeño comercio. Según el documento, se ha institucionalizado el cobro de piso bajo el disfraz de cuotas sindicales, acompañadas de amenazas, agresiones y represalias para quienes se niegan a pagar.
Los afectados incluyen a campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, avicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicios y trabajadores independientes, quienes advirtieron: “No aguantamos más”.
Entre los mecanismos señalados, destacan los cobros por metro cúbico de material de construcción transportado, pagos forzados por traslado de ganado, desvíos de agua con tarifas de hasta 20 mil pesos por hectárea, así como el control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza.
Asimismo, se reporta el establecimiento de precios y condiciones en la venta de silo forrajero y alfalfa, limitando quién puede participar en su distribución. Comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios también enfrentan cobros obligatorios.
Los empresarios acusaron despojos de obras públicas y privadas mediante intimidación, así como extorsiones en retenes de alcoholímetro, en los que, afirman, participan grupos criminales.
El comunicado también señala directamente a la estructura sindical: “Denunciamos la desviación de las funciones sindicales legítimas del Sindicato CATEM Laguna Durango hacia actividades económicas ajenas a su objeto social y la portación de armas de fuego de su cuerpo de seguridad”.
Los firmantes exigieron seguridad para trabajar y denunciaron la expansión del problema, que ya afecta a municipios como Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo y Cuencamé, además de Gómez Palacio y Lerdo.
Las agrupaciones también impugnaron el papel de la CATEM en la supervisión de cuotas en los módulos de riego del Distrito 017, señalando usurpación de funciones y presencia de cuerpos armados.
El conflicto no es nuevo. Durante 2025, se registraron bloqueos en diversos puntos de la región por parte de transportistas y agricultores, quienes denunciaron extorsiones por parte de operadores sindicales.
La CATEM, encabezada por el diputado Pedro Haces Barba, negó las acusaciones y acusó a sus críticos de montar una campaña de desprestigio.
El contexto se complica por la operación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Durango. En 2025, aparecieron volantes atribuidos al CJNG que acusaban a funcionarios de colaborar con grupos rivales, lo que evidenció una disputa activa por el control territorial.
Reportes oficiales señalan que la presencia criminal, antes concentrada en la sierra, ha comenzado a extenderse hacia zonas productoras de la Comarca Lagunera, lo que ha incrementado el nivel de riesgo para los sectores económicos.
Otros grupos delictivos como Los Zetas y Cárteles Unidos mantienen presencia intermitente en la región.
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