El Gobierno federal analiza impulsar una reforma que eliminaría la facultad de los gobernadores para asignar notarías en sus estados, medida que trasladaría esa atribución a la Secretaría de Economía.
La propuesta, que podría presentarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones, contempla una reestructuración total del sistema notarial en México. De aprobarse, la federación asumiría el control sobre la creación y distribución de notarías, hasta ahora en manos del Poder Ejecutivo estatal.
La iniciativa también plantea establecer un tabulador de precios fijos para los trámites notariales, a fin de evitar cobros excesivos. En el oficialismo argumentan que, aunque existe una tarifa oficial, los costos reales que enfrentan los usuarios suelen ser mucho más elevados.
De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, la reforma se justifica como una medida en favor de la clase media y del sector productivo, donde los altos precios de los servicios notariales representan una barrera económica constante.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha señalado que algunas notarías, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, han incurrido en prácticas irregulares como la retención indebida de impuestos, lo que habría acelerado la discusión en Palacio Nacional.
La posible reforma ya provocó inquietud entre notarios del país, quienes comienzan a preparar estrategias legales y políticas para frenar la iniciativa. El tema también genera tensiones internas en Morena, debido a que varios exgobernadores colocaron a colaboradores, familiares o allegados como notarios públicos al finalizar sus mandatos.
Por ahora, la propuesta se mantiene en etapa de análisis, sin una fecha confirmada para su presentación formal ante el Congreso.
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