ES MUY PROBABLE que mañana el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) resuelva uno de los casos más calientes que le quedan en la agenda, previo a su extinción como la conocemos hoy.
Se trata de la investigación contra Amazon, que dirige aquí Pedro Huerta, y Mercado Libre, al mando de David Geisen, las dos principales plataformas de comercio electrónico en México.
Ambas se disputan un mercado de 790 mil millones de pesos, que son las ventas tan sólo de 2024, según la Asociación Mexicana de Venta Online. Significan 16% de las ventas minoristas totales en nuestro país.
La investigación, iniciada de oficio en 2022, ya resultó en un dictamen preliminar de la autoridad investigadora, a cargo de José Manuel Haro, que las acusa de establecer barreras a la competencia.
A los gigantes de Jeff Bezos y Marcos Galperin les cuestionan sus programas de lealtad Amazon Prime y Meli+, los algoritmos de selección de las ofertas destacadas y los sistemas de logística.
El Pleno integrado por Andrea Marván, Alejandro Faya, Ana María Reséndiz, Brenda Gisela Hernández, Giovanni Tapia, José Eduardo Mendoza y Rodrigo Alcázar deberá decidir si ratifica la acusación.
Además de sus bemoles, podría derivar en daños graves a los consumidores mexicanos, desde la desaparición de Amazon Prime y Meli+ hasta peores condiciones de envío de los productos adquiridos.
Si se insiste en acotar a las plataformas, se daría a Estados Unidos elementos para cuestionar los trabajos de la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard en el contexto de la renegociación del T-MEC.
De las observaciones plasmadas en el documento de la Oficina de Representación Comercial, de Jamieson Greer, figuran precisamente barreras de tipo regulatorio y fiscales al comercio electrónico.
Las señales del gobierno de Donald Trump son claras: si México no quiere correr la misma suerte arancelaria de Canadá, que gobierna Mark Carney, y Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, debe atender esas observaciones de la representación comercial.
Ojalá que los comisionados calculen bien sus movimientos, y no pongan en riesgo la relación con nuestro principal socio comercial en un momento tan delicado, sólo por las ansias de brillar de algunos de ellos. Es la típica frase: “la última y nos vamos”.
EL PLAN DE capitalización y financiamiento de Pemex es una oportunidad para cumplir con los compromisos de deuda de corto plazo, y mantener los planes de inversión de este año y de 2026. La pregunta es si serán suficientes los 250 mil millones de pesos para cumplir con ese objetivo. Y es que su viabilidad dependerá de una implementación acelerada de trabajos de exploración y producción de crudo y gas y de los 21 proyectos mixtos, más los 15 contratos CSIEE y CIEP que ya están operando con compañías privadas en regiones terrestres y aguas someras. El reto no es menor, considerando la declinación de la producción y la obsolescencia de plataformas y equipos de operación. La colaboración de los privados será fundamental para concretar el plan, cuyos resultados comenzarán a verse a finales de 2026 y tendrán un punto máximo de producción de combustibles entre 2029 y 2033. Este plan atraviesa necesariamente por el pago a proveedores, quienes ahora podrán agilizarlos en la ventanilla de Banobras, de Jorge Mendoza, que lidiará con las quejas que mantienen compañías nacionales e internacionales, porque, aunque se diga lo contrario, la deuda es de más de 22 mil millones de dólares.
HACE UNA SEMANA se llevó a cabo el Taller Trilateral sobre Medidas contra Sistemas Aéreos No Tripulados México-Estados Unidos-Canadá, donde participó gente de la FIFA por la seguridad de cara al Mundial de Futbol 2026. Acudieron numerosos proveedores de drones, sistemas antidrones y equipos de vigilancia. Quedó claro que nuestro país no cuenta ni con estándares ni con reglamentación para el vuelo de artefactos arriba de los 29 kilos en entornos urbanos. El asunto es otro foco de preocupación, porque grupos terroristas y cárteles de la droga cada vez emplean más los drones y aquí las secretarías de Seguridad y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que llevan respectivamente Omar García Harfuch y Jesús Esteva, lo mismo que la Defensa que comanda el general Ricardo Trevilla y la Marina al mando del almirante Raymundo Pedro Morales, e incluso la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de José Peña Merino, no han reparado en el tema, a menos de un año que se inaugure la justa futbolera.
EL FIN DE semana se inauguró la terminal T-MEC Puerto del Norte en Matamoros, parte de Mota Engil México de José Miguel Bejos. Cuenta con una superficie de 60 hectáreas y frente de agua de casi un kilómetro. Su meta es convertir un polo logístico de actividades off-shore de la industria de petróleo y gas, graneles minerales y agrícolas, acero, vehículos, carga general y contenedores. Una de sus ventajas es que disminuirá tiempos y costos de traslados de esta cuenca comercial, desde Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí, Laredo y Matamoros. Está a 80 kilómetros de la frontera. Implicó una inversión de cinco mil 600 millones de pesos en una primera etapa y otros cuatro mil millones en los siguientes años. Se implementará un plan de sustentabilidad para disminuir la huella de carbono utilizando energía solar. La compañía trabajó coordinadamente con la Autoridad Portuaria (API), el gobierno de Américo Villarreal y la Secretaría de Marina.
LA SEMANA PASADA, el FinCen emitió un documento cuyo fin fue atender preguntas sobre los alcances de la orden que derivó en las intervenciones de CI Banco, Intercam y Vector. Es decir, las huestes de Andrea Gacki buscan dar mayor certeza a los efectos de la orden que emitieron el 25 de junio. Reitera que la naturaleza de su reporte es civil y no penal… hasta ahora. La Unidad de Inteligencia Financiera ignoró requerimientos de información que, desde abril, ese organismo que depende del Departamento del Tesoro, que maneja Scott Bessent, le solicitó y que sí atendieron en su momento las instituciones administradas entonces todavía por Mario Maciel, Eduardo García Lecuona y Edgardo Cantú, pero que dolosamente Pablo Gómez no entregó a Estados Unidos.
LA REESTRUCTURA QUE sigue y que ya se volvió a complicar es la de Marzam. Su accionista principal, Luis Doporto, lleva semanas negociando con socios, laboratorios farmacéuticos, bancos y afianzadoras. Ya tiene el aval de las aseguradoras de crédito que garantizarán el pago a los proveedores. Se trata de Coface que preside Manuel Arévalo, Solunion que capitanea Federico Pronzati y Atradius que maneja David Capdevila. Pero ahora un problema inesperado surgió. Resulta que se había diseñado un mecanismo para el pago automático y que tendrá que ser replanteado otra vez. Es un fideicomiso en CI Banco, que tiene ahora como administrador a Sergio Meneses, de la firma Álvarez & Marsal. Marzam aún no decide si se mantendrá en la institución que dirigía Mario Maciel.