Norma Piña, presidenta saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que, pese a la inminente renovación del máximo tribunal, persistirá el desacato a sentencias que resulten incómodas para los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En entrevista concedida a unas horas de concluir su mandato, Piña sostuvo que el incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de otros poderes continuará, especialmente si se perciben como una invasión a sus facultades. “Tenemos muchas [sentencias] sin cumplir… va a seguir, porque hay muchas sentencias sin cumplir, que sí es preocupante”, afirmó.

Respecto a la reciente reforma judicial, Piña señaló que hubo un desacato abierto a suspensiones de jueces, especialmente en el caso de dicha reforma, lo que calificó como una muestra clara del debilitamiento del Estado de Derecho. Recordó que, a pesar de las suspensiones vigentes, autoridades federales decidieron no acatarlas y no hubo consecuencias penales ni administrativas.

La ministra también abordó el caso de los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señalando que Nacional Financiera (Nafin) incumplió un contrato al entregar recursos directamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe), sin esperar las instrucciones del Consejo. Aseguró que legalmente no existía impedimento para devolver los fondos al CJF y que el argumento de las suspensiones fue utilizado como pretexto.

Sobre el futuro financiero del Poder Judicial, Piña informó que las pensiones complementarias para jueces y magistrados están previstas en el proyecto presupuestal de 2026, pero se han enfrentado recortes y promesas incumplidas de ampliación por parte del Gobierno federal. Indicó que, aunque se han solicitado recursos adicionales ante Hacienda, hasta ahora no han recibido respuesta positiva.

En cuanto al nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituirá al CJF, Piña explicó que la Corte no pudo integrarlo por falta de consensos y votos suficientes, especialmente por la oposición de tres ministras afines al Gobierno. Destacó que, pese a que Néstor Vargas fue designado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum como integrante, el órgano como tal no está formalmente constituido.

La ministra también expresó preocupación por la desaparición de las dos Salas de la Corte, ya que, según dijo, suprimirá una vía fundamental para el estudio profundo de derechos humanos y casos relevantes, concentrando toda la carga en el Pleno.

Sobre su gestión, admitió que ciertos episodios, como su asistencia a una cena con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, pudieron haberse evitado para reducir desinformación y ataques políticos. También señaló que no se opuso a la reforma judicial por motivos personales, sino por principios institucionales.

Finalmente, Piña afirmó que la reforma judicial fue inevitable y que ya era parte de la agenda del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña electoral. Atribuyó su aprobación a factores como la sobrerrepresentación en el Congreso y el cambio de votos en el Senado.

En relación con los mensajes que dejaría a jueces y magistrados que inician funciones bajo el nuevo modelo judicial, Piña los instó a guiarse por los principios de autonomía e imparcialidad.