LAS EMPRESAS DE Estados Unidos solicitaron al gobierno de Donald Trump la prórroga de 90 días en la aplicación de los aranceles contra México, porque necesitan “tiempo”.
El plazo es para revisar cadenas de suministro, y ver si se pueden sustituir. También el inquilino de la Casa Blanca quiere que el gobierno de Claudia Sheimbaum elimine barreras a sus negocios.
Sobre todo, a la inversión en el lucrativo sector energético, particularmente en Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, y la CFE, al mando de Emilia Esther Cajella Alor.
Las firmas que invirtieron en energías renovables no han podido conectar sus plantas al sistema eléctrico, porque el Centro Nacional de Control de Energía, que dirige Ricardo Mota, se ha constituido en una barrera.
Contratistas reclaman pagos por más de mil 200 millones de dólares de trabajos ejecutados, piden abrir la participación en exploración en aguas profundas y aplicar el fracking para acelerar la extracción de gas y petróleo.
En el ámbito de la propiedad industrial, mayor combate a la piratería de marcas, medicamentos y contenidos digitales por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de Santiago Nieto y la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero.
Para llegar a la negociación del T-MEC, el gobierno mexicano debe eliminar las restricciones que impone a la exportación de maíz transgénico, y permitir la inversión estadounidense en la exploración y obtención de litio.
También rectificar abusos, prohibiciones y discriminaciones a las empresas en compras de gobierno, procesos aduaneros y certificaciones de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que lleva Armida Zúñiga.
La prórroga de 90 días y el inicio de la renegociación del T-MEC en noviembre, evitando la elevación de aranceles por arriba de 30 por ciento, es un gran logro, pero no significa que la incertidumbre en la inversión y generación de empleo esté resuelto.
Datos recientes de las Reservas Federales Regionales de Estados Unidos revelan que los consumidores en ese país ya están asumiendo casi la mitad del costo de los aranceles y Goldman Sachs predice que la carga será aún más desigual, al pagar hasta 70 por ciento de sobre costos.
Eso no es “gravar a países extranjeros”: es gravar a los estadounidenses y en ningún estado se sentirá más intensamente el golpe de esos aranceles que en Texas, que gobierna el “trumpista” Greg Abbott.
Analistas del sur estadounidense reconocen que el comercio con México es “nuestra sangre vital”. Incluso Trump, que durante mucho tiempo ha retratado a México como el “villano de su teatro político, sabe que no podemos ignorar cuánto los necesitamos”.
El apodo de TACO al Presidente de EU está más que ganado: Trump Always Chickens Out (Trump Siempre Se Rinde), y nunca ha sido más apropiado. Pero eso es poco consuelo para las compañías que lidian con el vaivén.
Para muchos texanos, la fanfarronería de Trump se siente menos como una táctica de negociación inteligente y más como una forma de “acoso comercial”.
“A MÍ ME nombró Andrés Manuel López Obrador, y él es quien me puede quitar”, palabras más palabras menos, le mandó decir un soberbio Pablo Gómez a Claudia Sheinbaum hace unos meses.
La Presidenta había constatado que el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) era un enemigo en casa. Y cómo no lo iba a ser, pues ni siquiera terminaba de sentarse en la silla presidencial cuando el viejo líder de la izquierda mexicana había mandado a investigar las cuentas personales y movimientos financieros de cuatro de sus principalísimos colaboradores: Luz Elena González, secretaria de Energía; Edgar Amador, secretario de Hacienda; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia. Cuando se enteraron en Palacio Nacional de tal afrenta, le pidieron la renuncia y esa fue su respuesta. El sábado se informó de la salida de Pablo. Quien se perfila para asumir la UIF es Omar Reyes Colmenares, director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, encargado del sistema penitenciario federal, gente de García Harfuch.
ROBERTO LAZZERI ES otro que también se perfila, pero para ser el nuevo director de Nafin y Bancomext, en sustitución de Luis Antonio Ramírez. Con ello, dos de los tres alfiles de Rogelio Ramírez de la O ascienden en sus posiciones. La actual Titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales, María del Carmen Bonilla, como subsecretaria de Hacienda, y ahora el jefe de la Oficina del secretario de Hacienda. Falta un tercero: Rodrigo Mariscal, jefe de la Unidad de Planeación Económica. Lazzeri, aquí le platicamos, fue el que intermedió las gestiones del sector financiero y, particularmente, la banca mexicana con el Departamento del Tesoro de Scott Bessent en los temas de lavado de dinero, desde la reunión con miembros de la Asociación de Bancos de México, que preside Emilio Romano, con el enviado Scott Rembrandt, hasta la gira en Washington para acompañar la investigación en CI Banco, Intercam y Vector que fueron acusadas por el FinCEN.
DESDE HACE POR lo menos dos meses que Iberdrola inició el proceso de venta de sus restantes 15 plantas de generación eléctrica. La secretaria de Energía, Luz Elena González, ya lo sabía y es poco menos que imposible que, por ende, la presidenta Claudia Sheinbaum, no lo supiera. Llama la atención que se muestre sorprendida, máxime, porque Katya Somohano, la directora de Iberdrola en México, es cercanísima a la propia González Escobar y se lo hizo saber con antelación. Katya, una experta en el sector eléctrico, desafortunadamente, quedó en el aire, tras los bruscos cambios de quien es el artífice aquí de la poderosa multinacional de energía española, David Mesonero. Había sido nombrada apenas un año atrás y tenía una abultada agenda de trabajo que incluía desarrollar nuevos proyectos con una inversión superior a los mil millones de dólares. Como le anticipé y se confirmó un par de días después, COX Energy, de Enrique Riquelme, alzó la mano para comprar al conglomerado de Ignacio Galán. Ya firmaron un acuerdo en principio. Les van a financiar la adquisición.
EL 30 DE julio, policías de investigación de la CDMX detuvieron a Jacques Lebois, hermano de Rodrigo, fundador de Unifin. Le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por los delitos de fraude y abuso de confianza por más de 50 millones de pesos. Jacques es dueño de la financiera Affinitas Medios de Pago, que tuvo amplia relación con la arrendadora de aquél, ambas arrastradas por la crisis de impagos. Los Lebois se han visto envueltos en un sinfín de procesos legales. Actualmente, Rodrigo cuenta con cinco órdenes de aprehensión derivado del concurso mercantil de Unifin y hace medio año su hija, Almudena, fue detenida unas horas y liberada por las gestiones del abogado de la familia. El 1 de julio los abogados de Lebois, Juan Carlos Hevia y René Villanueva, volvieron a intervenir librando a Jacques de la prisión. ¿Los problemas se les acabarán?
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