Luego de una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump, la Casa Blanca informó que aplazó durante 90 días la aplicación de aranceles contra las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, manteniendo, hasta entonces, el acuerdo actual que establece que los productos protegidos por el T-MEC continuarán con tasa cero; mientras, se mantienen tasas de 25% para la industria automotriz y 50% a acero, aluminio y cobre. Sin duda, una decisión beneficiosa para México.
Pero aparentemente hubo mucho más, porque se informó que México se comprometió a levantar todas las barreras comerciales no arancelarias, que son muchas, según dijo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pero también la propia presidenta Sheinbaum divulgó que el acuerdo contempla la firma, en los próximos días, de un convenio de seguridad entre ambos países, que estaría ya terminado y listo para firma, y cuyos términos aún no se conocen.
Mucha de esta información se debe desglosar para comprender su verdadera trascendencia. Sin duda, es bueno el aplazamiento de 90 días, manteniendo los criterios del T-MEC, porque eso nos sigue dando una ventaja comercial, a pesar de los otros aranceles, muy importante.
Pero hay que prestarle especial atención a lo de la eliminación de las barreras comerciales no arancelarias. No sabemos de qué se está hablando. Estados Unidos se quejó sobre una serie de barreras no arancelarias por parte de México que afectan sus exportaciones, entre ellas, la burocracia en las aduanas, los retrasos en los registros sanitarios de los productos, en la negativa de permisos para la importación de glifosato, imprescindible en la agricultura y que, en su momento, fue cancelado por López Obrador, pero, sobre todo, en la falta de competencia en telecomunicaciones y en los privilegios a empresas estatales de energía.
Saber si todos estos temas están involucrados en la negociación del levantamiento de barreras no arancelarias es clave, porque implicarían cambios muy importantes en áreas como las telecomunicaciones y la energía, que han estado muy restringidas desde la administración López Obrador y, en ocasiones, desde antes. Podrían resultar cambios muy positivos, o no, de acuerdo en cómo estén planteados.
Es muy importante también el acuerdo en seguridad, que, según dijo la Presidenta, está terminado y listo para firma. No sabemos qué incluye, aunque necesariamente deberá tener capítulos de colaboración conjunta en muchos aspectos, incluyendo la inteligencia, la información y ciertas operaciones. En el tema sigue sobre la mesa la demanda de la Casa Blanca de que México desmantele las redes políticas de protección de los cárteles, lo que no parece estar en la agenda inmediata de Palacio Nacional. Y capítulos que se pueden relacionar con los no arancelarios, como la demanda para establecer aduanas conjuntas. Habrá que conocer los términos de este convenio en seguridad para saber cuáles son sus alcances y los compromisos a los que se arribó.
Porque, más allá de estos acuerdos en seguridad, los procesos contra criminales mexicanos en ese país siguen y hay dos que probablemente sí acabarán en juicios y cuyas audiencias se insertan en el plazo de 90 días establecido ayer. Y que son y serán fuente de presiones.
El 25 de agosto será la nueva audiencia de Ismael El Mayo Zambada y, pocos días después, el 18 de septiembre, la de Rafael Caro Quintero. Dos criminales que corren el riesgo de recibir la pena de muerte, según ha adelantado la Fiscalía de Nueva York que lleva ambos casos. En el caso de Enrique Camarena, el entonces agente de la DEA asesinado en Guadalajara en 1985 y que involucra directamente a Caro Quintero, se anunció que se presentarán ante el jurado las cintas existentes en las que se escucha la tortura a la que fue sometido Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala. Si no me equivoco, parte de esas cintas se pudieron escuchar en el documental The Last Narc. Pero, en esa lógica, en ese juicio se ampliará la lista de personas involucradas y el tema llegará, inevitablemente, a Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, y que, más allá de que aquí no se lo considere involucrado, en Estados Unidos siempre ha sido considerado parte del caso. Y en las negociaciones para evitar la pena de muerte, tanto El Mayo como Caro pueden confirmar muchas de las cosas que les presente la Fiscalía neoyorquina. Las que sean.
El tema, en última instancia, como hemos dicho estos días, es el empaquetamiento de todos los temas, los políticos, los judiciales, los de seguridad, los económicos y comerciales en una misma negociación, donde, para obtener algo en alguna de ellas, se deba conceder en las otras, aunque no tengan nada que ver.
Por eso es importante saber cuáles son los acuerdos y sus términos, tanto en barreras no arancelarias como en seguridad y también los compromisos adquiridos que trascienden esos ámbitos para tener una visión completa, que todavía hoy no tenemos, y saber en qué lugar estamos parados en la relación con Estados Unidos.
Y recordar que en enero comenzará la negociación de un nuevo T-MEC y, si no queremos que lo comercial se termine negociando junto con la política y la seguridad, para esa fecha esos temas deberían estar resueltos. Ya veremos, son semanas decisivas en muchos ámbitos.