Rector porque sí

El plan comenzó mucho antes. En la UV, el rector puede concursar por un segundo periodo, tras enfrentar a otros candidatos. Luego, la Junta de Gobierno, máxima autoridad universitaria, decide. Pero cualquier aspirante debe cumplir un requisito esencial: tener menos de 65 años cuando se le nombre.

Aguilar, el actual rector, cumplió 65 años en julio, me dijo Norma Trujillo, su jefa de prensa. No cumple ese requisito. Cuando Arias Lovillo recibió la llamada, Aguilar llevaba tiempo tratando de cambiar la Ley Orgánica universitaria, eliminando el requisito de la edad. No tuvo éxito. Entonces, la Junta ideó otro mecanismo para ayudarlo.

La Suprema Corte ha dicho que es inconstitucional requerir edad para obtener un empleo. Entonces, Aguilar pudo ampararse. ¿Por qué no lo hizo? Lo busqué para preguntarle. Me dijo que hablara con Trujillo, su jefa de prensa. “Él sabía que le pondrían trabas por la edad”, me dijo ella. “Su deseo es terminar sus proyectos pendientes”.

Sin embargo, terminar proyectos no valida saltarse las reglas, me dijeron académicos y exmiembros de la UV, una comunidad que conozco porque allí estudié mi licenciatura. En la UV perciben un clima “hostil”, muchos tienen miedo de hablar y no entienden la decisión del rector para quedarse de este modo.

Angélica Buendía parece tener una respuesta a por qué Aguilar decidió no ampararse. Ella fue integrante de la Junta de Gobierno. Por primera vez, me dio una entrevista sobre el caso. Me dijo que, ante la Junta, Aguilar fue claro: quería continuar en el puesto. Se estaba considerando un amparo por la edad. Pero en otra reunión, Buendía dijo que “seguramente él no podría participar en el proceso de reelección”, ya que en un caso similar (en otra universidad), la Corte rechazó un amparo.

En mayo, en otra sesión, varios miembros de la Junta, me dijo Buendía, analizaron la legislación universitaria y “encontraron un recoveco en la interpretación de la ley, que hablaba de una prórroga, evaluada por la Junta”. Un integrante propuso cambiar ahí mismo su reglamento interno. Ella le respondió que “no se puede legislar ex profeso para una persona”.

En las siguientes semanas, mientras una parte de la comunidad apoyaba la prórroga y otra, incluidos estudiantes, la rechazaba, miembros de la Junta “empujaban para avanzar en la prórroga”, me dijo Buendía. Ella se negaba. “No quería ser parte de algo así. Respeto y reconozco al rector, pero mi compromiso es con la Universidad”. A principios de junio, Buendía renunció a la Junta. Días después renunció otra integrante, Haydee Zizumbo, quien me dijo que “no coincidía con la interpretación que se estaba haciendo de las leyes”. Los siete miembros restantes aprobaron la “prórroga”. “Si es una prórroga, él cumple el requisito. Tenía menos de 65 años cuando lo nombraron por primera vez”, me explicó un jurista de la UV.

“Aprovechando un concepto no regulado, vago e impreciso, la Junta de Gobierno inventó un procedimiento que no existía”, me dijo Alberto Olvera, quien formó parte de la Junta durante años. “La Junta interpretó la ley, cuando no tiene facultades para hacerlo”, me dijo otra fuente jurídica de la UV.

En los últimos meses, se presentaron nueve amparos contra el nombramiento. Los revisé. Contrario a lo que ha divulgado la UV, los jueces negaron medidas cautelares, pero no analizaron el fondo de las decisiones de la Junta. El miércoles, en un hotel, no en una instalación universitaria, Aguilar recibió el aval de la Junta para seguir, a partir de este lunes, como rector.

Muchos detractores aseguran que detrás del caso está Morena. No encontré suficiente información que lo sostenga. Lo que sí confirmé es que el proceso ocurrió de modo irregular. En la UV dicen que será una rectoría de hecho, aunque los amparos continúen. Y advierten al resto del país: este caso importa, porque la estabilidad y la legalidad en las universidades públicas son un pilar de nuestra democracia.