TRAS LA DECLARACIÓN, el 20 de febrero pasado, de seis cárteles mexicanos de drogas como “organizaciones terroristas internacionales”, los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron un trabajo conjunto.
Por el lado de la administración de Donald Trump, el Departamento del Tesoro de Scott Bessent y su brazo investigador de inteligencia financiera, el FinCEN, comandado por Andrea Gacki.
Por México, la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador, con el “apoyo” del SAT que lidera Antonio Martínez Dagnino, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de Jesús de la Fuente y la Unidad de Inteligencia Financiera al mando, todavía, de Pablo Gómez.
En abril, México recibió la notificación de que EU tenía bajo investigación a 10 empresas financieras, de las cuales tres eran la prioridad por, presuntamente, colaborar con negocios ligados a los cárteles.
Desde entonces se estrechó más la cooperación entre las autoridades de ambos países: el FinCEN pasó una lista de 400 empresas que detectó que operaban con CI Banco, Intercam y Vector.
Se cree que son razones sociales relacionadas con el Cártel de Sinaloa, y quien las señaló fue el mismo Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, como parte de sus acuerdos con EU.
La embajada de Ronald Johnson fue el conducto del FinCEN para solicitar la información a los grupos que, todavía entonces, pertenecían a Jorge Rangel de Alba, Eduardo García Lecuona y Alfonso Romo.
Todo marchaba bien en la coordinación del Tesoro y Hacienda, tan bien, que una vez procesada la información que el primero solicitó, el plan era salir pública y coordinadamente a informar de una acción conjunta.
Pero la acción no implicaba jalar el gatillo contra CI Banco, Intercam y Vector, sino contra esas 400 empresas y la aplicación de sanciones menores para que corrigieran protocolos contra el lavado de dinero.
¿Qué sucedió? Que ni Gómez ni De la Fuente subieron la información ni a la embajada estadounidense ni al FinCEN, porque recibieron la orden de bloquear los trabajos que desde abril habían iniciado las autoridades.
Cuando, el 26 de junio, EU anunció que había denunciado a las tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, ¿qué hizo el gobierno de la 4T?
De entrada, exigió pruebas de los dichos del Tesoro y el FinCEN, y se manifestó sorprendido por la actuación del gobierno de Trump, al recurrir a la narrativa de la no subordinación y desconociendo el camino andado.
Los primeros sorprendidos fueron los dueños de CI Banco, Intercam y Vector, porque entregaron la información que les pidieron y porque jamás creyeron que sus negocios quedarían sepultados, como ya lo están.
¿Hasta dónde influyó Andrés Manuel López Obrador, cuyo jefe de la Oficina de su Presidencia, Romo, estaba denunciado por EU, para desbarrancar la coordinación del Tesoro y Hacienda?
¿MINTIERON EL FINCEN y el Tesoro en su denuncia? Estados Unidos necesitaba presionar a México y la mejor forma era a través de una sanción como la de CI Banco, Intercam y Vector, porque las autoridades mexicanas no reaccionaron ante las solicitudes de cooperación con la diligencia que aquéllos esperaban. Las huestes de Scott Bessent tuvieron que sancionar, y tomaron los ejemplos que tenían a la mano de muchos más. Hay que recordar que estas tres instituciones sancionadas sirvieron como trampolín o como mecanismo cambiario, pero los dineros surgieron originalmente de cuentas en otros vehículos financieros y bancos, de gran tamaño y sistémicos, algunos donde los mismos clientes que hicieron las operaciones cambiarias o de transferencia tenían sus dineros en cuentas. Las pruebas el Tesoro y el FinCEN las tienen. Dicho de otra manera, los clientes (empresas que hicieron operaciones a través de CI Banco, Intercam y Vector), normalmente guardan sus recursos en bancos y usan solamente servicios cambiarios y de transferencia. Preocupa pensar que el gobierno mexicano no haya querido colaborar con Estados Unidos. Otras instituciones con investigaciones en curso son el Banco del Bajío, de Salvador Oñate; Black Wallstreet Capital, de Juan Carlos Minero, así como las casas de bolsa Invex, de Juan Guichard, y Kuspit de Rodrigo Ocejo.
LA SECRETARÍA DE la Marina no ha podido desalojar a Servicios Aéreos Estrella (SAE) del Aeropuerto de Toluca, donde paulatinamente y desde el sexenio anterior ha ido tomando el control de esa terminal aérea que fuera del gobierno del Estado de México, que gobierna Delfina Gómez, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Javier Villazón, y la empresa Aleática, que encabeza Rubén López. La milicia, que capitanea el almirante Raymundo Pedro Morales, ya se hizo de la parte comercial, pero no ha logrado tomar control de la joya de la corona, que es la aviación privada y todos los hangares de particulares que desde hace unos 25 años tiene concesionado el grupo de Estrella Baz y su marido Juan José Simón. Por lo que se sabe, éstos están siendo presionados con varias carpetas de investigación que la Marina ha promovido en la Fiscalía General de la República, que es comandada por Alejandro Gertz Manero, en las que se denuncian desde irregulares administrativas hasta actos delictivos derivados de vuelos que salen e ingresan por sus instalaciones.
CON RELACIÓN AL tema de la hondureña Millfoods y el supuesto adeudo de 100 millones de pesos con más de 500 trabajadores y unos cinco proveedores de su planta de Salamanca, es el CEO de la compañía, Jesús Navarro, el que nos aclara que su grupo no tiene ningún pago pendiente con nadie. Asegura que es la empresa GIASA, con la que tuvo una relación comercial, la que no paga a sus propios empleados y a varios de sus subcontratistas. Reconoce que hay un procedimiento legal en curso con ellos que se trata de solucionar, porque efectivamente trabajó en la construcción de su molino, el más grande del mundo para procesar maíz no genéticamente mejorado, pero que por incumplimientos le canceló anticipadamente el contrato que firmó en noviembre de 2023. Al parecer, el fin del acuerdo detonó una insolvencia que ahora se les quiere achacar. Estructuras Metálicas estaba subcontratada por GIASA.
SANTIAGO NIETO ACUSÓ recibo de nuestro comentario del lunes, porque el martes el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) salió a aclarar en su cuenta de X: “Con relación a la solicitud de registro de marca de Casa Frida presentada por Alejandro Martínez Araiza ante el IMPI, el 26 de mayo de 2022, les comparto que el 20 de septiembre de 2023, se negó la marca por lo siguiente: la denominación propuesta, al crear un vínculo con la artista Frida Kahlo es susceptible de generar un riesgo de asociación o causar un error o confusión entre el público. Por la existencia del registro previo 1235423 FRIDA KAHLO. A la fecha no se tiene conocimiento que la resolución haya sido impugnada. El IMPI actúa en el marco de la LFPPI y continuará en la misma posición defendiendo los derechos de los titulares de las marcas y protegiendo a la Propiedad Indistrial en México”.
NEWMONT MÉXICO FUE reconocida por sus credenciales ESG por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), según su informe de Empresas Socialmente Responsables 2025. Esto marca el decimoctavo año consecutivo que la compañía, que opera la Mina Peñasquito en Zacatecas, recibe la distinción. El premio se basa en una evaluación de múltiples criterios, entre los cuales se encuentran derechos humanos, sostenibilidad ambiental, gobernanza ética, relaciones laborales, integridad en la cadena de suministro, desarrollo comunitario y equidad de género.
En sus operaciones mineras, Newmont fue reconocida por el uso eficiente del agua y la energía, la reducción de emisiones y la gestión responsable de residuos. Según Tom Palmer, director ejecutivo de Newmont Corporation, la compañía sigue enfocada en crear valor y mejorar vidas a través de la minería sustentable.