Un grupo de 22 exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y exmagistrados electorales hizo un llamado a actores políticos, académicos, organizaciones empresariales y sociedad civil para participar en un diálogo nacional que permita construir una reforma electoral sustentada en amplios consensos, no únicamente en mayorías legislativas.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Woldenberg y Alejandra Latapí, quienes sostuvieron que “una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos”. Aseguraron que el proceso de reforma debe ir más allá del respaldo legislativo y considerar las voces de las minorías.
Plantearon seis ejes para integrar en la iniciativa, entre ellos, preservar y fortalecer la autonomía de los organismos electorales en los ámbitos federal y estatal, así como corregir los esquemas de sobrerrepresentación y subrepresentación mediante una distribución proporcional de los escaños en el Congreso, conforme a los votos obtenidos por cada fuerza política.
También propusieron mantener el actual modelo de designación del Consejo General del INE, rechazando que sus integrantes sean elegidos por voto popular. Argumentaron que en estos cargos deben prevalecer el conocimiento, la imparcialidad y la experiencia técnica, con designaciones realizadas por el Congreso.
En cuanto al Poder Judicial, plantearon que la elección de ministros, jueces y magistrados se base en criterios de capacidad técnica, independencia y méritos profesionales, como parte de una carrera judicial sólida.
Luis Carlos Ugalde, director general de la consultora Integralia, advirtió sobre el riesgo de que la reforma electoral derive en el desmantelamiento del INE y afecte la integridad democrática, tras la designación de Pablo Gómez al frente de la recién creada Comisión electoral del Ejecutivo federal.
Ugalde recordó que Gómez fue quien elaboró el llamado Plan A del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que incluía la eliminación de los legisladores plurinominales, la elección por voto popular de consejeros electorales y la reducción del financiamiento público a partidos políticos.
