Norma Piña y la República

El día de hoy, México asistirá a un momento que difícilmente volverá a repetirse en su futuro: la presidenta de la SCJN citó, para la sorpresa de propios y extraños, a una última sesión extraordinaria a los ministros (as), para analizar impugnaciones relacionadas con la elección judicial de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), cuando de hecho ya se creía destruido, para la gran tragedia de México, el sistema de la división de poderes. De prosperar la nulidad de dos magistrados electos a través de violaciones a las leyes, México recuperaría la legitimidad de sus órganos electorales, hoy en día, en manos perversas, de lo contrario, si los nuevos magistrados “electos” por las pandillas morenistas, ¿cuál pueblo…?, llegaran a ejercer sus cargos, volveríamos al “fusílelos y luego averiguamos”, que creíamos haber superado.

Son dos frentes de una misma guerra jurídica: el primero, bajo la competencia de la Corte, centrado en impugnaciones a la elección de magistraturas electorales; el segundo, con el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, del TEPJF, que propone anular justificadamente la elección de la nueva SCJN por la distribución ilegal, de guías de votación -los famosos “acordeones” elaborados y difundidos de manera coordinada en 26 entidades del país- que distorsionaron la voluntad ciudadana para favorecer a los 9 candidatos de Morena, finalmente electos para la Corte, violando los principios de legalidad, certeza y equidad. Hablamos de un mecanismo de manipulación prohibido por la Constitución, desplegado a escala nacional, con impacto real y determinante en los resultados. El proyecto de Reyes Mondragón es jurídicamente sólido: identifica la infracción, prueba su carácter generalizado, vincula causalmente su uso con el resultado y sostiene que, bajo la Constitución, el efecto debe ser la nulidad.

¿Los nuevos ministros llegarían a ejercer el cargo violando la Constitución que jurarían defender?

Reyes Mondragón se encuentra casi solo, pues junto con Janine Otálora, representa una franca minoría ante los magistrados trogloditas, como Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, estos últimos, enemigos de los supremos intereses de la nación, que integran la actual Sala Superior. Son los mismos que avalaron aviesamente la sobrerrepresentación legislativa que le permitió a Morena contar con la mayoría calificada para reformar la Constitución y proceder así a la destrucción institucional de la República. Una disculpa: cuando los califiqué como trogloditas, en realidad quería decir cavernícolas, prehistóricos…

En ningún caso ni circunstancia, puede impartir justicia un ministro que accedió a su cargo después de violar los principios de equidad, libertad del voto y autenticidad establecidos por la ley.

Si la nulidad propuesta por Reyes Mondragón llegara a declararse, un objetivo gratificante de salud pública para continuar construyendo un Estado de Derecho con garantías ciudadanas para todos, quedará constancia de que la justicia mexicana se impuso al cálculo político retardatario, reaccionario, enemigo salvaje de la convivencia civilizada entre mexicanos. Si se rechaza, no solo quedará constancia de que los guardianes de la Constitución se convirtieron en sus sepultureros, sino que, ante la desaparición de la legalidad y la absurda imposición de la política obscena, la opción válida a seguir consistirá en resolver nuestras diferencias con las manos con todas sus consecuencias. Ninguno de los ministros (as) electos (as), con un mínimo de dignidad y patriotismo, podrá protestar guardar y hacer guardar la Constitución, cuando ellos mismos la pisotearon. ¿Asistiremos a un escenario en el que la primera presidenta de la República en nuestra historia lograría expulsar a la primera ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Es difícil, mas no imposible, que la ínclita Norma Piña gane la votación para anular la elección de 2 magistrados del TEPJF, porque se requieren 8 votos para lograrlo y solo cuenta con 6 ministros patriotas respetuosos del Estado de derecho, por lo que el futuro de la administración de justicia es más negro que el hocico de un lobo, pero lo último que se pierde es la esperanza. Impongámosles, por lo pronto, a la ministra Piña y al magistrado Reyes Mondragón un laurel de honor.