El envío de 26 narcotraficantes a Estados Unidos se inscribe en el anterior envío de otros 29 criminales. Insistimos en la palabra envío porque eso es lo que se hizo, no son extradiciones, sino entregas justificadas en la seguridad nacional, en la capacidad de operación de estos personajes desde las cárceles y sus posibilidades de corromper la justicia para beneficiarse de ella.
Podrá haber opiniones en contra, pero son decisiones positivas y necesarias que reconocen, por una parte, la presión de todo tipo que ejerce la administración Trump, pero también nuestras exigencias, posibilidades y carencias en el ámbito de la seguridad.
Pero este segundo envío de criminales a Estados Unidos es diferente al primero. En aquél, la enorme mayoría, como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes o los hermanos Treviño Morales, eran narcotraficantes detenidos desde tiempo atrás, con una larga carrera criminal, pero con presencia marginal en los últimos años, aunque mantuvieran espacios de operación desde los reclusorios.
Los delincuentes enviados esta semana son, en su mayoría, operadores clave de los distintos cárteles, la mayoría de ellos detenidos recientemente, varios incluso en la presente administración. Están algunos de la vieja escuela, como el cuñado de El Mencho, Abigail González Valencia, líder de Los Cuinis y operador principalísimo del CJNG, o Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, detenidos desde hace años, pero la mayoría son figuras que operaron el sexenio pasado.
Los hay de todos los grupos, pero la mayoría tienen relación directa con Los Chapitos: Martín Zazueta y Kevin Gil, El 200, fueron jefes de seguridad de Iván Archivaldo y fueron detenidos meses atrás, lo mismo que Leobardo García, Jesús Guzmán Castro, Hernán Domingo Ojeda o Baldomero Fernández Beltrán, El Mero. Entre Los Mayitos, la única figura importante es Juan Carlos Félix, el yerno de El Mayo, también detenido semanas atrás.
La lista permite comprender dos cosas: primero, que Los Chapitos están perdiendo la guerra contra sus rivales y, segundo, que las fiscalías de Estados Unidos se atascarán de información sobre la operación de estos grupos en los últimos años. Decía un conocedor de estos temas que, en realidad, la justicia estadunidense no necesita tanto de los testigos colaboradores para que les den información, como para que la ratifiquen, testifiquen y, así, poder judicializar la información que ya tienen. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo decía en días pasados en Fox News, cuando reconocía que su gobierno sabe mucho más de lo que ocurre en México y con los cárteles de la droga de lo que muchos creen.
Por lo pronto, sobre todo si la administración Sheinbaum está preparada para lo que viene y asume que debe desprenderse del lastre del pasado, el envío de criminales a Estados Unidos es una muy buena noticia.
Respecto a la colaboración con EU, lo que puede darnos algunas pistas sobre el futuro de la misma es el vuelo ayer, en torno a toda la zona de Valle de Bravo, por un dron militar de Estados Unidos. Ésa es la zona de operación de los hermanos Olascoaga, El Pez y La Fresa, objetivos de los dos gobiernos, y contra los que se dirigió el operativo Liberación en el Estado de México semanas atrás. Dijo el secretario García Harfuch que fue una acción de vigilancia coordinada con autoridades mexicanas. Me imagino que así fue, porque resultó muy visible, pero pronto vamos a saber si esos recorridos de vigilancia han tenido resultados operativos o no y, si es así, veremos que se repetirán, y en forma asidua, en el futuro.
Y, mientras tanto, en las cortes de Texas siguen los procesos contra Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila, los dos empresarios tabasqueños acusados de pagar sobornos en Pemex durante la pasada administración y acusados en la Unión Americana, donde tienen su residencia, por sus nexos con Pemex, con el pasado gobierno tabasqueño y con distintos personajes políticos.
Lo mismo que los integrantes de la familia Jensen, detenidos en Utah, están acusados de corromper a autoridades mexicanas y de operar fraudulentamente desde territorio estadunidense. El cauce de información que se puede abrir en torno al multimillonario negocio del contrabando de combustible puede ser políticamente tan temible como el de la red de protección al tráfico de drogas.
- SE HIZO JUSTICIA
Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado en la primera etapa de la pasada administración, no sólo desfalcó a ese instituto como lo denunció, entre otros, su sucesor al frente de esa responsabilidad, Jaime Cárdenas, sino que también acosó sexualmente a sus trabajadoras.
El caso fue denunciado, en su columna de La Razón, por la periodista, mi compañera, Bibiana Belsasso, con base en los testimonios de las víctimas. Utilizando los contactos que conservó en la 4T, Rodríguez Vargas amenazó y demandó a Bibiana por daño moral y, a pesar de que perdió todas y cada una de las instancias legales, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ayer terminó por desechar en forma unánime, por notoriamente improcedente, su solicitud de amparo. Bibiana tardó cuatro años en demostrar que su denuncia y la de las víctimas, que es lo más importante, era verídica y legítima, y finalmente Rodríguez Vargas pudo ser exhibido como lo que es, un abusador que cometió, además, actos de corrupción. Falta que la justicia, ahora, siga también su curso.
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