OTRA VEZ, EL barbero de Gianni Infantino se le rindió a los pies a Donald Trump. Por enésima vez el presidente de la FIFA estuvo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
“Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, lo puede tocar”, le dijo Infantino a Trump el viernes, refiriéndose al trofeo de la Copa del Mundo, a propósito del anuncio del sorteo para la fase de grupos.
Ser una de las sedes del próximo Mundial, pero sobre todo ser la encargada de la inauguración y protagonista del partido inicial, implica una enorme responsabilidad social, política y económica para la Ciudad de México.
La Presidenta está consciente, y por eso dio a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el liderazgo de la Mesa Política de la organización de este evento, que atraerá a 5.5 millones de visitantes.
Claudia Sheinbaum instruyó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; a la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y a la representante de México para la Copa Mundial, Gabriela Cuevas, allanarse a esa Mesa.
También lo harán los gobernadores de extracción emecista, Samuel García, de Nuevo León, y Pablo Lemus, de Jalisco, porque Monterrey será sede de cuatro partidos y Guadalajara de otros cuatro.
Pero el foco de Infantino está hoy centrado, principalmente, en la CDMX, donde tendrán verificativo cinco partidos, incluido el magno evento inaugural, y el segundo más importante de todo el torneo: el inicial.
Y es que la CDMX ya va rezagada en cuanto al desarrollo de infraestructura para asegurar una buena recepción, estancia, movilidad y seguridad de los visitantes, de ahí que Rosa Icela haya entrado al quite.
A menos de un año de la justa futbolera, el gobierno de la ciudad apenas constituyó un fideicomiso con una bolsa de cuatro mil millones de pesos del BBVA, que dirige Eduardo Osuna, para realizar obras estratégicas.
El tema de la seguridad a los visitantes no se ha podido controlar, y el ejemplo más claro son las cada vez más recurrentes manifestaciones contra la gentrificación que denotan racismo y xenofobia contra extranjeros.
Pero existe un tema adicional: hasta ahora el gobierno de la 4T no ha firmado con la FIFA garantías comerciales, fiscales, laborales y de seguridad, motivo por el cual, señalan fuentes con conocimiento, Infantino no ha querido venir a México.
En lo fiscal, por ejemplo, a la Federación Internacional le preocupa la doble tributación de que sería objeto por el SAT, instancia a cargo de Antonio Martínez Dagnino, y que le resultaría altamente oneroso.
Se espera que para septiembre queden debidamente acordados y firmados esos términos, que también son parte de las funciones que Sheinbaum le encomendó a Rosa Icela seguir y rubricar.
En el ámbito social hay otro gran tópico que se empieza a visualizar como retador para el gobierno de Brugada: el aforo de la población mexicana a la inauguración y al primer partido de futbol.
Es un hecho que los grupos radicales que están contra la gentrificación son los más afectados. Sólo 1% de la población tiene la capacidad de pagar el paquete de 15 mil dólares por los tres partidos y uno de cortesía.
El Estadio Azteca tendrá una capacidad máxima de 90 mil personas, y en ese reducido espacio habrá decenas de europeos, estadounidenses, canadienses, asiáticos y sudamericanos que querrán un lugar.
Por lo anterior, no es remoto que hasta los mexicanos medianamente pudientes sean desplazados por los turistas que estarán dispuestos a pagar el doble, triple, cuádruple y hasta el quíntuple por un boleto de reventa.
Un asunto en el que muchos se escudarán para enrollarse en la clásica narrativa del clasismo, discriminación y pérdida de soberanía que alimenta a las bases de Andrés Manuel López Obrador, pero que, ya vimos en este “dorado verano cuatroteísta”, es pura simulación.
CI BANCO HIZO bien en retirar la demanda que interpuso contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que capitanea Scott Bessent, por la acusación, de presuntamente, lavar dinero para los cárteles de la droga. El banco mexicano había considerado que el gobierno de Donald Trump emitió ilegalmente órdenes que le imponen una pena de muerte, sin presentar pruebas, violar el debido proceso y negarle el derecho a defenderse. La fallida demanda la había aconsejado el afamado abogado Alonso Aguilar Zinser para darle entrada a Quinn Emanuel y a su litigante estrella, Juan P. Morillo, famoso en las lides mexicanas por intervenir en las defensas de empresarios, como Alonso Ancira, Gonzalo Gil White, Martín Díaz y Roberto Jenkins, y políticos como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el exgobernador de Chihuahua, César Duarte; el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y el exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos.
COMO EN EL panel del maíz transgénico, México se enfila a perder, ahora, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el arbitraje del pleito con Vulcan Materials por la expropiación que hizo Andrés Manuel López Obrador de la cantera de piedra caliza y terminal marítima que la empresa estadounidense, muy amiga de los republicanos afines a Donald Trump, tiene desde hace dos décadas en Playa del Carmen, Quintana Roo. El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su gobierno negocia un plan alterno para “librar” el panel y arreglarse con la empresa que preside Thomas Hill, y evitar una inminente condena que llevaría a su gobierno a pagar unos mil 500 millones de dólares por los caprichos del tabasqueño, otra mal herencia de él, su secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Estamos ante el colofón de una disputa entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la nueva secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que llevaba meses atrás, en donde el primero pugnó por darle una salida política al conflicto frente a la segunda, que mantenía el enfrentamiento con los extranjeros.
EL TRIBUNAL DE enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra del empresario Ermilo Castilla Roche, resolución que su defensa calificó como una grave injusticia al considerar que el fallo ignoró pruebas clave ofrecidas durante el juicio y desestimó objeciones fundadas sobre la obtención y valoración de evidencia. De acuerdo con los antecedentes, Fernando Ponce García otorgó a su yerno un poder notarial con el propósito de que administrara parcelas de su propiedad ubicadas en la isla de Holbox. Sin embargo, meses después, tras diversos actos realizados por Castilla Roche en ejercicio de dicho mandato, el ahora exsuegro revocó el poder y lo acusó de haber actuado sin su consentimiento. Con base en esta acusación, Ponce García promovió una denuncia en contra de Castilla Roche, a quien señaló por fraude específico. El proceso derivó en un juicio que atrajo la atención pública por la relevancia económica de los bienes en disputa y por el trasfondo familiar que expuso la ruptura entre ambas partes.
EL VIERNES, LA Secretaría de Hacienda dio a conocer que Ángel Cabrera Mendoza asumirá, a partir del próximo 1 de septiembre, la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente. Con ello se relevan, en menos de 20 días, a los dos funcionarios del sector hacendario que Estados Unidos y, particularmente, el Tesoro, que comanda Scott Bessent, señalaron como, en el menor de los casos, omisos, por no decir, bloqueadores, en los trabajos de coordinación interinstitucional contra el blanqueo de dinero proveniente del tráfico de fentanilo. El otro era Pablo Gómez que fue sustituido hace tres semanas por Omar Reyes en la Unidad de Inteligencia Financiera. A Cabrera nadie lo tenía en el radar. Estuvo en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, en la Procuraduría Fiscal y en la Subsecretaría de Egresos.
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