Escuché ayer a Mario Alberto Ávila, como un día antes había escuchado a sus abogados, Roberto Keoseyan y Miguel Ángel González Félix. Mario Alberto dejó de ser funcionario público en 2012 y, según información difusa de la justicia estadunidense, en 2019 o 2021 habría coyoteado en aquel país en favor de un proveedor de Pemex. La supuesta ilegalidad no se concretó en un contrato victorioso, pero en Estados Unidos el haberlo intentado es un delito a perseguir.

Por eso, al parecer, le quitaron la visa y, después de una década de residir y trabajar en Houston, debió regresar a México con su familia sin saber a bien si lo acusan y de qué. Vivió, eso sí, un descrédito mediático la semana pasada, la presidenta Sheinbaum insinuó que, por haber sido candidato panista hace dos décadas, no le extrañaría que fuera corrupto; la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, irá a la mañanera a hablar de él, dudo que en términos amables.

¿Qué hizo Mario Alberto Ávila? “Yo nunca he pagado un soborno a nadie de Pemex”, me repitió varias veces. “No estoy huido, no estoy fugado y no voy a incriminar a nadie a cambio de que me devuelvan la visa. Pero ya me tiraron la piedra, ya me pegaron, ahora a ver cómo me curo”. Pues sí, ya le jodieron un buen rato la vida. Y quizá sea un largo rato.